En agosto de 2011, poco antes de ser elegido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro prometió reabrir el Hospital San Juan de Dios. Una rápida mirada a los hechos plantea serias dudas al respecto, especialmente en un punto: ¿cómo piensa resolver la situación de las más de cien personas que viven ahí?
El número es incierto. Un artículo de El Tiempo dice que son 159. Una de ellas, Edelmira Arias, calcula que podría tratarse de unas sesenta familias. Otros afirman que muchos se han ido y que en este momento podrían quedar un poco más de cien.
Trabajaban en el Hospital San Juan de Dios. Eran auxiliares de enfermería, encargados de mantenimiento, bacteriólogos... El 15 de noviembre de 1999 dejaron de pagarles y después quedaron en el aire cuando el hospital cerró sus puertas tras ser intervenido por la Superintendencia de Salud el 21 de septiembre de 2001.
Algunos perdieron sus casas, otros enfermaron, se separaron de sus familias, quedaron sin rumbo y no hallaron otra opción que irse a vivir donde antes trabajaban.
Desde entonces han tenido que adaptar sus vidas a consultorios y corredores; ahí han criado a sus hijos y han visto nacer a sus nietos; han repetido, casi naturalmente, “yo vivo en Salud Mental” o “en Cirugía Plástica”. Todo esto mientras siguen marcando tarjeta a diario para no correr el riesgo de que los despidan por incumplimiento del cargo, pues “sus relaciones contractuales no han sido suspendidas ni terminadas”, como advirtieron en circulares los directores Álvaro Casallas y Odilio Méndez.
Así, en el limbo, han pasado diez años de cierre. Mientras las salas están desiertas y las instalaciones y equipos se pudren entre el abandono y la lluvia, la historia de más de cuatro siglos del que fuera el mejor hospital del país se sigue escribiendo en escenarios jurídicos.
En 2002, mediante la Ley 735, el hospital fue reconocido como Patrimonio Cultural “por su valiosa contribución a la salud del pueblo y su extraordinario aporte científico”. En marzo de 2005 se declaró que el San Juan de Dios no existía como fundación y que se trataba de “un establecimiento de beneficencia del Departamento”, por lo cual no podía ser liquidado, como consta en una carta enviada por el procurador Edgardo Maya al entonces gobernador Pablo Ardila. Sin embargo, en el Acuerdo Macro de junio de 2006, el Departamento nombró una liquidadora “para que elaborara corte de cuentas en materia de salarios, prestaciones, pensiones y otras obligaciones”. Algunos trabajadores consideran injusto e ilegal ese proceso y sienten que aún se les debe; otros demandaron y corrieron con mejor suerte. En 2008, el San Juan fue incluido en el programa de Patrimonio “Siga, ésta es su casa”, y a través de recorridos guiados algunos visitantes de domingo pudieron asomarse a la situación actual del hospital. Ese mismo año, la sentencia su-484 de la Corte Constitucional reconoció que “el mínimo vital de los ex trabajadores se había visto comprometido”, pero también resolvió que su liquidación había sido efectiva. En mayo de este año, un fallo del Juzgado 42 ordenó a la liquidadora Ana Karenina Gauna “suspender todo proceso de liquidación, venta, enajenación o entrega, a cualquier título”. El mes pasado, la Corte rechazó las solicitudes de nulidad y ratificó la sentencia SU-484; tras esa decisión, algunos trabajadores sienten que poco a nada les ha quedado por hacer. Puntos suspensivos.
Ahora, a pesar de la promesa de Gustavo Petro, el futuro continúa siendo incierto y, por lo pronto, para los protagonistas de los testimonios que siguen, ésta es su casa.
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