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La hierba charrúa

Uruguay y su revolución verde

Al legalizar la marihuana en 2013, Uruguay inició el experimento antiprohibicionista más importante de todo el continente. Hoy las farmacias uruguayas venden marihuana bajo control estatal. Afortunadamente, ni el mundo ni la moral pública se han derrumbado por eso.

Una mujer muestra una de las dos cepas de marihuana a la venta en 16 farmacias de Uruguay, 19 de julio de 2017 © Pablo Abarenga / DPA

 

“Hasta ahora, cuando alguien quería diferenciar a un montevideano de un argentino de Buenos Aires, de un porteño, al uruguayo lo pintaba con un termo bajo un brazo y un mate en la mano, sorbiendo la yerba de la infusión con un aire tirando a provinciano. Hoy ya circulan caricaturas en las que los habitantes de esta parte del Río de la Plata aparecemos fumando porros por las calles, vagando medio mareados, zigzagueando de aquí para allá, alucinando. Como si al menos en ese plano Montevideo fuera más cool e incluso más cosmopolita que Buenos Aires”. “Pablo” tiene 58 años y es uno de los más de 7.200 autocultivadores de marihuana registrados desde que a fines de 2013 el Parlamento uruguayo votó la ley que regula toda la cadena del cannabis. Este hombre que oculta su identidad porque –dice– conserva aún los reflejos de aquellos tiempos en que por tener una plantita de marihuana en casa uno iba preso o terminaba internado, años atrás vivió en Francia y recuerda cómo una vez, en Ámsterdam, no tenía un euro para comprar marihuana y se le ocurrió pararse en la plaza Dam, en pleno centro de la ciudad, vestido con un poncho, con su pelo largo cayendo sobre los hombros. Ahí comenzó a hacer pases chamánicos, en realidad a fingir que hacía pases chamánicos, y ofreció a los pasantes la yerba mate que tenía en abundancia. “Conseguí cambiarla por una buena cantidad de marihuana a pobres holandeses que pensaban que se estaban haciendo de una buena sustancia alucinógena de mucha pegada”, cuenta con esa viveza criolla que es casi una impronta de una y otra orilla del Río de la Plata.

Treinta años después, Pablo recibe en Montevideo a extranjeros que llegan a estas tierras atraídos por la novedad del país del porro libre. O casi libre. La ley de regulación uruguaya desalienta el turismo cannábico, pero en la ciudad desembarca habitualmente, un día sí y otro también, una pléyade de brasileños, muchos chilenos, no pocos argentinos, venezolanos, mexicanos, algún yanqui y bastantes europeos –raramente holandeses: allá lo tienen a domicilio–, por lo general deseosos de averiguar in situ si pueden hacerse de esos sobrecitos con cannabis que hoy se venden en farmacias (y, cuando la curiosidad los pica un poco más, saber algo de este pequeño Estado tapón enclavado entre dos gigantes, que unos meses antes de la “ley del porro” permitió el matrimonio igualitario y antes aún legalizó el aborto). “Nos han hecho una fama de país abierto. No sé si es tan así, pero es verdad que en lo que tiene que ver con la marihuana las cosas han cambiado mucho, y para bien”, dice Pablo. La capital uruguaya cuenta desde fines del año pasado con el primer Museo del Cannabis de América Latina, una enorme exposición temática anual, una guía cannábica que se distribuye públicamente, y los grow shops, esas tiendas que venden todo lo necesario para fumar o cultivar la hierba, se han multiplicado por la ciudad y extendido al interior del país. Hay hoteles y hostales, bares, restaurantes y hasta peluquerías que exhiben con más o menos ruido su condición de “marihuana friendly”; surgieron profesiones vinculadas al cannabis y hay, sobre todo, un ambiente que hace que el olor a porro saliendo de una casa no sea motivo de escandalete público. El cannabis, en el Uruguay de hoy, ha salido de los circuitos donde hace tiempo había adquirido carta de ciudadanía y donde se lo había relegado, como las canchas o los recitales de rock.

 

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Cuando en junio de 2012 el gobierno del ex guerrillero tupamaro José “Pepe” Mujica anunció que enviaría al Parlamento un proyecto de ley para regular el mercado de la marihuana, quien comunicó la novedad fue el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, otro ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. El fundamento de la decisión poco tenía que ver entonces con un enfoque de derechos, sino con la necesidad de combatir el narcotráfico y mitigar ese “sentimiento de inseguridad” que se había ido adueñando de un país con índices de criminalidad mucho más bajos que el promedio latinoamericano, pero más altos que los que había conocido en un pasado no demasiado distante. El crecimiento de los homicidios había alarmado al gobierno, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, otro ex tupamaro, había dicho que la mayoría de los crímenes estaban ligados a ajustes de cuentas y a disputas por el territorio entre bandas de narcotraficantes. La marihuana y la pasta base de cocaína (el bazuco) eran las drogas de mayor penetración. Quitarles a los narcos uno de sus negocios más rentables fue el objetivo principal que se plantearon los gobernantes uruguayos cuando en 2012, dos años después del desembarco de José Mujica en la Presidencia, se decidieron a regular todo lo relativo al cannabis.

 

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Pero la cosa venía desde bastante más lejos. Las demandas por la liberalización del cultivo, el consumo y la comercialización de la hojita verde habían ido creciendo desde el fin de la dictadura, en 1985, y alcanzado picos relativamente altos de movilización antes de la llegada al gobierno de la coalición de centro izquierda Frente Amplio, con el presidente Tabaré Vázquez a la cabeza. Vázquez nunca tuvo entre sus prioridades legalizar la marihuana. Todo lo que pudiera relacionarse con sustancias fumables era palabra prohibida para este oncólogo de profesión que pasó a la fama por hacer de este país uno de los menos tolerantes al cigarrillo, al punto que le valió al Estado una millonaria demanda de la transnacional tabacalera Philip Morris, que Uruguay terminó ganando. No fue tampoco Vázquez un abanderado de la llamada agenda de derechos: bajo su primera presidencia, el aborto fue despenalizado por el Parlamento, pero él vetó la norma y hubo que esperar a que Mujica lo sucediera para que –un siglo después de secularizar el Estado, permitir el divorcio por sola voluntad de la mujer y reconocer la jornada laboral de ocho horas aun antes que en Europa– Uruguay volviera a entrar en el mapa de los países de avanzada.

“Pepe Mujica tiene una gran virtud: deja hacer. Uno se siente escuchado, aunque después el tipo dispare para otro lado. Es ducho en eso de olfatear por dónde viene la corriente, y muy pragmático. Tiene también un lado libertario que le viene de muy profundo, y otro conservador. Todo eso convive en él. El aborto no era un tema que lo motivara en lo más mínimo, el matrimonio igualitario menos aún. Los aceptó porque la gente empujaba para ese lado. De la necesidad de una regulación de la marihuana se convenció cuando su viejo compañero de armas Fernández Huidobro le hizo ver que podría servir para hacerle mella al narcotráfico. Después sí se sumó al tren y lo condujo. Antes, hacia las drogas se manejaba con los prejuicios clásicos de la vieja izquierda y respecto a los usuarios problemáticos defendía un enfoque represivo que lo llevaba a proponer internarlos en cuarteles”, dice Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) y uno de los padres putativos de la ley cannábica uruguaya.

Romani había sido nombrado en la JND por Tabaré Vázquez, pero en esa primera administración del Frente Amplio, entre 2005 y 2010, poco pudo avanzar hacia la regulación. “Aunque lo planteé abiertamente no existía la sensibilidad suficiente. Lo que sí pude hacer fue tejer lazos con el movimiento social que luchaba por ese objetivo. Paralelamente, pusimos el énfasis en que Uruguay se distinguiera, en los foros internacionales en que participaba, por su postura diametralmente opuesta a la guerra contra las drogas, una guerra lanzada por Estados Unidos en los setenta y apoyada en distinto grado y por distintos motivos por China, Rusia, el mundo árabe, incluso países latinoamericanos gobernados por partidos de izquierda”. En América del Sur, el puntal de esta guerra que causó decenas de miles de muertos, consumió cientos de miles de millones de dólares y nada resolvió fue Colombia.

En 2008, Uruguay ingresó a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, una suerte de dirección política del tema drogas a nivel mundial integrada por 53 países, y propuso incorporar instrumentos de derechos humanos en la política de fiscalización. “En la comisión nos respaldaron Bolivia, que luchaba para que se aceptara el uso tradicional de la coca, Argentina y Suiza. Por métodos de lo más sui géneris conseguimos ir avanzando aunque éramos muy minoritarios. Fue una revolución en ese marco burocrático. Marcamos la cancha”, asegura Romani.

Al asumir la conducción del segundo gobierno del Frente Amplio, en 2010, Mujica mantuvo a Romani en la JND. “Apenas me confirmó le elevé un memorándum planteándole un enfoque integral del tema marihuana para enfrentar una realidad que demostraba el estrepitoso fracaso del prohibicionismo. Decía, además, que Uruguay tenía una oportunidad histórica de liderar en el continente el debate sobre las drogas para cambiar el enfoque tradicional. Había un movimiento social fuerte en el plano local y en el exterior estaban las recomendaciones de regulación elevadas por la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, integrada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia; Ernesto Zedillo, de México, y por la socialdemócrata suiza Ruth Dreifuss. Era una cosa que se venía”.

En ese documento, llamado “Liberalización o legalización de la marihuana”, el entonces secretario general de la JND no solo manejaba argumentos de seguridad y geopolítica sino de salud pública, derechos y reducción de daños. “Hacía notar cómo la regulación podía llevar a ofrecer un producto de calidad, menos riesgoso y con un precio accesible a usuarios que igualmente se lo iban a procurar a como diera lugar, y podía acercar a los consumidores problemáticos a los servicios de salud, de los que la ilegalidad los había apartado. Partía de la base de que la regulación es clave para que el Estado pueda cumplir con su obligación de garantizar la salud de la población, y de que los mercados, si no se los controla, siempre tienden a regirse por la lógica del lucro”.

 

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 La ley uruguaya es la primera en el mundo que establece el control estatal sobre toda la cadena del cannabis, desde su cultivo hasta su comercialización, pasando por su consumo recreativo y medicinal y su explotación industrial. Desde que fue reglamentada, los usuarios pueden tener acceso a cannabis psicoactivo cultivando plantas en su domicilio (a lo sumo seis por casa y 480 gramos anuales como tope de producción); integrándose a clubes cannábicos, de un mínimo de 15 y un techo de 45 integrantes, autorizados a cultivar hasta 99 plantas; o, desde julio pasado, comprando la hierba en farmacias que aceptan venderla, con un límite de 40 gramos por mes. Los consumidores deben elegir entre alguna de esas tres modalidades de acceso (no pueden estar al mismo tiempo en más de una), y tienen que ser mayores de 18 años y uruguayos o residentes permanentes en el país. Todos están obligados a inscribirse en un registro habilitado en las sucursales del Correo estatal y registrar sus huellas dactilares. En las farmacias deben pasar sus dedos por un lector, que determina si no superaron el tope permitido. La hierba se vende allí, en sobres de cinco gramos cerrados al vacío, a un precio fijado administrativamente (en la actualidad 1,30 dólares el gramo). El Estado distribuyó dos variedades de “flores de cannabis envasadas en estado natural, desecadas, sin moler ni prensar”, ambas con el 2% de tetrahidrocannabinol (THC), el principal ingrediente activo de la marihuana: la Alfa i, de la variedad indica, de “efectos psicoactivos que se manifiestan principalmente a nivel físico”, y la Beta i, de la variedad sativa, con “efectos principalmente a nivel cerebral”, según se lee en los sobres. Las dos son cultivadas en predios estatales, bajo vigilancia policial, por dos empresas privadas que podrán producir hasta dos toneladas anuales de cannabis para consumo recreativo. Otras se harán cargo, llegado el momento, de la producción de cannabis no psicotrópico, medicinal, que podrán exportar.

Fuera de todo este sistema regulado, la producción y la comercialización del cannabis seguirán prohibidas. No así la posesión para consumo personal hasta de 40 gramos mensuales, la misma cantidad que hoy pueden vender las farmacias. (La tenencia de marihuana fue despenalizada paradójicamente por la dictadura, en 1974, aunque se daba el absurdo de que se la podía fumar pero quien la compraba, la vendía o la plantaba en su casa marchaba preso o a un centro de rehabilitación.)

La norma crea, además, para el manejo global de la cadena, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), un organismo integrado por representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública y Agricultura, y de la JND, que hace de policía del sistema, otorga licencias y fiscaliza.

 

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Carlos tiene 35 años, es consumidor desde hace más de diez e integra uno de los 68 clubes cannábicos actualmente en funcionamiento. El registro de consumidores fue lo que más le molestó de la ley. Acabó aceptándolo como una condición necesaria para que los países vecinos, que tienen una legislación mucho más dura, y los organismos internacionales no pusieran palos en la rueda al experimento uruguayo. A otros usuarios, la sola existencia del registro les hizo desconfiar del conjunto del andamiaje y continuaron comprando sus dosis en el mercado negro. Y también hay quienes, como el músico Fernando Santullo, fundador de la banda de rock Peyote Asesino, aun considerando la ley buena en términos generales se preguntan si no es mejor confiar en la responsabilidad de los consumidores. Luis, miembro de un club, dice que topear el número de integrantes de las asociaciones las hace demasiado pesadas al bolsillo de mucha gente. Él, por ejemplo, se lo pensó mucho para sumarse a un club que le cobraba 200 dólares de matrícula y 1.800 pesos uruguayos (unos 60 dólares) mensuales. “Si se corriera el tope o se lo eliminara, el costo podría bajar”, cree.

Pablo Galain, un investigador de la Sociedad Max Planck de Alemania, piensa que la restricción del acceso a los extranjeros es discriminatoria y absurda. “¿Por qué un turista no puede comprar mediante registro 10 gramos por semana, o 20 si se queda quince días y 40 si se queda un mes?”, se preguntó en una entrevista con la emisora uruguaya Radio Espectador. Además, dijo, es tonto pensar que no consigan el cannabis que necesitan: lo encuentran en el “mercado gris” generado a partir de los excesos de producción de los clubes o los autocultivadores. Uruguay introdujo una grieta en el paradigma prohibicionista pero no lo quebró, opina Galain.

Milton Romani reconoce que lo del registro, los topes y las restricciones es algo polémico. “No es simpático, pero había que dar seguridades de que las cosas no se irían de madre, que el Estado no estaba fomentando el consumo y que el dispositivo que estábamos montando tenía trazabilidad, desde las plantaciones hasta los usuarios. Por otro lado, los consumidores cuentan con todas las garantías de que sus datos personales no van a ser entregados a nadie”.

 

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De a poco la máquina entró a rodar. Con esa prudencia vernácula a veces desconcertante, tratando de avanzar sin pisar muchos huevos y de aventar las resistencias que pudieran irse presentando. Hubo temores de que el enroque Mujica-Vázquez (el ex guerrillero sucedió al oncólogo y el oncólogo reemplazó al ex guerrillero para iniciar en 2015 su segunda presidencia) trancara todo. Pocos confiaban en que Vázquez continuara el experimento. Y por un tiempo los escépticos tuvieron razón.

Romani, que se había marchado de la JND en 2011 para asumir como embajador ante la OEA, donde siguió su guerra a la guerra contra las drogas, volvió al país para ponerse otra vez al frente de la Junta en 2015, cuando Vázquez reasumió la Presidencia. Al ver la lentitud con que se decidían los pasos a dar, este sesentón habituado a las lides de las luchas por los derechos humanos tuvo uno de sus arranques de enojo muy bien canalizado mediáticamente y salió a patear el tablero. El movimiento cannábico se movilizó y buena parte del Frente Amplio exigió que no se diera algo similar a lo sucedido años antes con la ley del aborto. Tomado entre pinzas, el presidente acabó dando seguridades de que la ley se aplicaría.

Exasperante fue de todas maneras la negociación con las farmacias, una pata importantísima de la estructura prevista, la destinada a abarcar acaso al mayor número de gente. No resultaba fácil compatibilizar dos mundos que por lo general se miran de reojo y con mutua suspicacia (los “templos de la salud” y los “fumetas”), pero el gobierno consideró que las farmacias eran los lugares más adecuados para “oficiar de expendio de cannabis, precisamente por el mismo hecho que los farmacéuticos críticos manejaron como argumento para no sumarse al sistema: tener trato con el tema sanitario”, dijo una fuente del IRCCA. Cuarenta meses larguísimos duraron las conversaciones entre representantes del Estado y de las asociaciones profesionales de farmacéuticos y las cadenas comerciales.

 

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 Finalmente, todo quedó listo para que la venta de cannabis con fines recreativos comenzara el 19 de julio pasado en 16 farmacias, doce del interior y cuatro de Montevideo. Muy pocas, teniendo en cuenta que en el Uruguay hay alrededor de 1.200. Se decía entonces en el IRCCA que otras farmacias, entre 50 y 60, estaban haciendo cola para ver cómo funcionaba el experimento y que las que están agrupadas en dos grandes cadenas comerciales estaban negociando de manera separada y podrían agregarse a medida que vieran que el negocio fuera rentable. La ganancia calculada por el IRCCA no era nada despreciable (entre 2.500 y 3.000 dólares mensuales por establecimiento, en función de un margen del 30% de las ventas). Para evitar “problemas de seguridad”, otro de los temores de los farmacéuticos, se determinó que en cada local el stock no superara los dos kilos, suficientes para atender la demanda y no tanto “para despertar tentaciones de robos”, según un funcionario del Instituto.

“El 19 de julio fue, para los consumidores, poco menos que un día patrio, el primer día en que un ciudadano pudo ir nada menos que a una farmacia a hacer como hacían sus bisabuelos a principios de siglo, cuando en las viejas boticas se vendía un cigarrillo contra el asma y la tos hecho a base de cannabis, antes de que el prohibicionismo copara las leyes y las cabezas”, apunta Pablo. En Montevideo, las filas en las cuatro farmacias se extendieron por cuadras y cuadras y las existencias se agotaron en pocas horas. Casi una semana tardaron en reponerse, fallaron algunos de los lectores de huellas digitales y una de las empresas cultivadoras se retrasó en el aprovisionamiento. Nada del otro mundo. No hubo más problemas de seguridad que los habituales, ni las calles contiguas se llenaron de “drogadictos” deambulando sin rumbo, como elegantemente habían previsto algunos medios de prensa.

Antes de que se aprobara la “ley del porro”, esos medios y otros también habían asegurado que la regulación haría que se disparara el número de “fumetas” y acusaron al Estado de “fomentar la droga”, del mismo modo que habían dicho que la legalización del aborto aumentaría exponencialmente las intervenciones de interrupción del embarazo. Las dos predicciones fallaron.

 

 Juan Vaz en el invernadero de uno de los clubes cannábicos de Montevideo, diciembre 10 de 2014

 

Pero hubo problemas de otra clase con las farmacias. Problemas que vinieron de muy lejos. De Wall Street, más precisamente. El Banco Santander, primero, el Citi después, y luego el Bank of America y otros amenazaron con dejar de venderle dólares al estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) si este aceptaba tener cuentas de comercios que movían “dinero de la droga”. No importaba que ese dinero fuera parte de un circuito controlado por el Estado y mucho más limpio que el que habitualmente manejan los propios bancos. Las leyes estadounidenses imponían la prohibición. O bien Uruguay aceptaba o quedaba por fuera del bendito sistema-financiero-internacional. Así se lo comunicaron las casas madre de esas instituciones a sus sucursales en Montevideo, estas al BROU y este a sus clientes.

Resultado: seis de las 16 farmacias pioneras se bajaron del andamiaje entre agosto y septiembre. De las diez que quedan, tres están en Montevideo y las otras cubren malamente solo siete de los 18 departamentos (provincias) del interior del país.

Una bomba había estallado en uno de los tres pilares del modelo.

 

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José Mujica bramó exigiendo respuestas al equipo económico del gobierno en nombre del “respeto a la soberanía nacional”. También Romani. “Es insólito que bancos como los estadounidenses, que lavan dinero de narcotraficantes, evasores de impuestos y otros delincuentes, o el Santander, multado por lavado en Argentina y Brasil, evoquen la lucha contra el narco para considerar ‘tóxico’ al sistema financiero uruguayo por hacer lo que ellos dicen que hacen pero no hacen”, protestó el ex secretario de la JND. “No podemos esperar hasta que Estados Unidos cambie sus leyes. ¿Por qué deberíamos hacerlo?”. Más o menos lo mismo opinó la central sindical única PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores) y en las redes sociales circuló una iniciativa ciudadana, firmada por varios miles de personas, que exigía al gobierno respetar la ley y buscar alternativas a los bancos.

Juan Vaz, un activista que formaba parte del equipo que asesoró en el armado del modelo, dice que “si bien se sabía que esto de la banca podía pasar, creíamos que iba a suceder recién cuando las empresas quisieran exportar. Nunca pensamos que las casas matrices iban a instalar tal miedo en los bancos locales”. Vaz cuenta que Mujica se asesoró en Estados Unidos con Barack Obama, el banquero David Rockefeller y el megamillonario y filántropo George Soros. “Pero Rockefeller murió, Soros se salió de esto y Obama ya no es presidente”.

La alternativa que más baraja el gobierno es la creación de “establecimientos de expendio exclusivos de cannabis que garanticen las mismas condiciones de seguridad, controles de calidad y aspectos sanitarios que las farmacias, pero adaptados al uso del dinero en efectivo”, según dijo en septiembre el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.

 

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La bomba, todavía, no se desactivó. Mientras dura la espera, el puñado de farmacias que venden marihuana pretende mantenerse al margen del ruido: si huelen que algún periodista se acerca, sus responsables huyen.

 

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Ricardo encaja grosso modo en el perfil promedio de los consumidores de cannabis uruguayos: es hombre, tiene alrededor de 35 años, educación terciaria y habita la capital. Hasta hace menos de un mes debía caminar solo unas cuadras desde su casa hasta la pequeña y modesta farmacia Pitágoras para conseguir su dosis. El boicot de los bancos hizo que a la Pitágoras la ecuación ya no le cerrara y ahora Ricardo tiene que armarse de paciencia: la escasez actual de marihuana no es producto de problemas de abastecimiento sino de que son muy pocas las farmacias y la gente que quiere comprar no para de crecer.

–Cuando llega el cannabis a las farmacias nos avisan por WhatsApp a los registrados, pero se acaba enseguida. A veces tengo suerte.

–¿Y qué hacés cuando no conseguís?

–Si estoy muy estresado y pasan los días y no se repuso, hago como antes, me la agencio por ahí. Ya estaba harto de comprar en las bocas clandestinas. Me daban cualquier porquería, pero cuando estás con ganas de fumar un porro... Ahora, si puedo, espero. Al final termino consiguiendo en las farmacias. Pero así no se va a aguantar mucho, la gente se está molestando.

Las molestias, por ahora, no han pasado de eso: molestias. Inés (estudiante, 25 años, montevideana, clase media alta) las soporta. Y dice: “Esto llegó para quedarse. La prueba: somos cada vez más”.

 

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Lo son. El 19 de julio, el día que se estrenó la venta de cannabis en farmacias, los anotados en el registro no iban mucho más allá de los 4.000. Dos semanas después eran el doble, y ya rigiendo el bloqueo bancario, casi como para demostrar que con ellos los bancos no podrían, pegaron un nuevo salto: al 19 de octubre superaron los 14.800, mientras los autocultivadores arañaron los 7.400 y los integrantes de los clubes cannábicos los 3.100. Todos sumados, los consumidores incorporados al sistema regulado eran, a comienzos de octubre, unos 25.000. Dos años antes, la Encuesta Nacional sobre Consumo de Cannabis había calculado en 55.000 el número de fumadores habituales de porros y en 100.000 más los ocasionales: 155.000 en total, un 4,5% de los 3,4 millones de habitantes del país.

Un dato más: en agosto, Monitor Cannabis, una plataforma universitaria que hace el seguimiento de la ley, estimó que desde que el texto entró en vigencia el sistema regulado estaría abasteciendo a un 26% de los consumidores. “Considerando los objetivos que se había fijado el gobierno –quitarle espacio al narco– las cifras comienzan a ser alentadoras”, comentó el coordinador del equipo, el sociólogo Sebastián Aguiar.

“El desarrollo de una relación de confianza en el sistema va a llevar un tiempo, y es lógico”, declaró otra integrante del Monitor, la psiquiatra especializada en uso problemático de drogas, Raquel Peyraube, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología y miembro activo de la Asociación Internacional por los Medicamentos Cannabinoides. “Venimos de un consumo que estuvo estigmatizado durante décadas, y de repente pasamos a registrarnos con las huellas dactilares para comprar cannabis en farmacias. Es un cambio muy abrupto”.

 

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En el corazón de Palermo, típico barrio montevideano de clase media baja, una vieja casona reciclada apenas se distingue de las vecinas por un cartel: MCM. Desde diciembre, allí funciona el Museo del Cannabis de Montevideo. Lejos está el mcm de la abundancia del Hash, Marihuana & Hemp Museum de Ámsterdam –su socio y proveedor–, pero su creador, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, no pretende tanto. El mcm es uruguayo: sobrio, minimalista. Y de todas maneras, no falta en sus vitrinas nada de lo que tenga que ver con el cáñamo y sus derivados.

Sobre un costado, una caricatura, sola, encuadrada, sin leyenda, llama la atención. Representa a Carl Sagan, y a los legos puede sorprender que el famoso astrofísico aparezca rodeado de la parafernalia cannábica.

–¿Por qué Sagan?

–Hace más de diez años, Sagan fue como una punta de lanza para convencer a mis padres, que tenían todos sus libros y la colección de Cosmos en VHS, de que el cannabis no era una forma de evadirse sino una manera distinta de conocer y conocerse –dice Miguel, que trabaja en Apoyo Museológico en el MCM­­ y adora la caricatura dibujada por el artista uruguayo Fermín Hontou–. Aquel ensayo que Sagan firmó como Mr. X, en el que habla de todas las virtudes de la ganja para el autoconocimiento, la comunicación, el sexo y como cura, fue decisiva para abrirles la mente a mis viejos. Y a mí me fascinó.

“Está bueno que esté esta caricatura y que no tenga más leyenda que el nombre de Sagan”, piensa Regina, brasileña en la cuarentena, una de las tantas turistas que visitan el museo. “Es como un toquecito, un autorreconocimento, una guiñada, una mirada hacia adentro que los marihuaneros necesitamos”, dice, y le saca una foto al dibujo.

 

Juan Vaz es un todoterreno del mundo cannábico local. Antes de rondar los corredores del Estado fue uno de los principales activistas por la legalización, integró la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay y montó uno de los primeros grow shops montevideanos, entre los treinta que existen en la actualidad. Hay quienes piensan que, si se tratara de elegir a un personaje representativo del Uruguay del “porro casi libre”, él debería figurar en primera fila. Con mucha más legitimidad, por ejemplo, que un Pepe Mujica, omnipresente en la iconografía for export pero considerado localmente más como un facilitador que como el verdadero artífice de esta revolución verde a la criolla.

Vaz, afirma Joaquín Fonseca, uno de sus socios en la tienda Planeta Ganja, es un “auténtico marihuanero”, de esos que se acercaron a la planta por puro placer y se convirtieron en militantes de la causa. Como comerciante, Vaz dice ser malo. Dedica mucho tiempo a conversar con los clientes, a aconsejarlos sobre cómo sacarles más rédito a sus plantitas, qué luz darles, cuáles fertilizantes utilizar. Todo grow shop es una mezcla de vivero, casa de electricidad, kiosco, tienda de vestimenta. El suyo es, además, un centro de asesoramiento a otros cultivadores y un “consultorio”.

Vaz tiene alrededor de 50 años y comenzó a plantar en casa hace 30. Antes, se hacía traer la marihuana de Brasil, y luego de Paraguay. La brasileña era de mejor calidad. “En Paraguay capaz que tienen una planta muy buena, pero la destruyen totalmente en el cultivo, la cosecha, el secado y el empaque”, dijo a la publicación digital LaRed21. El “prensado paraguayo”, que hasta la regulación era lo que más se consumía en el mercado uruguayo, “es muy nocivo para la salud. Una de las principales virtudes de la ley fue permitir el acceso a productos de mucha mayor calidad”.

Las variedades que se venden en farmacias (con el 2% de THC y el 7% de cannabidiol, CBD, un componente moderador del efecto psicotrópico) le parecen adecuadas a Vaz para cierto tipo de consumidores, los ocasionales o los que no necesitan que les pegue tanto. No para él, que se define como un catador y que habla con delectación de las virtudes de una planta “que es botánica, química y psicodelia, todo junto”, y que al tener machos y hembras da pie a la posibilidad de “sacarle diferentes variedades y combinarlas”. Experimentando en el club cannábico al que él pertenece, puede darse esos y otros lujos. Se los da.

 

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Puede que los “adquirentes” –así se les llama en la jerga oficial a quienes se aprovisionan en las farmacias– sean menos extáticos. Cuando se los interrogó sobre las características de la marihuana que habían comprado, la mayoría dijo que era “suave y rica”. Ni más ni menos. La comercializada en el mercado negro está cinco veces más “cargada” de THC que la Alfa i y la Beta i, y las plantas cultivadas en domicilio propio o en los clubes suelen alcanzar hasta el 20% de THC. Raquel Peyraube dijo en su momento que con niveles tan bajos de “pegue”, el cannabis de acceso en farmacias nunca conseguirá competir con el clandestino. El IRCCA pareció admitirlo y anunció que duplicará las dosis de THC y disminuirá las de CBD en nuevas variedades que va a distribuir. “Estamos en fase de aprendizaje, de ensayo y error”, comentó uno de sus funcionarios.

 

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El modelo uruguayo inspiró el año pasado al gobierno catalán en la regulación del cultivo, consumo y transporte de cannabis. También al de Colombia, según dijo en Montevideo el director general del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud de ese país, Andrés López Velasco. Lo paradójico es que Colombia nada ha hecho en materia de cannabis recreativo y Uruguay nada ha hecho en un terreno donde Colombia sí ha avanzado: el cannabis de uso médico. Según un informe de mayo de Monitor Cannabis, no existen aquí medicamentos nacionales derivados de la marihuana –los pocos que se consiguen son importados y muy caros– y los organismos estatales no han aprobado los proyectos de investigación que les fueron presentados. Tres empresas extranjeras que se habían instalado en un polo tecnológico cercano a Montevideo para fabricar productos médicos a base de cannabis –“allí está el gran negocio, junto a los usos industriales del cáñamo en vestimenta o construcción”, apunta Romani– terminaron yéndose o postergando sus planes. Sus proyectos quedaron encajonados en algún despacho, y las terminó matando el problema con los bancos.

Casi ningún gobierno “sabe tratar el tema del cannabis medicinal”, dijo un funcionario de la empresa estadounidense Charlotte’s Web al diario uruguayo El Observador.


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A Javier Hidalgo, autocultivador colombiano de marihuana, ingeniero agrónomo, docente, activista, le parece que la manera en que el gobierno de Juan Manuel Santos ha encarado desde 2015 la regulación del cannabis con fines medicinales es “típicamente neoliberal”. “El conocimiento no lo tenemos nosotros, para poder aprovecharlo. Son empresas europeas y norteamericanas las que lo tienen, y con las reglamentaciones que se manejan van a consolidar ese poder”, dice. Piensa que se ha dejado de lado a los pequeños cultivadores urbanos y a las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, que plantan cannabis desde hace años y no tienen dinero para acceder a las licencias, y que todas las directivas apuntan a favorecer a las grandes empresas. “Se discrimina a los pequeños”, afirma, y cree que lo más probable es que a la larga se generen en el campo colombiano “desiertos verdes” de monocultivo de cannabis “al servicio de la industria farmacéutica”. La regulación puede ser una oportunidad para estudiar y aprovechar todas las propiedades de la planta, y podría haber sido, en el actual escenario de posconflicto, una ocasión para beneficiar a los autocultivadores y sobre todo a las comunidades campesinas; pero tal como vienen las cosas, se está lejos, dice. “Lo que se proyecta es que el sistema empiece a funcionar en manos de personas con mucho capital. El resto quedará al margen y será perjudicado, como ocurrió al desatarse la guerra contra las drogas”.

 

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Miedos, falta de información y formación, exceso de burocracia, altísimos costos, se conjugan para que en el Uruguay pocos se atrevan a alterar el statu quo en lo que tiene que ver con la explotación médica de la marihuana, afirma Monitor Cannabis. También juega –y mucho– que el cannabis siga figurando en las listas de sustancias adictivas y perjudiciales, y de poca o nula utilidad terapéutica, elaboradas por las convenciones internacionales. Esas mismas convenciones –derivadas del enfoque jurásico y belicista sobre las drogas– admiten, sin embargo, investigaciones nacionales sobre las propiedades benéficas de los estupefacientes. De hecho, algunos países han sacado al cannabis de su clasificación de sustancias prohibidas para utilizarlo en la fabricación de medicamentos, aceites, pomadas.

Es cuestión de voluntad estatal, porque la ley habilita para realizar esas investigaciones, dice Raquel Peyraube. Y dice también que la “carencia de pruebas fehacientes” sobre la eficacia médica del cannabis –un argumento utilizado en su momento por el gobierno para justificar el atraso uruguayo en el tema– se debe a que no hay interés en realizar dichas investigaciones. “Así la evidencia sea más que suficiente, los gobiernos alegan que no lo es. En ese caso habría que autorizar seguir investigando, pero tampoco dan los permisos para eso. Con la farmaindustria pasa lo contrario: se dan los permisos y después de un tiempo hay que retirar los medicamentos del mercado por su toxicidad. Entonces uno empieza a ver que esto no tiene que ver con la peligrosidad de la planta”, declaró Peyraube a la revista colombiana Semana. Milton Romani piensa que en el Uruguay, entre los médicos y las autoridades de la salud, “predomina una mentalidad cuadrada que no les permite ser flexibles con eso de que la marihuana tiene riesgos. Los tiene, claro, pero no más que otras sustancias. La vitamina D también los tiene”.

Algunas brechas se han abierto, de todas maneras, en la formación de profesionales universitarios. Y en el ámbito privado, una de las empresas que produce cannabis para las farmacias, la International Cannabis Corp. (ICC), ha anunciado que ya compró tierras para cultivar marihuana con fines medicinales. Fabricará aquí un aceite y lo venderá a 30 dólares, ocho veces por debajo del importado. Como todas sus cuentas bancarias están en Canadá, no debería tener inconvenientes con el diktat estadounidense.

Hay una creciente demanda social de productos terapéuticos derivados del cannabis, dice Julia Galzerano, integrante de la Comisión de Regulación del Cannabis, del Sindicato Médico del Uruguay. El consultorio de esta internista, especializada en VIH y drogas, estuvo, junto al de Raquel Peyraube, entre los stands más populares de la última edición de Expocannabis, una feria anual que reúne desde 2014 a todo el mundillo cannábico local y regional. Las dos médicas atendieron cientos de consultas sobre el empleo terapéutico de la planta. Alzhéimer, párkinson, glaucoma, artritis, migrañas, esclerosis múltiple, epilepsia y ciertos tipos de cáncer, son algunas de las enfermedades que pueden ser tratadas con cannabinoides. Peyraube también los utiliza para reducir la dependencia de drogas como el bazuco. Los resultados, dice, por lo general son buenos. “Y doctora, ¿entonces nos estuvieron mintiendo por más de cincuenta años?”, cuenta Peyraube que le han preguntado muchos pacientes. “Sin lugar a dudas”, les responde ella.

 

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Entre las mejores cosas que ha hecho la ley de regulación, dice Joaquín Fonseca, están el haber desdemonizado el cannabis y el haberlo “normalizado”. “La gente tiene más información, y a los que consumimos ya no nos ven como seres de otro planeta. La mirada externa sobre nosotros cambió cien por cien”. Fonseca cuenta que su abuela, que tiene 93 años, antes fruncía la boca apenas él le decía que le gustaba fumar porros. Lo miraba con asco y se preguntaba qué demonios había picado a ese nieto formado en colegios católicos para arruinarse la vida de esa manera. “Ahora se interesa por el cannabis medicinal porque supo de casos de niños epilépticos que fueron tratados con cannabinoides y les hizo bien”.

–¿Te imaginás a tu abuela colocándose bajo la lengua las pastillas a base de aceite de cannabbis que vos tomás contra el dolor de espalda o usando la pomada que usás para las curaciones?

–A tanto no creo que ella llegue, pero el camino que se ha abierto en la sociedad a través de la información es enorme. Pasada esta primera etapa de aplicación de la ley, se deberá hacer una evaluación y ver que pasó y qué no pasó cuando nos enfrentamos a la realidad.

Todavía hay miedos, apunta Milton Romani. Y desconocimiento. Y resistencias. Pero también hay un camino abierto que se manifiesta en cosas a veces imperceptibles. Los presentadores de los noticieros de televisión, que hasta hace tres años hablaban de la marihuana como si fuera la peste y fruncían la boca como la abuela de Joaquín Fonseca, ahora dicen “cannabis” y esa simple inflexión, la incorporación al habla del término científico, es un gran cambio. Sin estridencias, a la uruguaya.

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Daniel Gatti

Licenciado en historia de la Universidad París VIII. Fue jefe de redacción de Brecha.

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