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Iceberg

Los primeros cien días

Una versión de este texto se publicó en el suplemento Ideas, de El País de España.

Tras los primeros cien días de la rebelión cívica que exige el fin de la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua vive momentos de profundo dolor y desgarramiento, y se aferra a la esperanza de un cambio democrático con justicia. El desenlace y sus plazos resultan impredecibles, pues aún son objeto de disputa en una enconada batalla política. Para Ortega, ubicado en la cúspide de la ola represiva, su única fecha de salida es 2022, al concluir su período presidencial; para el pueblo que sigue protestando en las calles, a pesar de la escalada de terror paramilitar, la salida es mañana y empieza con su renuncia a la Presidencia.

Nunca ha estado tan cerca la posibilidad de un cambio verdadero en este país, tan distinto al que era antes del 18 de abril, cuando iniciaron las protestas. Después de once años de dictadura institucional –amparada en un pacto con los grandes empresarios, sin democracia ni transparencia–, la irrupción de la nueva fuerza de los “autoconvocados” ha puesto en jaque al régimen de Ortega al abrir el camino inédito de una insurrección cívica, una que viene de abajo. Para los que militamos en la lucha contra la dictadura militar dinástica de los Somoza, el objetivo final entonces era la toma del poder con el derrocamiento de la dictadura y la Guardia Nacional, que se logró con el triunfo de las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln), el 19 de julio de 1979; la nueva revolución pacífica, en cambio, no se propone asaltar el búnker de El Carmen, sino lograr el cese de la represión, que quienes disparan contra el pueblo se rehúsen a seguir matando, para dar paso a reformas políticas en una negociación que culmine con elecciones libres en el plazo más corto posible.

El costo humanitario de este grito de libertad ha sido monumental, casi intolerable: más de 300 muertos, 2.000 heridos, más de 400 presos políticos y una emigración masiva de familias. La matanza, que se ha prolongado por más de tres meses, también redujo de manera irreversible la permanencia de Ortega en el poder. Cada día que pasa, sin justicia para las víctimas ni castigo a los asesinos, acorta su tiempo de gobierno, manteniendo algún grado de convivencia ciudadana. Tras el baño de sangre, documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los grandes empresarios que eran partidarios de mantener el statu quo y el secretario general de la oea, Luis Almagro, con el apoyo de 21 naciones del continente, han advertido la inviabilidad de que Ortega pueda mantenerse en el poder hasta 2021. Lo que está en debate son los términos en que pueden llevarse a cabo elecciones anticipadas, con o sin Ortega en la Presidencia, y cuál será el alcance de las reformas políticas que necesariamente deben preceder a esa elección.

Paradójicamente, Ortega luce más fuerte ahora que al inicio de las protestas, mientras la rebelión cívica atraviesa un momento de reflujo. El caudillo lanzó una ofensiva militar similar a la Operación Limpieza de Somoza durante la insurrección armada de 1978 y, una a una, atacó las barricadas en el suroriente, occidente, norte y centro del país, hasta arrasar con la Universidad Nacional Autónoma en Managua, y finalmente ocupar Masaya y el emblemático barrio indígena de Monimbó. Ganó una batalla militar contra un ejército inexistente de ciudadanos que resistieron con morteros caseros y armas hechizas, y que después se replegaron para evitar una masacre mayor. Ortega recuperó el control de ciudades y carreteras imponiendo la fuerza militar de ocupación; pero perdió la batalla política, más importante para un pueblo que, liberado del miedo, le arrebató las calles y ahora demanda que sea procesado ante la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad.

El siguiente paso de su estrategia fue una cacería, casa por casa, de los activistas y líderes de la protesta, con detenciones masivas y procesos de judicialización contra centenares de acusados de “terrorismo” y “golpismo”, que en su cálculo político representan, como prisioneros, una valiosa carta de negociación a futuro para lograr una amnistía en beneficio propio y de los suyos. Conocido por su pragmatismo, no se puede descartar que Ortega también se esté preparando para acudir a una negociación en las condiciones más favorables.

La subida de su apuesta incluye un ataque virulento contra los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica, la institución más respetada y con mayor credibilidad del país, que cumple el papel de mediadora en el Diálogo Nacional, y a la que Ortega pretende desplazar luego de haber solicitado su intervención al inicio de la crisis. Este rol sería en adelante desempeñado por el secretario del Sistema de Integración Centroamericana (sica), el guatemalteco Vinicio Cerezo, simpatizante político de Ortega –aunque los presidentes de la región no le han otorgado aún ningún mandato–. De paso pretende integrar al Diálogo Nacional a otro de sus antiguos aliados políticos, el Partido Liberal Constitucionalista del corrupto expresidente Arnoldo Alemán. En cualquier caso, un eventual diálogo o negociación que anule el rol de los obispos, como testigos y mediadores, simplemente no gozaría de aprobación ni credibilidad entre la población.

En consecuencia, la permanencia de Ortega en el poder solo puede prolongarse a punta de más represión, a costa de la pérdida de más vidas humanas y del acelerado deterioro de la economía por el desplome de la inversión privada. A su vez, los organismos multilaterales se debaten entre seguir desembolsando los créditos pactados o hacer eco de la condena mundial ante una dictadura sanguinaria.

En realidad, Ortega ya empezó a “gobernar desde abajo”, como en 1990, cuando entregó la Presidencia al perder las elecciones ante la candidata de la Unión Nacional Opositora (uno), Violeta Barrios de Chamorro, mi madre. La diferencia es que ahora lo hace a costa de la institucionalidad de su propio régimen. La estrategia que promueve el caos y el chantaje, con la toma de fincas y propiedades privadas de los empresarios que se le oponen, comenzó cuando desplegó las bandas paramilitares como su guardia pretoriana, lo que resulta inconstitucional, pues el Ejército de Nicaragua no puede permitir la existencia de grupos armados al margen de la ley. Estas bandas paramilitares representan el mayor peligro para la seguridad y estabilidad futura de Nicaragua y la región, de forma que su desarme y desmantelamiento, junto con la reforma electoral, son condiciones sine qua non para avanzar hacia una transición democrática pacífica.

En la acera de enfrente, una alianza inusitada, conformada por estudiantes universitarios, cámaras empresariales, el movimiento campesino y la sociedad civil democrática, desafía a la dictadura con marchas multitudinarias, paros generales y desobediencia civil. Esta alianza pluralista ya puede exhibir el logro extraordinario de haber puesto en la agenda nacional e internacional el imperativo de la democratización y la justicia. El proyecto de una dictadura dinástica en Nicaragua está muerto y enterrado. Sin embargo, para doblegar la estrategia de terror de Ortega, la Alianza Cívica debe primero transformarse en una verdadera coalición política capaz de convocar a una unidad nacional aún más amplia, para resistir y conducir una batalla política prolongada. Su tarea más urgente es demostrar que la salida de Ortega de la Presidencia no generaría un vacío de poder, y que existen mecanismos institucionales, incluso respetando la Constitución del régimen, que garantizan una sucesión pacífica y legal para dirigir el proceso de transición sin él.

Una genuina revolución pacífica solo puede triunfar ante un régimen de fuerza si se mantiene la presión de la rebelión cívica al máximo nivel, en sincronía con una mayor solidaridad internacional y una acción multilateral, incluyendo sanciones políticas y económicas efectivas que conduzcan al aislamiento total de la dictadura. Que la presión internacional y la presión cívica nacional converjan es fundamental. Por ello resulta imprescindible la reorganización de la Alianza Cívica y la Articulación de Movimientos Sociales, como una sola coalición con capacidad para diseñar un programa de transición y estrategias de lucha, y una conducción política ejecutiva.

Llegado a este punto de no retorno, en el que mayores niveles de represión del régimen se tornan intolerables para la existencia misma de la nación, el Ejército de Nicaragua tendrá que escoger entre sus lealtades personales y partidarias, y sus intereses institucionales y nacionales. Un dilema complejo para la cúpula militar, pero determinante para ahorrarle al país más dolor y derramamiento de sangre.

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Carlos F. Chamorro

Director de El Confidencial, uno de los diarios más importantes de Nicaragua. En mayo de 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, otorgado por Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot que otorga la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York.

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