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Crónica

Paulina busca a su hija

La historia de María Cristina Cobo Mahecha, enfermera que llegó al Guaviare por azar y se quedó por convicción, muestra la absurda paranoia de la violencia; pero también el afecto y la voluntad de una población victimizada, la tenacidad de una madre, y los incipientes caminos de la reparación simbólica en un país que trata de dejar atrás la guerra.

 

© Fotografías de Federico Ríos

En la mañana del miércoles 21 de abril de 2004, Janeth Orozco recibió un paquete en su oficina de la Alcaldía de Calamar, Guaviare. Una torta, una caja de arroz chino y un ramo de flores. Cumplía años y ese era el regalo enviado por su jefa, la enfermera María Cristina Cobo Mahecha.

Janeth cayó en cuenta de que Cristina, como le decía la gente cercana, no había ido a trabajar ni lunes ni martes; tampoco había telefoneado para advertir su retraso. Se le hizo muy extraño y se puso a averiguar con algunos compañeros que despachaban desde San José del Guaviare. Supo que Cristina había viajado a Calamar el lunes en la mañana. Si no se presentó en la oficina era porque algo atípico había ocurrido. Se preocupó, pero quiso evitar el desespero preguntando a más personas para no adelantarse a un hecho trágico. Al ver que definitivamente nadie daba razón tuvo que llamar a Paulina Mahecha, la mamá de Cristina, que vivía en Villavicencio.             

El jueves 22, Paulina viajó a Calamar en avioneta y llegó directo a la habitación de su hija. Vio la ropa, la cama tendida, el baño con el jabón empezado, y todas las posibilidades se le pasaron por la cabeza. La más optimista: había sido secuestrada y sería liberada en cuestión de días. Antes de desmoronarse, optó por irse a San José del Guaviare para buscar al secretario de Gobierno del departamento y más tarde habló en la Cruz Roja. El sábado volvió a Calamar y pasó esa noche en la habitación de su hija.

–Fue fatal. Lloré hasta el amanecer.

A media mañana regresó a San José para buscar la manera de hablar con los paramilitares, quienes por esos días controlaban el territorio. Pero en el camino, pasando por el municipio de El Retorno, uno de los ocupantes del bus en que iba le dijo: “Mire, señora, ahí están”. Un puñado de hombres con fusiles y en camuflado conversaban afuera de unas casas, junto a la carretera. Sin dudarlo, Paulina se bajó, se les presentó y les preguntó por su hija. “¿Sabe qué, señora?”, le dijo uno de ellos con acento paisa, “cuando le pasa algo a un miembro de una familia se le dice a la familia que no joda más porque le pasa lo mismo”. Paulina sintió una rara opresión en el pecho: la candidez de haberse puesto cara a cara con un grupo de asesinos sumada al coraje de una madre buscando a su hija.

Esa noche se quedó en un hotel en El Retorno y recibió la visita de un funcionario de la Defensoría del Pueblo quien le dijo que en dos o tres días le tendría una noticia buena o mala, pero le tendría una noticia. A la mañana siguiente, Paulina se encontró con su esposo Luis Alfredo en San José del Guaviare. Y antes de mediodía recibió la llamada del funcionario de la Defensoría: que los paramilitares habían bajado a Cristina de la camioneta que la transportaba hacia Calamar, que ese mismo día la habían matado señalándola de darle Sisbén, el sistema de salud estatal, a guerrilleros.

Para Paulina fue la confirmación de la sospecha más temida.

–El trabajo que hizo mi hija con el Sisbén fue felicitado por sus superiores –me dijo Paulina, con la voz sobresaltada–. Fue el más organizado y el que mejor resultado tenía. Era 2014, el fotógrafo Federico Ríos y yo estábamos junto a Paulina en la oficina de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAAP) de la OEA, en Villavicencio. Paulina tenía el aspecto de una abuelita joven: unos sesenta años, pelo por debajo de los hombros, llevaba jeans y camiseta; y el gesto de una mujer golpeada por la tragedia: mirada taciturna y ojeras de lágrimas. Su voz, quizá como reacción, emergía con la potencia del encono–. Mi hija no les dio Sisbén a los guerrilleros, sino a todos los campesinos. Ella los inscribía sin preguntarles: “¿Usted es guerrillero? ¿Usted es policía? ¿Usted es paramilitar?”. Ella le daba el Sisbén a todo el mundo.

En aquel momento, al llegar a la habitación del hotel en San José, Paulina lloró desgonzada por un largo rato.

Apoyada por su esposo, decidió en ese instante hacer lo necesario para llegar hasta el final de los hechos: quería recuperar el cuerpo de su hija, quería que los paramilitares le dijeran en la cara por qué la habían matado y quería que la justicia condenara a los culpables. Primero, pidió ayuda en la Cruz Roja. La directora de la época le dijo que si el crimen hubiera sido cometido por la guerrilla, ella hubiese podido hablar para que devolvieran el cuerpo. Pero que con los paramilitares era muy difícil porque no escuchaban a nadie, ni a la Cruz Roja, y se esforzaban por desaparecer los restos de sus víctimas. Luego, Paulina se dedicó a buscar al conductor de la camioneta en la que viajaba su hija. Averiguó que se llamaba Guillermo López y le cayó de repente en el estacionamiento de la empresa de transporte. El tipo le dijo que Cristina se había bajado en El Retorno a saludar a una amiga y no se había vuelto a subir. Paulina sabía que era mentira. Le pidió que dijera la verdad. Y el tipo, temeroso, la evadió. Al otro día, Paulina volvió al estacionamiento y esperó a que llegara el conductor. Al tenerlo en frente, volvió a preguntarle. El hombre cambió la versión: que Cristina se había bajado en El Retorno a orinar y se había demorado mucho y él se había cansado de esperarla y arrancó. Paulina le dijo nuevamente que estaba mintiendo, que por favor le dijera la verdad. El conductor se tornó agresivo y contestó que no iba a decir nada más. Paulina, empeñada en hacerlo hablar, puso la denuncia. Y días más tarde, fue la Fiscalía la que consiguió el testimonio juramentado del conductor: unos tres kilómetros después de haber superado El Retorno lo había alcanzado una camioneta cuatro puertas y se le había atravesado en el camino. Cristina iba dormida. Le preguntaron por dos ataúdes que iban en el platón. El conductor contestó que eran para dos personas que había matado la guerrilla en Calamar. Con insultos, los paramilitares despertaron a Cristina. Ella se puso brava. La bajaron a golpes. Le dijeron al conductor que siguiera, que no había visto nada.

A comienzos de los años setenta, Paulina tenía menos de 20 años y vivía en pareja con un joven que se desempeñaba como comandante de policía en el municipio de El Castillo, Meta. Entre los oficios domésticos y la atención a su esposo, Paulina quedó embarazada dos veces. Cristina nació en 1975, la primogénita había nacido dos años antes. En 1976, su esposo murió extraviado en una comisión de policías que patrullaban un rincón oculto de la Cordillera Central. Viuda y con dos hijas, Paulina se fue para donde su mamá quien vivía en un rancho de madera situado en un barrio no legalizado de Villavicencio. A las dos semanas de haber llegado, sus hijas resultaron quemadas en un accidente casero. La mayor, con más del 80% del cuerpo comprometido, murió en una sala de urgencias diez días después.

–Cristina era una bebé de quince meses y llevaba hospitalizada los últimos dos y no se moría. Los médicos me decían que mi hija iba a quedar con retardo y yo contestaba que no, no queda con retardo. Que su hija no vuelve a caminar. Sí, ella vuelve a caminar.

Sin plata y sin casa, Paulina le pidió al médico que le ayudara para poder llevar a la niña a un hospital público de Bogotá donde la terminaran de curar. El pronóstico era muy desalentador: la piel quemada se había infectado y el médico creía que la bebé no llegaría viva a la capital.

–Yo le pedía a Dios que si la niña se iba a salvar, que me saliera el viaje a Bogotá. Pero si la niña no se iba a salvar, entonces que no saliera el viaje a Bogotá porque para qué.

Finalmente, Paulina pudo ingresar a su hija en el Hospital de la Misericordia donde le realizaron las cirugías y tratamientos necesarios a lo largo de varios meses. Ella, entre tanto, se puso a trabajar en casas de familia ocupándose del servicio doméstico. Tras la última cirugía de reconstrucción, Paulina comprendió que su hija quedaría deforme: calva, con las orejas recortadas y con notorios injertos de piel en la cara. Llorando desconsolada, Paulina le dijo al médico: “¿Para qué salvar a una niña que va a quedar así?”.

–Ese médico me habló del valor de la vida, del futuro, de la esperanza; me dijo un poconón de cosas. Yo, sinceramente, escuchaba por escuchar. “Le voy a dar un consejo, señora”, me dijo y le puse atención: “Eduque a su hija. Bregue a darle estudio para que sea una mujer de bien para la sociedad”. Y a eso me dediqué: a educar a mi hija.

En el colegio en Villavicencio, Cristina fue muy buena alumna. Al graduarse quería estudiar medicina, pero Paulina no tenía la plata para pagarle la carrera. Optó entonces por enfermería en jornada nocturna mientras en el día trabajaba como auxiliar en un centro de salud. En los últimos meses de 2001, la universidad le gestionó la pasantía de tres meses con la Secretaría de Salud del Guaviare y Cristina debió irse a Calamar. Antes de que el año terminara, Cristina regresó a Villavicencio para presentar los exámenes finales y pasar fiestas con su mamá. Una vez con el diploma en sus manos, volvió a Calamar a cumplir su año de servicio rural.

–Ella quedó agradecida con la gente de ese pueblo. Antes de irse me dijo: “Mamá, yo sé que es peligroso, pero es que allá la gente me necesita”. Ella salvaba vidas, atendía niños, no tenía horario. Yo fui a visitarla en unas vacaciones y me di cuenta de que la gente se hacía ver de ella y le tenían respeto y afecto porque nunca le negó la atención a nadie. Menos a los campesinos. Era muy especial.

Después de finalizar el año rural, Cristina fue contratada por la Alcaldía de Calamar para que inscribiera a los campesinos en el Sisbén. Luego, le extendieron otro contrato como técnica almacenista. En ese momento, finales de 2003, tanto el alcalde como sus secretarios despachaban desde San José del Guaviare pues habían sido amenazados por la guerrilla. Prácticamente, la única funcionaria de la Alcaldía que se mantenía en Calamar era Cristina; su labor consistía en entregar herramientas y materiales para las obras públicas que se estaban ejecutando.

A comienzos de 2004, Cristina se matriculó en la Escuela Superior de Administración Pública para cursar un posgrado en gerencia hospitalaria que la obligaba a viajar por tierra hacia Bogotá cada dos semanas. Recibía clases viernes y sábado, y emprendía el regreso al día siguiente. El domingo 18 de abril, pasado el mediodía, Cristina llegó a casa de su mamá en Villavicencio. Por la tarde hizo tareas y a la madrugada siguiente viajó a San José del Guaviare. A eso de las diez de la mañana del lunes, Cristina telefoneó a su mamá: que estaba bien, que en una hora salía para Calamar. Que debía llevar dos ataúdes que la Alcaldía enviaba a unas familias a las que les habían matado dos personas. “Bueno, mija”, le dijo Paulina, “vaya con Dios”.

Construido en la margen derecha del río Unilla, Calamar se encuentra situado al centro-occidente del Guaviare, a unos 80 kilómetros de San José que es la capital del departamento. Su historia es la de tres oleadas colonizadoras a lo largo de un siglo. La primera, entre finales del XIX y las tres primeras décadas del XX, fue la de los empresarios del caucho que infligieron toda su crueldad contra los pueblos indígenas. La segunda, a mediados del XX, fue la de los cazadores de animales salvajes –felinos, sobre todo, como el jaguar y el tigrillo– que vendían sus pieles. Y la tercera, desde finales de los años setenta y hasta mediados de los noventa, fue la de los cultivos de coca: campesinos de otras regiones, profesionales de las ciudades, comerciantes y rebuscadores de todo tipo terminaron de poblar el municipio en busca de la riqueza súbita del narcotráfico. Además de la violencia, las tres tuvieron en común la explotación desbocada de la selva amazónica.

Durante los años ochenta y casi toda la década de los noventa, el Frente Primero de las Farc ejerció totalmente la autoridad. En un almendro sembrado en la mitad de la calle principal, conocido como “el palo de la vergüenza”, los guerrilleros acostumbraban amarrar como castigo a los campesinos acusados de pegarle a su mujer, de robarse los plátanos del vecino, en fin, de desobedecer las reglas impuestas. Dependiendo del peso de la desobediencia, un castigado tenía que aguantar un día o dos, o la semana completa, a la intemperie y a ojos de todo el mundo. Si la falta era considerada de suma gravedad, la guerrilla decretaba el destierro: el campesino debía irse del pueblo y no volver nunca más. En ocasiones, le daban hasta doce horas para que agrupara a su familia y empacara pertenencias; pero en otros casos le daban unos pocos minutos para que se montara en el próximo jeep que saliera del pueblo. Y si la falta era considerada irremediable o un acto de traición, la guerrilla fusilaba al campesino o lo dejaban morir amarrado en el almendro.

El Frente Primero permitía que las personas circularan en moto solo hasta las diez de la noche. Después de esa hora, nadie; ni en moto ni en bicicleta ni mucho menos en carro. Si alguien debía salir de su casa tenía que hacerlo a pie y explicar a qué había salido, para dónde iba y cuánto se demoraba. Los sábados todas las personas estaban obligadas a limpiar el frente de sus casas, sin importar que fuera el director del hospital o el alcalde. No podía haber basura en vía pública y quien fuera sorprendido botándola por fuera de una caneca lo enviaban sin remedio al palo de la vergüenza.

Calamar era pura selva y tres barrios. Y aunque había alcaldía, la justicia y las decisiones administrativas eran de dominio de las Farc. El comandante se paseaba por el pueblo, común y corriente, cual parroquiano. Se dejaba ver uniformado y armado, sentado bajo la sombra de un árbol o en la cafetería tomando cerveza mientras recibía las quejas de la comunidad. Era frecuente que un guerrillero raso, agrandado por la autoridad que le daba el fusil, mecateara en una cafetería o pidiera cama y baño en una residencia y se fuera sin pagar. El dueño del negocio salía a quejarse con el comandante y, por lo general, el guerrillero era castigado y obligado a saldar la deuda y ofrecer disculpas.

No había más de diez agentes de policía y ninguno estaba entrenado en táctica y armamento militar, ni se preocupaban por repeler a los guerrilleros. Todo lo contrario: el comandante de la estación y el de la guerrilla se sentaban a tomar whisky, al tiempo que sus hombres bailaban con las mujeres del pueblo en una discoteca llamada El Bohío. Luego de que la discoteca cerraba, continuaban la fiesta en alguna casa de familia.

Hoy Calamar es un municipio de unos 10.000 habitantes, pero en aquellos años ochenta tenía la mitad de la mitad y todos se dedicaban al cultivo de coca y a la preparación de pasta o base de cocaína en laboratorios. Los compradores venían desde las ciudades del interior y negociaban directamente con los cultivadores. El comandante de policía procuraba que los lugareños no estafaran a compradores novatos. Los cultivadores traían la muestra y el comandante la quemaba para saber si tenía agua o mugre. “Vaya séquela”, ordenaba, “vaya límpiela”. Cuando había un operativo de la DEA, él era el primero que decía: “Pilas, ábrase todo el mundo”. En ese tiempo no existía el Grupo Antinarcóticos –la fuerza de policía apoyada por el ejército, exclusivamente antidrogas– y la guerra contrainsurgente del Estado ni se asomaba a la zona rural de Calamar. La comunidad no conocía la cara ni el nombre de un general ni de un coronel. Lo más profundo que la tropa se internaba era a las afueras del municipio de El Retorno, a cuatro o cinco horas de Calamar en ese tiempo.

© Fotografías de Federico Ríos

Así como en los municipios de Miraflores y El Retorno, el narcotráfico desarrolló en Calamar un sistema económico sin el peso como unidad de cambio. La gente llegó a comprar y vender en dólares, pero cuando escaseaba el circulante las transacciones se hacían en gramos de pasta de cocaína. Cada negocio, tienda, bar, restaurante, tenía una gramera a la vista de todos en la que pesaban el alijo para equipararlo. Un pantalón podía costar 18 gramos y las promociones eran del tipo: “Lleve dos camisas por 20 gramos”.

A partir de 1995, el gobierno arreció la lucha contra las drogas. El ejército entraba a una vereda cocalera, enlazaba un cordón de seguridad y permitía el arribo del equipo antinarcóticos; en unas áreas fumigaban con glifosato desde el aire, en otras realizaban erradicaciones manuales.

Para ese momento, el paramilitarismo no era un asunto desconocido. En lo corrido de la década de los noventa se habían agrupado bandas no muy grandes de hombres armados que habían mantenido el dominio de sus bastiones cocaleros contra la presión de la guerrilla. Algunos de ellos habían sido miembros de los carteles, otros habían trabajado como escoltas de ganaderos y fuerzas privadas de seguridad de gente relacionada con las petroleras. A la par, los líderes más destacados del partido político de la Unión Patriótica eran asesinados uno tras otro. Fueron años de incontables homicidios selectivos en los que cayeron profesores, líderes comunitarios, políticos en ejercicio, funcionarios públicos, comerciantes, periodistas, empleados de la salud y varios de los dirigentes campesinos más visibles.

La cosa se transformó –se agravó– a partir de 1997. Durante los primeros meses del año, los hermanos Castaño, fundadores del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) se pusieron en contacto con los jefes de esas bandas en Meta, Casanare, Vichada y Guaviare. Su objetivo era consolidar una sola estructura con unidad de mando central y subcomandantes en las regiones. La persona que les sirvió de enlace fue alias René, un tipo que se movía con sobrada confianza entre comandantes de la fuerza pública del área.

Durante el mes de junio, puñados de paramilitares provenientes de otras regiones fueron llegando al Guaviare por tierra. La segunda semana de julio aterrizaron en la base aérea de San José dos aviones cargados con los hombres más entrenados de las ACCU. Para el 15 de julio se había reunido un grupo de entre doscientos y trescientos hombres en el muelle del río Guaviare para salir en embarcaciones y por carretera hasta el municipio de Mapiripán, en el Meta. Unas tres horas de camino en las que pasaron saludando a los militares del puesto de control avanzado en el río y a los centinelas que custodiaban la unidad de entrenamiento de fuerzas especiales que hay en esa carretera. Ya en Mapiripán, los paramilitares cometieron una de las peores masacres de las que se tenga noticia hasta en la historia colombiana: durante cinco días con sus noches, las ACCU abrieron casa por casa para sacar, lista en mano, a los campesinos supuestos colaboradores de la guerrilla. Los llevaron al matadero municipal, los torturaron, los acuchillaron y les propinaron un machetazo de gracia en el cuello.

Unas sesenta personas.

Antes de arrojarlos al río Guaviare, les rajaron el vientre y les expusieron las vísceras dizque para que “los pescados se los comieran rápido” y desaparecieran cualquier rastro. Esta masacre fue el acto de presentación de la casa Castaño, la muestra de lo que eran capaces sus hombres y un anticipo de lo que abundaría en los años por venir.

A partir de esa semana, con varios de esos hombres de Córdoba y Urabá más los paramilitares que ya había en la región, comenzó el Bloque Centauros de la confederación Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que rápidamente fue comandado por un poderoso y sanguinario narcotraficante de la región: Miguel Arroyave. Con un pie de fuerza que pudo haber sumado cerca de 3.000 hombres en sus primeros años, este bloque se organizó por frentes que cubrían toda la Orinoquía, los Llanos Orientales y el comienzo de la Amazonía: un área que en total abarca aproximadamente el 25% del territorio nacional. En las afueras de San José y en la cabecera municipal de El Retorno se estableció el Frente Guaviare, bajo la jefatura de alias Cuchillo, con la misión de penetrar los fortines guerrilleros en Calamar y Miraflores.

Por el tiempo en que cristina se trasladó a Calamar, todo el departamento del Guaviare era zona de combates, homicidios selectivos, desapariciones y masacres. En el casco urbano de San José y en El Retorno comenzaron las matanzas de limpieza social, la cooptación de políticos y la apropiación de puestos de trabajo en las oficinas estatales. Con los días empezó a ser usual que los paramilitares entraran a un banco para sacar a una persona a la fuerza, o a un restaurante, o a un supermercado. Si alguien se resistía lo doblegaban entre varios, lo amarraban y lo subían a una camioneta.

–Todos sabíamos qué camioneta era, quién la manejaba y quién era el dueño –me dijo un habitante de San José, bajo reserva de identidad–. Pero nadie podía denunciar nada ni evitar que se llevaran a esa víctima si uno quería seguir viviendo.

Entre 2001 y 2004 se encontraban dos o tres muertos diarios y una cantidad de desaparecidos imposible de establecer. Algunos cadáveres eran enterrados en fosas comunes, pero muchos otros eran lanzados al río Guaviare. La gente llegó a creer que el pescado se había alimentado de cadáveres humanos y dejaron de comprarlo. A los pescadores les tocaba regalar el producido del día.

Fueron años en los que ser paramilitar era comprendido como algo normal. A algunos les granjeaba cierto respeto; otros lo tenían como estrategia para conservar su vida. Lo cierto es que la comunidad fue acostumbrándose a que alguien, a que muchos dijeran con el pecho lleno de viento y una risita de supremacía: “Soy paramilitar”. Erika Alejandra Londoño, la directora de la emisora Caracol Radio Guaviare, me dijo que en ese tiempo nadie sabía con quién estaba hablando. Si bien había varios paramilitares visibles y reconocidos –Cuchillo se movía a sus anchas en San José–, muchos otros eran observadores y señaladores que se camuflaban como habitantes del común.

–Me tocó una vez que iba para Villavicencio en bus. El tipo que se sentó a mi lado se me presentó como hermano de una amiga; me había reconocido. Saliendo de San José le dije que estaba nerviosa porque ya íbamos a llegar al retén de los paramilitares. “Tranquila, no se preocupe que yo soy de la organización”. Me quedé pasmada y me dije: “¿A quién le estoy diciendo que tengo miedo?”. Aquí uno no sabía nunca a quién tenía al lado.

Quizá lo más indignante para la idea de país es que todos los crímenes, los raptos y los abusos ocurrían en las narices de la fuerza pública. A la gente la sacaban de un establecimiento situado a dos cuadras de la estación de policía y en calles por las que se mantenía el ejército. Y cualquier persona que fuera a denunciar un delito terminaba desaparecida. El defensor del pueblo, Trián de Jesús Zúñiga, me contó en su oficina de San José que en esos años del “furor paramilitar” él se desempeñaba como personero y tampoco se atrevía a hacer nada porque no confiaba en la Policía ni en la Fiscalía.

–Me llegaban muchas cosas que hubiera querido denunciar, pero era muy difícil. Solo me quedaba pedirle a Dios que protegiera a la gente y me protegiera a mí de que no me fueran a inventar una relación con la guerrilla para que los paras no vinieran a desaparecerme.

En las veredas no era muy distinto. Los campesinos que sobrevivían a una incursión paramilitar llegaban a San José contando lo que habían visto: primero una tropa de soldados aparecía y sostenía combates con unidades guerrilleras. Al cabo de uno o dos días, los guerrilleros se iban de la vereda. El ejército permanecía un día más para asegurarse de haber dejado libre el área. Se iba y al día siguiente saltaban los paramilitares. Sin guerrilla con quien combatir, se dedicaban a torturar y matar campesinos.

–Los hombres del Frente Guaviare decapitaban a la gente –me dijo el defensor–, se ponían a jugar con las cabezas, mataban delante de los niños, no les importaba nada. Iban haciendo y deshaciendo. Lo más delicado de todo era que el ejército había estado cinco días antes rompiendo zona, entonces cuando llegaban los paramilitares cogían era a los civiles y les decían que eran milicianos. Todas esas personas sin armas que tenían connivencia con la guerrilla, no por querer sino porque les tocaba, eran las primeras víctimas.

Hubo episodios en los cuales la guerrilla se quedaba a combatir al Frente Guaviare y proteger a la población civil. Y podía suceder que el ejército se enteraba y regresaba al área a sumarse en el enfrentamiento. Los campesinos atestiguaban que la fuerza pública no se metía con los paramilitares, al contrario: se les unía contra la guerrilla.

–Nunca hubo un enfrentamiento entre el ejército y los paramilitares –afirmó el defensor.

El viaje hacia calamar fue a las seis de la mañana de un jueves de marzo de 2014. En el oriente colombiano el sol sale más rápido y calienta con todo su fuego mucho antes de que lo haga en el occidente. La fotografía total del paisaje tenía el fulgor del rayo: la hierba extendida a lado y lado de la carretera era del verde más verde y saludable, y en el cielo las nubes convertían la luz en un juego de azules y amarillos.

Me acompañaban el reportero gráfico Federico Ríos y Victoria Figueroa, una argentina porteña integrante de la MAPP, que se expresaba con su acento rioplatense y una amabilidad acorde con su trabajo en una agencia de cooperación internacional. En Calamar nos estaban esperando algunos líderes de víctimas y pobladores que habían compartido con Cristina. También nos encontraríamos con Paulina. Desde hacía poco el centro de salud del pueblo lucía un aviso luminoso con su nuevo nombre: Centro de Salud de Calamar María Cristina Cobo Mahecha. Era un logro de la lucha de Paulina y ella iría a verlo por primera vez.


© Fotografías de Federico Ríos

El proceso institucional que permitió bautizar el centro de salud con el nombre de esta víctima había descubierto un camino de lógica jurídica y gestión institucional que las autoridades no tenían claro antes y que, desde ese momento, podrían emplear para reparar a más familiares de víctimas del conflicto armado. Mientras avanzábamos por la trocha en un campero, Victoria me explicó que la Ley de Víctimas, expedida en 2011, les confiere un espacio de maniobra a las autoridades regionales para cumplir con medidas de reparación simbólica. Pero estas siempre se habían pensado para reparar a una comunidad, a un pueblo o a un municipio. Nunca para una sola familia. Además, muy pocas familias sabían qué querían como medida de reparación.

–Estoy en Colombia desde 2003, hablo con muchas víctimas, y solo encontré dos casos en que sí sabían qué querían: el de Paulina y el de una señora hija de un profesor en el departamento del Cesar. Paulina quería que el nombre del centro de salud fuera el de su hija. Y la hija del profesor desaparecido por paramilitares quería un jardín de infantes con el nombre de su papá.

El mandato de la mapp ha sido el de ayudar a reconstruir la confianza entre las víctimas y las instituciones del Estado que la guerra resquebrajó. Así que Victoria se dedicó a llevar la petición de Paulina a las autoridades de Calamar y de la Gobernación del Guaviare, y a la Unidad de Víctimas. Por fortuna, encontró lo que en Colombia llamamos “voluntad política”, que no es otra cosa que la gente del Poder Ejecutivo haciendo las cosas que tiene que hacer, a pesar de su negligencia y su corrupción. Ayudó que en ese momento un buen número de las personas que trabajaban en la Alcaldía y en la Gobernación provenía del sector médico –el mismo gobernador, enfermero de profesión, había sido compañero de Cristina– y todos de alguna manera habían padecido el conflicto armado. Así que el gobernador no dudó en decirle a Victoria que buscaría el mecanismo jurídico para poder ejecutar la medida de reparación. Al mismo tiempo, Paulina venía poniéndose en contacto con organizaciones de derechos humanos y con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice. Y a fuerza de carisma y empeño logró que estos colectivos le ayudaran a estudiar la ley para encontrar el camino que posibilitara la reparación.

–Era una ley nueva –me dijo Victoria– y nadie sabía cómo había que hacer para cumplir la petición de Paulina. Todos aprendimos con este proceso: desde las organizaciones de víctimas hasta la institucionalidad.

Finalmente, la oficina regional de la Unidad de Víctimas se encargó de articular los esfuerzos y de dejar por escrito, según la ley, qué acción específica le tocaba a la Gobernación, a la Alcaldía y a la Unidad de Víctimas. La mapp, a su turno, trató el tema con la población de Calamar. Debía explicar y justificar por qué el centro médico del municipio iba a recibir el nombre de una mujer que no había nacido allá, y muy a pesar de que otros empleados de la salud que habían trabajado allí también habían sido víctimas de la guerra.

Una vez resuelto el trámite, el 12 de mayo de 2013, Día de las Madres, en plena plaza central del pueblo y delante de toda la comunidad, el gobernador del Guaviare, la directora de la Unidad Territorial de Víctimas, el alcalde de Calamar, Victoria Figueroa y, por supuesto, Paulina Mahecha celebraron el acto protocolario con el que establecieron que el centro de salud se llamaría María Cristina Cobo Mahecha. Luego, destaparon un pedestal a la entrada del centro de salud con una placa que resume quién fue ella y quiénes la mataron. Más tarde hicieron lo mismo con el pedestal y la placa situados frente a la escuela de la vereda La Marina, punto donde fue vista con vida por última vez.

–Después de ese acto, hubo un aumento de denuncias de hechos victimizantes –dijo Victoria–. La gente se acercó, empezó a tener confianza en el Estado. Y se enteraron de las acciones de reparación simbólica, porque antes solo creían que la reparación era recibir dinero.

Luego de dos horas de viaje, rebasado El Retorno, Victoria pidió que detuvieran el campero. A mano izquierda de la trocha había una edificación de una sola planta, pintada de rojo. Era la escuela de La Marina. A la entrada estaba el pedestal. Nos bajamos. En 2004, año en que Cristina fue asesinada y desaparecida, esa escuela no existía. Según el conductor del carro en que ella viajaba fue en ese punto donde lo interceptaron los paramilitares. Federico tomó fotos y yo leí la placa. El texto resumía la hoja de vida de Cristina y finalizaba tratando de aclarar la posición de ella en torno al conflicto armado:

 Su ética profesional era al servicio de la comunidad, sin distingos de nacionalidad, raza, sexo, religión o partido político. Por su incansable labor fue declarada objetivo militar por los paramilitares, convirtiéndose en una mártir del conflicto armado. En algún lugar del Guaviare reposan sus restos mortales.

A pesar de esta medida de reparación que alejaba toda duda moral sobre Cristina, no eran pocas las personas que seguían hablando del caso con la idea de la culpabilidad velada. En una de las entrevistas que realicé en San José la tarde anterior, un periodista veterano –canoso, bigotudo y cargado de un aire de prepotencia– me dijo refiriéndose a Cristina: “La china seguramente en su formación fue tomando algunos caminos. Quién sabe en qué lío se metería o cómo estaría ahí en Calamar”. Cuando le pedí que se explicara mejor, dijo que él no era amigo de la familia ni le constaba nada, pero a los medios de la región llegaban rumores. “Usted sabe cómo es esto”, expresó con sobrado cinismo. Para mí era claro que estaba tratando de decirme que existía la versión en la cual Cristina era colaboradora de la guerrilla, pero no se atrevía a afirmarlo de manera taxativa. Por el contrario, siguió rodeando el asunto: “En un tiempo, Calamar era controlado por la guerrilla. Y los grupos armados ilegales tienen sus cuerpos de inteligencia y quién sabe qué le descubrieron, qué le detectaron”. Al final, añadió despojándose de su último centavo de vergüenza: “Los asesinatos han sido entre ellos, la gente del bajo mundo. Pero yo digo que la gente de trabajo, la gente decente, la gente sana, no tiene problemas con nadie”.

Desde el día en que se supo públicamente que los paramilitares habían matado a Cristina, Paulina empezó a recibir cualquier cantidad de comentarios. Muchos de ellos le resultaban terriblemente dolorosos porque le decían, unas veces explícitamente y otras a manera de insinuación, lo mismo que me dijo aquel periodista. Alguna vez, agotada y herida de tanto que le repetían aquello, Paulina calló con furia a una de sus vecinas: “¡¿Usted la vio?! ¡¿Usted vio a mi hija uniformada con el camuflado y el fusil?!”.

En aquella entrevista en la oficina de la MAPP en Villavicencio, Paulina me había dicho que mientras su hija estuvo trabajando como enfermera jefe del hospital, y luego con el Sisbén, no había tenido problemas, ni había recibido amenazas de grupos armados, ni tampoco había hecho parte de alguno: “Mi hija no fue guerrillera. Las circunstancias de la vida, la necesidad del trabajo la hicieron ir a Calamar”.

Cuando retomamos el viaje, Victoria comenzó a explicarnos la gran dificultad que tuvieron para reconstruir lo sucedido con Cristina. Una de las razones era que no todos los hombres que la secuestraron y mataron seguían con vida y otros no se acogieron a la desmovilización paramilitar y se unieron a las bandas que surgieron. El caso más claro era el de Cuchillo. Como comandante de los hombres que se llevaron a Cristina supo de dónde o de quién provino la información que la señalaba como una colaboradora de la guerrilla. Pero nunca se supo su versión porque, tiempo después de haberse evadido de la desmovilización, fue asesinado como jefe de una banda criminal.

–En Justicia y Paz se hizo una audiencia para versión conjunta con los comandantes y mandos medios que había en la zona –dijo Victoria–. Ellos aceptaron la responsabilidad del crimen por cadena de mando. Allí le dijeron a Paulina que habían cometido un error, su disculpa de siempre, y se comprometieron a dar indicios sobre dónde estarían los restos. La Fiscalía ha ido a los lugares indicados por esos desmovilizados, en ocasiones con alguno de ellos, y ha hecho excavaciones. Pero nada. No hemos podido saber bien por dónde la dejaron.

Minutos más tarde, Victoria señaló una zona boscosa retirada de la carretera unos quinientos metros y dijo con la voz alcanzada por la desazón:

–Parece que fue por estos lados, en La Guarapera.

Ante tanta oscuridad, Paulina se fijó el propósito de encontrar un poco de luz: aclarar qué había sucedido exactamente con su hija, qué le habían hecho y en dónde la habían dejado.

A finales de 2004, pocos meses después del crimen, Paulina leyó en la prensa la noticia de un paramilitar del Frente Guaviare que se había entregado a las autoridades. Paulina le dijo a su esposo, Luis Alfredo, que fuera a buscarlo, que estaba en las celdas de la Policía en Villavicencio. Luis Alfredo se presentó allá y le entregó una foto de Cristina al comandante de la estación. El comandante y Luis Alfredo fueron hasta la celda. Y desde afuera, el primero le mostró al paramilitar la foto de Cristina. Que si sabía qué había pasado con ella. El paramilitar dijo que conocía el caso. Que a “esa enfermera” la habían bajado del carro y la habían “ejecutado”. Luego miró a Luis Alfredo y le dijo: “Pero usted no puede ir allá a averiguar nada porque nosotros somos una organización grande. La bajaron los especiales del Guaviare. Y si ustedes van a averiguar tienen dos posibilidades: que los desaparezcan o que los pongan a trabajar. Por eso le recomiendo que no vaya por allá”. Enseguida le quitó la mirada y dijo: “Y a civiles no doy más información”.

© Fotografías de Federico Ríos

Paulina se dirigió a la Fiscalía, contó lo que les había dicho el paramilitar y pidió que le tomaran una declaración oficial. El fiscal accedió, y en enero de 2005 realizó la indagatoria. El paramilitar se llamaba Jorge Miguel Díaz Arrieta y era del municipio de Tierra Alta, en Córdoba. En ese momento tenía 25 años. Reveló que a Cristina la declararon “objetivo militar” porque “habitantes de la población de El Retorno” dijeron que ella “llevaba los medicamentos para los miembros de la guerrilla”. Que el comandante alias Richard llamó a los hombres que la bajaron del carro y ellos le dijeron que “ya le habían puesto el poliéster a la perra que era infiltrada en Calamar”. Es decir, ya la tenían amarrada de pies y manos. Luego, Richard le dijo a él, cuyo alias era el Médico, que le entregara a uno de sus escoltas “el juego de pinzas de hacer las curaciones”. Viajaron hasta el sitio donde la tenían amarrada, un “lugar montañoso”, y vio que ya habían cavado “el hueco”, es decir la fosa donde la iban a enterrar. Cristina empezó a suplicarle a Richard que no la fuera a matar. “Señora, yo no mato por matar, pero mato a todos los guerrilleros y colaboradores que estén en mi zona. Es lo único que tengo que decirle”. Lo que después le hicieron a Cristina lo copio textualmente del acta de la indagatoria:

 Inmediatamente el escolta al que le entregué las pinzas que lo apodaban el Negro Ajeno, quien es de Urabá, Antioquia, empezó a sacarle una por una las uñas de las manos, para sacarle información para ver si la señora era guerrillera. Le habían quitado todas las uñas de las dos manos y ella no dijo nada. Solo dijo que ella no pertenecía a ningún grupo guerrillero, que si la iban a matar que no la siguieran torturando más y que la mataran inmediatamente. Luego trajeron una macheta y le cortaron un brazo. Inmediatamente ella empezó a gritar y clamaba a su padre y a la mamá y le suplicaba a mi Dios del cielo. Luego, el comandante Richar sacó su pistola y le dio un disparo en una de sus piernas, entonces dijo terminen de matar a esta perra. El Negro Ajeno tomó su macheta de nuevo, le cortó la cabeza y empezaron a jugar con la cabeza como si fuera un balón de fútbol. Luego, le cortaron las dos piernas y le terminaron de cortar el otro brazo. Solo de ella quedó el tronco del cuerpo y así la tiraron al hueco. Luego, el comando Richar cogió un puñado de tierra y se lo tiró al cuerpo.

Si la sola lectura del fragmento despierta un horror insondable, hay que imaginar cómo se sintió Paulina cuando escuchó eso de la voz del victimario.

Y hay que saber que Paulina se llenó de odio. Trabajaba en un colegio y le pidió una granada a un señor que tenía contactos con grupos armados ilegales. “¿Para qué la quiere? Yo se la tengo”, le preguntó el señor. “Me voy para el Guaviare. Y en el primer retén que me salga de policía o ejército o guerrilla o paramilitares, la hago explotar y me mato, pero los mato a ellos”.

Al final, Paulina no compró la granada. Se encerró en su casa por un tiempo y repasó las circunstancias que habían llevado a la muerte de su hija. Desde que ella había quedado viuda, desde que la niña había sobrevivido a su cuerpo quemado, desde que había escogido estudiar medicina pero le había tocado enfermería, desde que la universidad le había conseguido la pasantía en el Guaviare, desde que ella había firmado el contrato con la Alcaldía de Calamar, desde que ella se había matriculado en el posgrado en Bogotá. “¿Qué hice mal?”, se preguntaba Paulina echándose la culpa. Se propuso de ahí en adelante dedicarse a estudiar sobre derechos humanos, sobre el conflicto armado, sobre política internacional para procesos de paz. Y fue comprendiendo que quizá no había decisiones mal tomadas, que el azar inescrupuloso de la guerra había caído sobre ellas.

Y fue comprendiendo, también, que las oficinas de la justicia en Colombia están llenas de burócratas. Que algunos fiscales no eran conscientes de su lugar en el mundo. “Un fiscal me dijo: ‘Doña Paulina, usted viene a mi oficina cuando yo la llame, no cuando usted quiera’. Eso fue humillante. ‘Doctor, vamos a hablar, usted como amigo y no como fiscal’, le contesté. ‘Doctor, yo vengo cuando consiga plata para venir’ ”.

Paulina fue entendiendo que muchas de las acciones que estaba desarrollando el gobierno con los desmovilizados del paramilitarismo y con las víctimas eran versiones locales de lo que habían realizado los países centroamericanos, Sudáfrica e Irlanda del Norte en sus procesos de paz y situaciones de posconflicto. En los ejemplos de las medidas de reparación para las víctimas, Paulina se enteró de que en algún hospital de un país centroamericano, quizás Guatemala –ella no recuerda bien–, fuerzas del Estado habían asesinado a un paciente psiquiátrico, y como reparación simbólica la mamá había solicitado que el pabellón de enfermos mentales llevara el nombre de su hijo. “Y cuando llegaba un médico nuevo al hospital”, me contó Paulina, “se preguntaba si es que era una persona muy importante, y no. Era una víctima”.

Fue ahí cuando descubrió que si a su hija la habían matado de una manera tan horrenda acusándola de guerrillera y la gente del común creía en esas acusaciones, ella debía hacer algo para reivindicar su buen nombre. Nada más apropiado que pedirle al Estado que el puesto de salud de Calamar se llamara María Cristina Cobo Mahecha. Fue entonces cuando conoció a Victoria Figueroa, en un diplomado en Bogotá. “Fue un angelito que me llegó del cielo y me cogió la caña”. A Victoria, por su parte, la historia de Paulina la conmovió como lo hacían tantas historias que venía escuchando desde su llegada a Colombia. Además, tras varios encuentros, Victoria también cayó seducida por el carisma y la ternura de Paulina.

Llegamos a Calamar antes del mediodía. La primera imagen que me hice fue la de un lugar bañado en polvo de barro rojo. Todo –fachadas de casas, hierba del parque principal, hojas de los árboles y carros– estaba tiznado de este color. El trazado vial del municipio no estaba asfaltado, era de tierra yerma. Cuando llovía, las vías se convertían en un lodazal; con el sol habitual, el pueblo quedaba arropado por una polvareda. Solo había cuatro calles pavimentadas. Dos de ellas, por manos de las Farc; las otras dos, por obra del gobierno.

Al rato de haber llegado me di cuenta de que la comunidad sostenía una queja común: el Estado había construido en menos de cinco años la primera etapa del Batallón Luis Carlos Camacho Leyva con capacidad para más de 1.600 soldados por casi 50.000 millones de pesos, mientras que en ese mismo lapso no había sido capaz –o no le había dado la gana– de pavimentar la malla vial. Y una cosa más: la Misión Militar Estadounidense que había apoyado al Estado en los operativos antidrogas fue la que planificó y construyó la plaza principal: un bello espacio con senderos pavimentados, islas de césped pulido y altos árboles locales –en todo el centro, un árbol botella de ramas esplendorosas–.

La primera persona que entrevisté fue uno de los más cercanos ayudantes que tuvo Cristina. Un hombre de unos cuarenta años, hábil conductor de botes y voladoras. Lo encontramos en unos talleres de mecánica de motores fuera de borda, en el muelle sobre el río Unilla. En ese tramo le calculé al río unos cinco o seis metros de anchura; las aguas lucían la calma de un lecho hondísimo. Chalupas, canoas y lanchas flotaban apaciblemente arrumadas contra la orilla. Desde ese lugar se podía apreciar la densidad de la selva a lado y lado del cauce, y el follaje herrumbroso que prometía tragarse íntegro el caudal. A unas siete horas río abajo, el Unilla se encuentra con el Itilla para crear el río Vaupés, uno de los más portentosos de la Amazonía colombiana.

El sol ya calentaba plenamente. Se acercaba el mediodía. El hombre nos invitó a sentarnos sobre un tronco debajo de un árbol de mango que nos protegió con su sombra. Estábamos Victoria, Federico y yo. Activé la grabadora y le pregunté el nombre completo, pero no me lo dijo. En silencio, hizo con la cabeza un gesto de que no. Acordé en llamarlo John. Empezó recordando que había conocido a Cristina una vez que ella estuvo en el muelle preguntando por un motorista experto en manejar botes con motor fuera de borda por el Unilla. Al hospital había llegado una embarcación ambulancia con la que planeaban realizar jornadas de atención médica para los campesinos de las veredas más escondidas y que no podían desplazarse hasta el casco urbano de Calamar, porque vivían muy lejos –a ocho horas en caballo selva adentro– o porque la topografía y el barro de los caminos no les permitían cumplir una cita médica.

–No era una embarcación tan fácil de manejar. Sobre todo por este río. Hay mucho palo, mucha vegetación, y mucho más en los sitios adonde le tocaba ir a ella –detalló.

En el hospital trabajaban cuatro personas: el médico, Cristina que era la enfermera jefe, otra enfermera llamada Margarita y un auxiliar de enfermería. Había semanas de jornadas diarias y otras cada tres o cuatro días. Al principio, Cristina acompañaba al médico. Pasado un tiempo, un auxiliar de enfermería la acompañaba a ella.

–Yo les lavaba las botas, los encauchados –así llaman a los impermeables–, les alistaba los guantes, les preparaba los maletines de viaje. Y ella tenía una gorrita que a veces se ponía –John soltó una risita nostálgica–. Se ponía brava cuando alguien le usaba la gorrita.

La atención médica que llevaba Cristina consistía en vacunar y tomar muestras. Cuando salían los resultados de laboratorio días después, el médico diagnosticaba y recetaba. Cristina regresaba a cada casa entregando los medicamentos, explicando cómo debían tomárselos y enseñando pequeñas actividades de prevención. Los campesinos le tenían mucho aprecio porque ella siempre los saludaba con amabilidad y cariño. Podía quedarse atendiendo a una familia durante una o dos horas. Caso a caso fue reconociendo que las enfermedades más frecuentes eran el paludismo y la leishmaniasis, así que se puso a estudiar por su cuenta sobre los síntomas tempranos y la manera de paliarlos rápidamente.

–Se preparó tanto que sabía reconocer cuándo era paludismo falciparum y cuándo era vivax.

Río arriba la atención médica llegaba hasta Puerto Limón que en ese entonces era la última zona poblada del municipio. El viaje duraba entre dos y tres horas. Al bajarse, la mayoría de las casas se encontraban a cincuenta o cien metros del punto de amarre del bote. Cada zona había recibido el nombre del dueño de la casa más próxima o uno según lo que abundara: La Pastera, porque había mucho pasto para engorde; La Yuquera, por cultivos de yuca; Puerto Palma, por las palmas de aceite; Puerto Zancudo, por los insectos. En esos años ninguno de estos sitios aparecía en el mapa detallado del Guaviare. Tiempo después, el Estado los identificó y les dio el lugar en el mapa oficial de Colombia. A veces Cristina y John debían atender a un enfermo que vivía una o dos horas selva adentro por un camino de pantano. Río abajo casi nunca iban, porque en esa dirección se podía ir o venir por una trocha para camperos y camionetas.

–Cristina prefería ir donde nadie más iba –dijo John, dejando caer el ánimo de la voz–. Y llegaba con sus poquitos medicamentos y la gente nos brindaba guarapo, los indígenas nos daban comida de monte: chigüiro, pescado moquiao, lo que fuera. Y ella nunca se quejó de que le tocara comer eso. Ella se preocupaba por la población, por los enfermos. Con ella aprendí mucho y conocí de verdad las personas que más necesitaban la ayuda. La gente pobre pobre. Como decimos acá: la gente que no tiene con qué envenenarse.

© Fotografías de Federico Ríos

Antes de volverse contratista de la Alcaldía, Cristina pernoctaba en una habitación del hospital. Si no debía viajar por el Unilla, permanecía día y noche rodeada de médicos y enfermos, dispuesta a atender emergencias las 24 horas. En las escasas horas de ocio que le quedaban acostumbraba irse para una caseta junto al muelle, en la que ponían música, vendían cerveza y prestaban equipos de pesca. “Ya no estoy para nadie”, le decía al joven que atendía. “Estoy cansada. Si alguien me pregunta, no estoy”. En la caseta le ayudaban a preparar la vara y la carnada, y la dejaban ahí sentada en la orilla, silenciosa, concentrada en las ondas del agua y en el pulso del anzuelo.

–Ella fue muy humanitaria. Ella dejó esa imagen aquí, más que nadie –John bajó la mirada mientras sus dedos apretaban una ramita deshojada–. Aquí Cristina es recordada por haber sido la persona más interesada en que los campesinos estuvieran bien de salud, ni siquiera los médicos se han interesado como ella. Ellos vienen, hacen su año rural y se van. Ella no. Yo pienso que así deberían ser todos los médicos en Colombia. Cristina llegaba a la casa del enfermo, con sol, con lluvia, como fuera –levantó los ojos y reparó a Victoria: tenis impolutos, pantalón de viajero, chaleco de la MAPP y gorra para cubrirse del sol–. ¡Quítese esos tenis y la gorra! –le dijo John, recuperando el ánimo–, quede toda descachalandrada, yo la llevo al hospital en la camilla de esta camioneta y verá que la atienden de una. Eso es lo que enseñó Cristina: convertir a esa gente pobre en gente de “ya”. “Tienen que atenderla ya porque el Estado les paga, ganan buena plata. No hay razón para que no la atiendan de una vez”. Eso decía Cristina. “No podemos permitir que esa gente se muera”.

–¿En algún momento le contó algo que tuviera que ver con la guerrilla o con los paramilitares?

–Nunca dijo nada de la guerrilla o del conflicto armado. De lo único que hablábamos era de cómo llegar a las veredas. Sabíamos que nos los íbamos a encontrar por ahí, como se encuentra uno con cualquiera. Y sabíamos que no había problema. En esa época no nos detenía la guerrilla porque aquí no había presencia del Estado.

 Al igual que en San José del Guaviare, los habitantes que luego me contaron sobre el conflicto armado coincidieron en decir que perdieron la relativa tranquilidad en la que vivían luego de que apareciera la fuerza pública.

–Llegó Antinarcóticos y esto dio un cambio todo brusco –me dijo John. Para él, los operativos de erradicación de hoja de coca y destrucción de laboratorios marcaron el inicio de la época más aciaga de la guerra en Calamar–. Los de Antinarcóticos hicieron un barrido por todas las casas –me explicó–. Le echaron veneno a todo lo que veían: a la yuca, al plátano, al pasto. Llegaron al mismo tiempo con el ejército. Arrasando todo, deteniendo gente, haciendo decomisos. Entraban a una casa y si encontraban dos o tres kilos de pasta se llevaban a todo el mundo, no solo al dueño. Al dueño lo judicializaban; al resto los notificaban y los soltaban. Y a los familiares les tocaba ir por ellos o mandarlos en avioneta. En esa época la carretera era muy mala. Le hablo de que en invierno uno se demoraba tres o cuatro días de San José hasta aquí. Acá amanecían diez, doce avionetas. Un enfermo grave había que despacharlo en avioneta. En verano sí llegaba la ambulancia de El Retorno o la de San José. Era triste porque aquí no se podía tener una ambulancia. Se las robaba la guerrilla. Hubo una que desarmaron, le quitaron el cajón del sistema clínico, le pusieron otra carrocería y desapareció. Para este pueblo eso fue muy duro porque las ambulancias ya no podían venir. Una vez se fueron a llevar una ambulancia de la Cruz Roja Internacional, pero la gente se puso pilas y no se la dejaron llevar. Hubiera sido terrible, había uno o dos muertos diarios, y cualquier herido... corra para el hospital.

Una líder de víctimas, quien tampoco me quiso decir su nombre de pila y a quien le puse Stella, fue más drástica:

–Cuando llegó el ejército esto fue el terror. Se puede decir que llegó la democracia, pero este pueblo se llenó de terror –se refería, exactamente, al momento en que el Plan Patriota del gobierno Uribe Vélez se desplegó por el Guaviare–. Todos los días la guerrilla comentaba que ya venían, que ya venían “los chulos”, así le decían al ejército. Hasta que aparecieron. Se metieron de madrugada y comenzó la balacera. Todo el día hubo plomo y la gente sin derecho a comer, sin derecho a moverse, a salir. El ejército se ubicó frente a mi casa. Y la guerrilla estaba en la cancha que queda justo detrás. La guerrilla les tiraba y las balas pegaban en mi casa. El ejército respondía. Adentro estábamos los cinco debajo de la cama, las paredes eran de tabla y mi esposo como pudo puso colchones para proteger a los niños. Así toda la madrugada. Amaneció y siguió lo mismo. Y también al día siguiente. Ellos rodearon el pueblo por aire y por tierra. Y de ahí en adelante empezó la guerra total entre guerrilla y ejército.

Calamar tuvo su propio desarrollo del Plan Patriota a partir de finales de 2003 y a lo largo de 2004, y fue bautizado como la Operación JM. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega –una combinación de los mejores hombres de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea– ejecutó acciones de ataque y disuasión contra las Farc a lo largo y ancho del departamento. A su turno, los paramilitares actuaron de una forma que sorprendió a todos los pobladores. De tiempo atrás se habían asentado en el municipio como colonos y comerciantes. Se fueron haciendo conocidos y amigos de la gente, y nadie llegó siquiera a sospechar que eran infiltrados del Bloque Centauros. Justo por los días en que entró el ejército y arreciaron los combates, estas personas se esfumaron. Pero una vez la fuerza pública tomó el control de la cabecera municipal y de un amplio sector rural, esos hombres volvieron a Calamar por la madrugada. Como ya habían hecho en Mapiripán, fueron tocando las casas de puerta en puerta con lista en mano: “Usted y usted y usted y usted son guerrilleros”. Y empezaron a matar a la gente: a descuartizar con machete y motosierra, a decapitar y a desaparecer los cadáveres.

–Por eso aquí la gente nunca ha querido al ejército –me dijo Stella.

A la guerrilla no le quedó otra que replegarse hacia la selva más honda, pero sin resignarse a perder el dominio absoluto del pueblo. Cada tanto intentaba un ataque sorpresivo contra patrulleros del ejército o de la policía y, en general, contra cualquier estructura que representara al Estado. Entonces, aparte del fuego cruzado, la población quedó inerme ante las explosiones de armas de alto poder y armas no convencionales. Rusbelsi Granados, lugareña y miembro de organizaciones de víctimas, me narró varios momentos en los cuales la guerrilla trató de atacar a la fuerza pública sin preocuparse por matar civiles.

–A ellos eso no les importaba, no les importaba nadie –dijo con un tono que delató algún rencor. Narró un momento en que un guerrillero le lanzó una granada de mortero a unos soldados que estaban a unos doscientos metros de distancia, sin percatarse de que a medio camino del arco que hizo la granada estaban jugando dos hermanitos en el frente de su casa–. Se hubiera podido enredar esa granada con las cuerdas de la luz, caer ahí y matar a los dos niños. Gracias a Dios, la granada pasó y cayó dos cuadras más abajo y tampoco mató a los soldados porque se hundió en un lodazal. En ese tiempo todo era así. Mire: una granada de esas cayó a cuadra y media de la casa de nosotros y, gracias a Dios, el patio era un lodazal, la granada se hundió y explotó bajo tierra. Lanzó un pantanero que bañó mi casa, todos quedamos temblando, mis hijas llorando, pero nadie murió ni se destruyó mayor cosa. Donde hubiera caído dos casas más abajo, había acabado con medio pueblo porque en ese punto hay un montón de canecas de ACPM y gasolina que un señor vende. Son unas canecas grandísimas. Imagínese la explosión.

Después de que los soldados ocuparon la cabecera municipal, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se internó en las veredas cercanas al casco urbano y a los guerrilleros solo les quedó el terrorismo. Los milicianos buscaron matar miembros de la fuerza pública mediante bombazos a control remoto. Una bicicleta cargada con explosivos fue activada al paso de una patrulla de la policía. Murieron varios agentes y un campesino que caminaba por allí en el momento de la explosión.

–O el día que pasó un carro bomba por toda la mitad del pueblo –agregó Rusbelsi–. El carro lo venía manejando un miliciano y faltando cinco o seis cuadras para que llegara al retén del ejército el miliciano se bajó y siguió manejando el carro a control remoto. Con lo que no contaba la guerrilla era que, como en esos días había llovido tanto, la calle estaba llena de lodo y no les quedó fácil mantener el carro en dirección hacia el retén. El carro se fue deslizando hasta salirse de la vía, chocó contra otro que estaba parqueado y explotó. Eso volaron rines, a mi casa llegó un pedazo de un destornillador, en otra casa un rin atravesó tres paredes. Fue horrible, pero nadie falleció. Solo heridos leves. Por eso yo digo que Calamar fue un segundo Vietnam.

Estas acciones de terrorismo fueron alternadas o complementadas con homicidios selectivos y desapariciones forzadas. La guerrilla empezó a buscar culpables de su fracaso militar entre la población civil.

–No te podían ver hablando con un soldado porque te mataban –me contó Stella–. Te lo voy a explicar así y tú lo cuentas mejor: tú me conoces a mí, pero tú no sabes dónde vivo y tú necesitas un culpable para justificar que te hayan sapiado: “Sí, fue usted la que me sapió”. Y resulta que no fui yo, pero solo por sospecha vienen y me matan a mí. Así empezaron los ajusticiamientos: se llevaban a la gente y no volvían nunca más. Y la guerrilla nos decía que no tenía ni cementerio ni hospital, o sea, cuando se llevaban a una persona era porque la iban a matar, la iban a enterrar y ya. Uno sabía que el que se llevaban no volvía. Y a la gente se la llevaban con prudencia, en la noche, sin que nadie viera. Mira la crueldad: fuera de que los paramilitares mataban y desaparecían personas, la guerrilla también mataba y desaparecía personas, y a las familias les tocaba desplazarse.  Yo considero que nosotros como municipio, todos, deberíamos ser tenidos en cuenta como víctimas del conflicto. Todos en este municipio deberíamos ser reparados. Aquí sí hemos vivido lo que es la guerra guerra.

–¿Cómo está la situación hoy? –le pregunté a Stella, aclarándole que me refería al acecho de nuevas bandas paramilitares y de las Farc, a la persistencia de cultivos de coca, todo en medio del proceso de paz en La Habana.

–Es como las aguas mansas –contestó Stella, escéptica–. Y recuerde el dicho: “Señor, líbrame de las aguas mansas que de las borrascas me libro yo”.

–¿Están temiendo que ocurra algo grave en cualquier momento?

–No. O sea... dicen que los paramilitares ya no están. Que nos cuida el ejército. Pero... –Stella abrió los ojos histriónicamente y me lanzó una mirada interrogativa. No completé su respuesta y en cambio le pregunté si eso quería decir que la comunidad aún desconfiaba de la fuerza pública o que nunca se iba a restablecer del todo la confianza entre el Estado y los campesinos.

–La convivencia hoy con el ejército y la policía es distinta –dijo–, es buena. Nosotros hemos aprendido a convivir con ellos. No a amarlos, pero sí a considerarlos.

© Fotografías de Federico Ríos

 A diferencia de Stella, que no la conoció especialmente, Rusbelsi sí tenía recuerdos de Cristina. No fueron muy amigas, pero se distinguían. Tenían conocidos en común y alguna vez había atendido a sus hijos en el hospital. Me dijo que a Cristina le tocó una época “muy difícil” mientras había sido enfermera, porque debía curar a cualquier persona que llegara herida o enferma sin importar el bando al que perteneciera.

–Le tocó atender a muchos guerrilleros que llegaban enfermos. Y entonces, claro, un militar o un paramilitar podían acusarla de estar colaborando con la guerrilla. Y ella solo estaba haciendo bien su trabajo médico. Le tocó una época muy difícil –repitió, como si se estuviera lamentando de una situación causada por la mala suerte.

–¿Supo si el ejército se presentó en el hospital y le reclamó a ella o a los médicos por estar atendiendo guerrilleros, como si fuera un acto de complicidad con las Farc?

–Pues hay rumores que dicen que sí, pero, personalmente, yo nunca lo vi. El ejército es consciente de que en un hospital se presta un servicio a la comunidad; no importa el bando del que sea, y si llega un paramilitar, un militar o un guerrillero herido el personal médico tiene que atenderlo, es el derecho a la vida.

Allá junto al muelle sobre el río Unilla, John me había dicho algo parecido: que a Cristina como enfermera le había tocado una época “muy dura”.

–A cualquier herido de guerra (con una pierna amputada por una mina antipersona, un brazo destrozado por un tiro de fusil, el cuerpo astillado por la explosión de una granada) lo llevaban de una al hospital. Y la pobre Cristina, a voltear pues. Y no sé cómo hacían porque ni había bolsas de sangre. Uno se quedaba asombrado con la forma de ser de ella: la paciencia y la resistencia para trabajar en las condiciones más malas. Nunca pensamos que sus acciones la iban a convertir en una heroína, porque para mí ella es una heroína de acá del Guaviare. Yo sí quisiera saber algún día... –se le quebró la voz– algún día saber dónde está. Dónde la dejaron. Yo iría a buscarla.

Federico y yo dimos una vuelta por las calles comerciales. Cruzamos el parque principal para leer la placa que le daba el crédito de la construcción a la Misión Militar Estadounidense. Comenzaba la tarde y algunas personas retozaban en las bancas después del almuerzo. Las mujeres con sus hijos de brazos caminaban por los senderos pavimentados esquivando la hierba mojada y el pantano. Otras, de más edad, apuraban el paso cubriéndose del sol con una sombrilla. En una isla de pasto, los niños correteaban y hacían alharaca en los juegos infantiles.

Fuimos a dar a la calle en la que estaba el almendro conocido como “el palo de la vergüenza”. Era un árbol espléndido: había crecido libremente y extendido sus ramas hasta casi alcanzar los techos de las casas a lado y lado de la calle. Era tan tupido que su sombra ocultaba completamente el sol. La tierra y el pavimento debajo siempre estaban humedecidos. Fue un contraste arrobador: toda la belleza de un solo árbol recordaba toda la bestialidad guerrillera.

Esta calle tenía doble calzada y estaba dividida por una berma. Varios de los locales comerciales más frecuentados del pueblo quedaban allí. En una de las esquinas se encontraba el café bar en el que se reunían a conversar los dignatarios del pueblo y en el que, durante su reinado, el comandante del Frente Primero de las Farc, alias César, recibía las quejas de la gente. Así que castigar a un campesino amarrándolo a ese almendro era ejercer un tipo de justicia medieval: exhibir al castigado en el lugar más visible para lograr un escarmiento público.

El timbre del celular me trajo de vuelta. Era Victoria. Me dijo que Paulina ya había llegado y que nos estaba esperando para que fuéramos con ella a ver el aviso del nombre de su hija sobre la entrada del centro médico. Nos dividimos: Federico fue a encontrarse con Paulina para hacerle las fotos y yo me fui a buscar a Janeth, quien había sido la mejor amiga de María Cristina.

Pasé por ella a la salida de la Alcaldía y caminamos unos metros hasta la iglesia. Janeth corrió la puerta de entrada y nos ubicamos en la primera banca. No había nadie y cada sonido más o menos alto rebotaba en eco. Recién construida en ladrillo y cemento, la iglesia tenía una torre central con un campanario, y al fondo la nave con las figuras y los cuadros religiosos. Janeth se dio la bendición y se persignó. Era una mujer de unos 40 años, pelo negro y corto, menuda y de poca estatura. Hablaba con mucha medida: pausadamente, a bajo volumen, y decía cada palabra con toda la paciencia. Lo supe después: era la primera vez que iba a contar su historia con Cristina luego de muchos años. Se hallaba nerviosa y entristecida.

–Mi esposo me la presentó –dijo–. Por su físico, ponía una barrera y no permitía que las personas llegaran a ella. Aparentaba ser muy rebelde, muy aislada, pero era un mecanismo de defensa ante la dificultad que tenía para ella su aspecto. Comenzamos a salir, hablábamos, nos contábamos secretos. A nadie le explicaba por qué tenía la cara quemada. Y a mí sí. Era la confianza y el cariño que nos teníamos –Janeth respiró hondamente–. La quise mucho por su forma de ser.

–¿Alguna vez ella le dijo si tenía temor de que la mataran o que estuviera amenazada de muerte?

–Nunca me dijo: “Temo que en algún momento me maten”. Ella fue inocente, no sabía que eso le iba a pasar. O no me lo compartió –la voz de Janeth se quebró y volteó la cara.

Sin mirarme y tratando de mantener la compostura, Janeth recordó el día en que recibió el regalo de Cristina –las flores, la torta y la caja de arroz chino–. Describió las llamadas que hizo tratando de averiguar alguna pista. Cuando vio que ya no había más dónde buscar, llamó a Paulina para contarle que Cristina estaba desaparecida.

–Y eso para mí fue muy doloroso, porque me alcanzó a llegar la sorpresa pero no pude compartirla con ella... –las lágrimas detuvieron su relato. Había tanto silencio dentro de esa iglesia que el llanto y las arcadas tronaban–. Ese día en la oficina abrimos la torta –continuó con la voz temblorosa–. Cristina la había enviado para eso, para que la compartiéramos; llevé el ramo de flores para mi casa y los compañeros de trabajo me acompañaron. Nos tomamos unas copas, estuvimos hasta tarde, todo el tiempo lloré y lloré, no me imaginaba... le pedí a Dios que estuviera bien, que solo fuera un secuestro y que la devolvieran. Duré mucho tiempo en que prefería no hablar de ella porque me estaba enfermando. Soñé muchas veces con ella: que la tenían secuestrada, que yo llegaba hasta el lugar donde la tenían, que nos poníamos a hablar. Duré mucho tiempo así. Inclusive perdí comunicación con la familia de ella porque cada vez que hablaba con doña Paulina me hacía mucho daño –Janeth se soltó a llorar del todo. Cortaba las lágrimas con un pañuelo de papel. En algún momento, tomó aire y elevó la voz–. Todo el tiempo la estuve recordando, porque después de esto trabajé en la oficina de recursos humanos y ahí empezó el proceso de recoger la documentación de Cristina. Yo manejaba la nómina y comenzaron a pagarle a doña Paulina mensualmente mientras establecían que era una desaparición forzada. Entonces, todos los meses yo leía el nombre de Cristina en la nómina; mes a mes estaba pendiente de que doña Paulina viniera a reclamar el cheque. Me estaba haciendo mucho daño, me hacía mal recordarla. Me tocó sacar de mi billetera la foto que tenía de ella y me dije que no podía seguir así, que tenía que creer que Cristina se había ido de viaje y que algún día volvería. Y seguía soñando que ella llegaba, que yo veía el momento en que se la llevaban y que yo podía llegar hasta allá, al lugar donde la tenían. Ahorita ya nos volvimos a comunicar con doña Paulina y ya he aceptado más lo que pasó –Janeth respiró con fuerza abriendo el pecho, como si hubiera descansado–. A los dos años, la Alcaldía dejó de pagarle el cheque a doña Paulina. Ella vino, me agradeció, les agradeció a todos. En ese momento, volvimos a hablar. Pasó el tiempo. Y en 2013, cuando se hizo el evento de recordación por parte de la Unidad de Víctimas fue un día duro. Yo pedí leer en la eucaristía la parte de las entradas y le prometí a Cristina que lo iba a hacer, que leería sin llorar. Y lo hice, lo pude leer aunque se me hizo un nudo en la garganta –Janeth volvió a llorar, aunque con menos desgarro. Al cabo de unos segundos, se reincorporó en la banca como si ya estuviera esperando la siguiente pregunta.

–¿Qué tan conocida fue Cristina aquí? ¿La recuerdan?

–Mucha gente sabe quién fue Cristina, mucha gente la conoció. Le sirvió a mucha gente. Ella me decía: “Mi Dios me puso aquí. Yo nunca quise ser enfermera y mi Dios quiso que yo fuera enfermera y me mandó a este pueblo. Me puso esa misión y esa es mi misión: ayudar a las personas”. Y ahora ya hay más gente que sabe quién fue ella debido a las placas y al nombre del centro médico –hizo una pausa y reflexionó–. Yo quisiera que todo esto fuera una mentira y que ella realmente estuviera secuestrada y apareciera viva. Ya recuperar los restos es difícil y lo que me queda es el recuerdo, el recuerdo más bonito.

En el centro médico ya no estaba Federico ni Paulina. Pero me quedé absorto al ver el aviso con el nombre de María Cristina Cobo Mahecha. Al pie de la entrada vi el pedestal con la placa. Decía más o menos lo mismo que a la entrada de la escuela de La Marina. Por el cristal de una puerta noté que una mujer con un niño esperaba atención. Entré. En la sala solo se encontraba esa mujer. El niño dormía. Había cierta oscuridad y mucho silencio. No había nadie en la mesa de recepción ni pasaban enfermeras ni se escuchaban voces. Quería hacerle una única pregunta al médico, pero sentí todo tan abandonado que terminé haciéndosela a la mujer.

–¿Usted sabe por qué este hospital se llama María Cristina Cobo Mahecha? –la mujer me miró aterrada o asustada. Me dijo que no con un movimiento de la cabeza. Pregunté entonces: –¿Usted sabe quién fue María Cristina Cobo Mahecha? –volvió a decir que no con la cabeza y frunció el ceño. Le di las gracias y salí de ahí.

Fue el momento más extraño de este viaje. Me embargó una súbita sensación de irrealidad. No solo el hospital me había recibido como un lugar fantasma, sino que también la calle se dejó ver vacía. Las casas de enfrente estaban cerradas y a la distancia acaso entreví una persona en bicicleta. Podían ser las tres de la tarde y tuve la impresión de haber conocido a Cristina y de haber escuchado su voz. Habían sido tantos los testimonios vívidos que me la habían descrito y había encontrado tanta melancolía en sus conocidos que sentí a Cristina caminar por la entrada del hospital, por los pasillos de la Alcaldía, y la imaginé sentada en el muelle del río con la vara de pescar en sus manos.

Una de las entrevistas que hice en la mañana, junto con la de Stella y Rusbelsi, fue con la secretaria de Gobierno Municipal, Irma Liliana Rodríguez. Hablamos de procesos administrativos y de las organizaciones sociales del municipio. Luego le pregunté si la población de Calamar sabía la historia de Cristina. Me dijo que no toda la población, que a veces percibía que las víctimas iban quedando olvidadas. En las ocasiones en que ella hablaba públicamente de Cristina varias personas le preguntaban “¿quién es ella?, ¿quién era?”, y solo cuando alguien la describía físicamente y la recordaba trabajando en el Sisbén o en el hospital “la gente empezaba a hacer memoria”. Después trató de no ser injusta con los lugareños: “La población conoció cada caso de las víctimas, pero con el tiempo las han ido olvidando o han tenido temor de seguirlas recordando”. Me explicó que todavía, aunque no con la misma magnitud, Calamar y el resto del departamento del Guaviare seguían en una situación de conflicto armado. “En las veredas hay presencia de grupos al margen de la ley, entonces a veces hablar de las víctimas genera temor”. ¿Veía posible que en un futuro la historia de Cristina fuera más conocida en el municipio? Dijo que sí. Que además del aviso, toda la papelería del centro de salud quedaría con membrete a su nombre. Y que como “toda la gente” acudía al hospital, “todos” en algún momento se preguntarían “por qué se llama María Cristina Cobo Mahecha”.

Caminé hacia el parque principal. Fue claro para mí que, al menos en este caso, la memoria de las víctimas debía sobreponerse al olvido involuntario o voluntario de la comunidad. Las placas recordatorias y los actos conmemorativos podían alcanzar algunos de sus propósitos, pero no garantizaban el acto de recordar. Cuando la casa Castaño optó por descuartizar a sus víctimas para deshacerse fácilmente de los restos, generó una consecuencia inestimada: nunca será tan fácil restablecer la dignidad de los desaparecidos por más actos de memoria que se lleven a cabo. Siempre habrá gente que no se entere nunca de qué fue lo que pasó.

Me encontré con federico en el parque, frente a la Alcaldía. Me mostró las fotos que le había tomado a Paulina. En alguna le noté una contracción de los labios como si estuviera reprimiendo una sonrisa. Durante la entrevista que habíamos sostenido en la oficina de Victoria, Paulina dejó escapar algunas sonrisas y creo recordar que soltó una carcajada. Pero nunca en medio del tema de su hija. Cuando volvíamos al relato del crimen y a su lucha, Paulina endurecía automáticamente el gesto. Tuve la impresión de que había aprendido a escindir su vida en dos momentos que corrían paralelos: uno, junto a su esposo y su vida como activista, en el que se permitía la alegría; y el otro, un duelo incesante en el que solo cabía la desolación.

Vi salir a Paulina de la Alcaldía y aproximarse hacia nosotros. Su esposo la había acompañado hasta Calamar, pero no venía con ella en ese momento. Me saludó con mucha amabilidad. Cargaba el diario que había armado con fotografías, cartas y notas de prensa de su hija. Le pregunté si ahora que había visto el nombre de su María Cristina en la fachada del hospital sentía que había valido la pena toda su lucha.

–Sí. Valió la pena luchar por la dignificación de la memoria de mi hija y el buen nombre de mi familia. Mi descendencia podrá venir aquí y enorgullecerse de lo que hacía Cristina. Y también por la población médica, que sepan quién fue mi hija y qué hizo en su área de trabajo. Y para dejar un mensaje político de que esto no les vuelva a suceder a los médicos ni a las enfermeras. Sí –reafirmó–, ha servido dejar el precedente. Para que sepan que al personal médico no lo pueden involucrar en lo político, sino en la salud.

Paulina se expresaba tranquila, muy puesta en sus ideas.

–¿Todavía llora por ella?

–Sí. Todos los días cuando me despierto. Y hay momentos en que me acuesto y me pongo a ordenar los pensamientos del día y vuelvo a preguntarme por qué la dejé venir para Calamar, por qué no le dije que no viniera. Sí. Me quedó eso adentro. Y nunca lo he podido superar. Yo creo que me seguirá hasta que muera.

–Como si siempre se fuera a sentir culpable...

–Sí. Me siento culpable de haberla dejado venir al año rural aquí. Sí. Para mí la Navidad es terrible. Para mí el cumpleaños de ella es terrible. Para mí un Día de la Madre es terrible –tragó saliva–. Quedé muy sensible con la música de fiesta en Navidad. Suena la música en la casa de un vecino y me digo: “No tener la manera de ir a dañarles ese equipo para que no suene más”. Yo no volví a arreglar la casa en época de Navidad.

Enseguida, abrió el diario y me mostró un retrato de cuando Cristina tenía unos 25 años.

–Yo no pude verla envejecer –dijo–. Siempre miro esta foto y me digo que no la pude ver más adulta ni le pude conocer los hijos. Me quitaron el derecho a ser la abuela de los hijos de ella –hizo una pausa, pero mantuvo el retrato contra su pecho–. Yo pienso que los violentos me debieran entregar los restos de ella, porque es algo muy mío, porque salió de mis entrañas, porque la tuve en mi vientre nueve meses. Mire –añadió, llevando su explicación al paso que había logrado dar recientemente–, yo ya perdoné de corazón a los que le hicieron eso a mi hija. Yo soy consciente de que muchos de ellos fueron reclutados siendo menores de edad. Pero necesito que me devuelvan los restos de mi hija. Llevo una lucha de doce años y no pierdo la esperanza de encontrar al menos un pedazo de mi hija. Yo creo que una desaparición forzada es el crimen más grande y doloroso de todos. Todos los días pienso en mi niña y mantengo la fe en que voy a encontrar sus restos. 

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Juan Miguel Álvarez

Periodista independiente. En 2013, publicó Balas por encargo, una investigación sobre el sicariato en Colombia. En 2015 hizo parte de la antología Los malos, catorce perfiles de latinoamericanos siniestros. En 2015, hizo parte de la selección oficial del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. Lo encuentran como @cronista77

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