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El Malpensante

Crónica

Lo insustituible

Tras la firma de los acuerdos de paz y la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la calma en la región del río Guayabero, en el sur del Meta y el norte del Guaviare, hoy no existe. Quienes se acogieron a la sustitución de sus cultivos, en la orilla del Meta, dicen que el gobierno los embaucó; mientras que quienes no firmaron esos acuerdos, en la orilla del Guaviare, optaron por organizarse y sacar del territorio a la fuerza pública. En ambas orillas hay miedo y rabia. En ambas hay enfrentamientos de la población civil con la policía y el ejército. En ambas presionan los grupos al margen de la ley.

Fotografías de María Alejandra Gómez.

Se llama Alfredo.

Para llegar hasta su casa, en la vereda El Danubio, perteneciente al municipio de Puerto Rico, Meta, hay que recorrer una trocha que se filtra entre pastizales con brochazos de selva, atravesar el río Ariari en planchón, pasar puentes improvisados de madera y tragar polvo rojo mientras se avanza en una moto.

La casa es una construcción de tablas, en la que todo es áspero, desgastado, precario: un catre viejo, un toldillo, una cocina de leña, tres ollas ennegrecidas, una letrina. Alfredo la levantó hace un año, porque antes vivía un poco más adentro, a diez minutos a pie, en territorio del Parque de la Macarena. Al comprometerse con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), también tuvo que salir de la zona de reserva forestal y comenzar a trabajar en tierra ajena, arrendada, hasta que logró conseguir este lote y puso manos a la obra en lo que sabe: hacer que broten plantas del suelo. Con los primeros dos pagos del PNIS –los únicos que recibió– consiguió insumos y semillas de maracuyá, cacao y plátano. Aró la tierra, sembró las semillas, construyó un sistema de tutorado –palos conectados con alambre, de los que se pueden agarrar las enredaderas del maracuyá–, regó el terreno, lo abonó. Vio germinar sus plantas. Las vio morir.

Detrás de la casa está la hectárea que cultivó. Pasamos por debajo del alambrado que aún sostiene unas pocas enredaderas del maracuyá. Alfredo jala un fruto y lo desprende con facilidad. El maracuyá en su mano es una esfera irregular y pecosa. La piel de la fruta tiene un tono amarillento interrumpido por costras de color marrón. Alfredo la hace girar entre los dedos y se queda mirándola. Resopla, baja la mano, sus dedos aflojan y el maracuyá cae a la tierra revuelta. Alfredo baja la cabeza y escupe. Se pasa el dorso de la mano por la boca, levanta la mirada y contempla, al fondo, sus bienes terrenales: una parcela arrasada, las plantas del plátano encorvadas y con un tono negruzco en las hojas, el cacao seco. Entonces hace su inventario:

–Todo esto ya ha perdido la flor, el grajo manchó el fruto y ya no sale bueno para el comercio. Al plátano le cayó sigatoka. El cacao se secó. No tengo plata para comprar los insumos, para abonar esto, para veneniarlo. Me confié del acuerdo que se hizo con el gobierno y dije: “Pues voy a recibir cada dos meses el bono alimentario de dos millones; de ahí sobrevivo, compro mi remesa y puedo atender mis matas”. Pero ya ve usted mismo.

Alfredo camina por el terreno. Bajo las botas de caucho cruje la hojarasca seca. El hombre cuenta que en una hectárea como esta podía cosechar cada dos meses entre 200 y 250 arrobas de hoja de coca, que le representaban cuatro millones de pesos. Con eso tenía más que suficiente para girarles una mensualidad a sus hijos en Bogotá y para mantenerse, pero decidió cambiar ese ingreso “cómodo” por una vida más tranquila. Al final, dice, no tuvo dinero, ni tampoco tranquilidad; tuvo hambre. Luego, para demostrar lo que cuenta, nos dirigimos a la casa y allí, en la cocina, muestra el mercado: una bolsa de harina de maíz para la arepa del desayuno; un plátano, una yuca y un cubo de sustancia de gallina para lo que él llama, con algo de optimismo, el sancocho del almuerzo, y un bloquecito marrón para la aguapanela de la noche.

–Valía la pena salirse de los cultivos de uso ilícito, porque de pronto uno indirectamente le hace daño a mucha gente. Pero yo pienso que si el Estado no me cumple, yo vuelvo a trabajar con la coca.

 

***

 

Alfredo, uno de los muchos campesinos que le apostó al programa de sustitución y quien por los incumplimientos del Estado ha perdido hoy sus cultivos lícitos.

Se llaman Abraham, Luis Daniel y Fabián.

Los tres forman una especie de comisión que viene en representación de la comunidad. Los tres son tipos silenciosos, de piel parda y ojos que nos miran, a Alejandra –la fotógrafa que me acompaña– y a mí, con desconfianza.

A las diez de la mañana, Puerto Rico es un pueblo que parece apenas habitado: casas de colores pálidos y una sola planta, calles anchas sin carros, una plaza central solo con un vendedor ambulante, un sol que irradia furia y una brisa que no alcanza a ser un soplo asmático. Abraham, que junto a sus compañeros aguanta el calor sentado en una silla de plástico del restaurante de doña Eva, dice, mientras estrella el índice contra la mesa, una, dos, tres veces –una por cada sílaba–, que están “jo-di-dos” porque los acuerdos de sustitución no se cumplieron:

–Llegamos a unos acuerdos en los que nos comprometíamos a sustituir y el gobierno se comprometía con ayudas, pero al mes o a los dos meses el gobierno intentó erradicar por la fuerza –dice con su voz aguda y se queda mirándome fijo con esos ojos que apenas parecen arrugas a lado y lado de una nariz en picado.

Entonces saca un celular del bolsillo y deja el aparato sobre el centro de la mesa. En la pantalla se reproduce un video que muestra soldados disparando al aire y campesinos que les gritan. La comunidad avanza enardecida y el ejército se ve sobrepasado por la multitud. Los campesinos capturan a un soldado y exigen que se cumpla lo pactado en el PNIS. Abraham aparece en cámara y dice que el Estado los ha obligado a tomar “vías de hecho”, pues si les arrancan la coca no pueden acceder a los beneficios del plan de sustitución, y reclaman una comisión del gobierno para liberar al soldado. Luego, el secretario privado de la Alcaldía de Puerto Rico media entre la comunidad y los militares, les expresa a los campesinos que no es correcto lo que hicieron, pero también les recuerda a los militares que deben cumplir lo que se pacta con las comunidades, “porque es muy difícil que a la comunidad se le esté diciendo una cosa y se le esté haciendo otra”. Eso sucedió en mayo de 2017, justo cuando se acordaba la sustitución voluntaria.

Una vez termina el video, Abraham pone otro muy parecido. Es de julio de 2017. Las ráfagas de las metralletas no cesan y hay nubarrones de gas lacrimógeno. Esta vez es la policía la que retrocede y la turba captura a uno de los oficiales. El policía está asustado por las hojas de los machetes que los campesinos blanden muy cerca de su cara. Los hombres reclaman que la sustitución sea voluntaria como la acordaron en el PNIS. Uno de ellos profiere una amenaza y, dirigiéndose a la cámara, dice que si no les atienden su reclamo el policía va para “el hueco”.

Enseguida, Luis Daniel, que está sentado a la izquierda de Abraham, se inclina y cierra los puños sobre la mesa:

–Cuando mandaron al ejército les capturamos un soldado, cuando mandaron la policía también les capturamos un policía. Uno no se siente orgulloso de eso, pero tocaba. Y se dieron cuenta que el pueblo es el que manda.

En este lugar, que entre 2006 y 2010 fue el municipio con la mayor cantidad de homicidios del Meta –se contaron 340 muertos–, y en el que además se vivieron décadas de guerra, las posibilidades que brindaban los acuerdos de paz con las FARC y la implementación del programa de sustitución fueron entendidos como la puerta de entrada para establecer una nueva vida. Eso era lo que se esperaba, eso era lo que vendía el marketing oficial. Por eso, en 2017 se inscribieron 939 familias al PNIS, casi el 20% de la población del municipio, que producía la tercera parte de la coca del departamento. El trato era más o menos sencillo: si la gente arrancaba sus matas, el gobierno daría por familia seis pagos bimestrales de dos millones de pesos para que se sostuvieran durante la transición; 1.800.000 más para una huerta casera, y otros nueve millones para un proyecto de ciclo corto y de ingresos rápidos, como avicultura o piscicultura. Además, durante el segundo año, se invertirían diez millones de pesos por familia en proyectos productivos y asesoría técnica.

Pero de todo eso hubo poco. No solo el ejército y la policía trataron de erradicar los cultivos por la fuerza a pesar de lo pactado, pues no hubo suficiente coordinación entre las estrategias de erradicación forzada y la sustitución, como lo afirmó la Fundación Ideas para la Paz en su informe de abril de 2019. Después de que los campesinos cumplieron con su parte –entre el 90% y el 95% de los cultivadores en esta región lo hicieron a cabalidad, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito–, los compromisos del gobierno se convirtieron en humo: los más afortunados alcanzaron a recibir cuatro de los seis pagos bimensuales –el último en enero de 2019– y los proyectos productivos andan a medias, sin asesoría técnica, o sencillamente nunca arrancaron. Y eso se debió a varias razones, pues por un lado las disidencias de las FARC impidieron o dificultaron las labores de verificación –que se detuvieron entre febrero y septiembre del año pasado a causa de las intimidaciones–; hubo casos de personas que quisieron colarse en el programa sin ser cultivadores de coca, por lo que varias familias fueron suspendidas mientras se hacía la revisión, los recursos del programa se están quedando cortos y el Estado en general ha sido lento en la implementación. Y todos esos retrasos terminaron por poner a los campesinos en la cornisa, pues pasaron de contar con unos ingresos regulares producto de la coca a no tener prácticamente con qué comer, ni tampoco opciones para trabajar. Entonces llegó el hambre y con ella la desesperación. Y ahora la calma tiene la fragilidad del papel quemado.

Fabián, el último de los tres hombres con los que hablo, y quien ha mantenido la mandíbula apretada como una trampa durante la mayor parte de la conversación, finalmente abre la boca:

–¿Cómo se van a burlar de nosotros así? No solo lo digo por los pagos, sino porque se tenían que invertir diez millones en proyectos productivos por cada beneficiario. En cambio, la semana pasada vinieron y nos entregaron unas vainas que ni poniéndolas caras valen tres millones de pesos.

–¿Qué les dieron? –le pregunto.

–Nos entregaron la máquina picapasto de 220 voltios, pero en el territorio no tenemos luz; una cantina para leche, supuestamente de acero inoxidable, que se mohosea; una bomba para fumigar que no sirve para nada, totalmente desechable, y dos novillas de vientre que resultaron ser unas terneras de solo 150 o 170 kilos y que ni siquiera son de una genética de ganado lechero.

Fabián, que también es delegado de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), fue uno de los promotores del proceso de sustitución voluntaria, le apostó al programa y ayudó a convencer a varios de sus paisanos de dejar los cultivos ilícitos. Hoy se siente embaucado y responsable ante su comunidad de un acuerdo que los dejó sin el pan y sin la coca.

 

***

 

Fermín Oviedo en El Templo de Marx.

Se llama Ana María Guevara.

Está a la cabeza de la Secretaría Social y de la Mujer del municipio. Es joven, tiene una voz fina que se hace temblorosa en el momento en que recuerda que vivió en Puerto Rico hasta los seis años de edad –ahora tiene 34–, cuando asesinaron a su padre y a su abuelo, y la desplazaron a ella y al resto de su familia. Volvió hace un año y medio para ocupar su cargo en la administración municipal y durante este tiempo ha visto cómo el optimismo incentivado por el PNIS se convirtió en la desesperación de hoy.

Sentada detrás de un viejo escritorio de madera y mientras el aire acondicionado emite un ronroneo intermitente, dice que si bien el programa de sustitución funciona sobre el papel, en la implementación falla, pues los retrasos en los pagos y en el acompañamiento técnico lo tienen al borde del colapso. Advierte que una problemática social está a punto de estallar.

–El programa debió haber sido un engranaje, un todo articulado. El primer pago debió ir con acompañamiento psicosocial; el segundo, con acompañamiento técnico-productivo. Obviamente estaba estructurado de una manera, pero cuando el gobierno lo llevó a la práctica... No sé. Además, el cambio de presidente también lo afectó muchísimo. Uno le desea la mejor suerte y sabiduría al nuevo presidente, pero no comparto que se hubiesen presentado tantos retrasos. Acá la gente se alborotó.

El informe de la Fundación Ideas para la Paz afirma que “los rezagos en la implementación de los componentes del PNIS son evidentes. El plan inicial era que se comenzaran a desarrollar a partir del segundo pago, es decir, desde el tercer mes. Sin embargo, la asistencia técnica comenzó, en promedio, con cinco meses de retraso, mientras que el autosostenimiento ha tenido diez meses de retraso y los proyectos de ciclo corto, dieciséis meses”.

Ana María aclara:

–La gente se alborotó porque tiene hambre. Todos saben que la salida al conflicto son los cultivos lícitos, pero en la medida en que ven que hay atrasos, se desmotivan y mantenerles la moral arriba es difícil.

–¿Antes era distinto?

–Antes la gente sacaba un kilo de coca y tenía para la comida del mes. Ahora no, apenas si comen arroz. Créame que uno mira a los niños y le da mucha tristeza. Y ahí es cuando los grupos disidentes se empiezan a aprovechar.

–¿Aprovechar cómo?, ¿reclutando gente?

–Pues vea, aquí todavía hay temor al reclutamiento forzado, eso todavía existe. El año pasado tuvimos dos alertas, pero no se dieron positivos.

–¿Las disidencias de las FARC son las que están entrando al territorio?

–No solo son las disidencias de las FARC. También hay otros grupos que se disputan el narcotráfico. Por ejemplo, aquí han llegado comunicados de las Águilas Negras y hace poquito llegó uno del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, un grupo paramilitar que se consideraba desmovilizado. Uno sabe que los grupos están ahí, como esperando. Es como esa falsa calma, y uno se pregunta qué están esperando: ¿que el programa falle?, ¿que alguien falle para ellos volver a apoderarse de todo?

–¿Y qué pasa si el programa de sustitución no funciona?

–Para mí, si en estos momentos no se piensa en un plan B para subsanar lo que ha sucedido, llegará el momento en que la gente volverá a sembrar coca, o se generará un conflicto mayor.

 

***

 

En la cartelera, un resumen de los principales asuntos que preocupan a la población de Puerto Cachicamo.

Se llama Elisa.

Es una líder campesina de Puerto Concordia, un municipio vecino a Puerto Rico, y dice esto:

–Yo creo que ahorita se disparan las siembras de coca, porque sí o sí, aquí toca subsistir.

También dice que los campesinos, cansados de los incumplimientos y de la presión de los grupos armados –legales e ilegales–, organizaron una guardia para protegerse. Que quieren expulsar a la fuerza pública del territorio porque desconfían de esta. Que río abajo –adonde nos dirigimos– ya son varias las veredas que se han unido, que se negaron a acogerse al programa de sustitución, y que cada vez son más los hombres y mujeres dispuestos a defender sus tierras y sus cultivos, armados de garrotes y machetes.

Por estos días, Elisa vive en San José del Guaviare, una ciudad pequeña, caliente y densa en la que todo parece amontonado: las calles, las casas, los carros, las motos, el comercio. Concreto y polvo. Y un sol asfixiante. Allí conversamos, en un restaurante y bajo el soplo de un ventilador que gira con desgano.

Elisa es una mujer negra y maciza que llegó del Cauca hace varios años, cuando era niña, y que vivió de la coca hasta hace poco tiempo. Cuando habla, sus pulseras y aretes tintinean. Está arreglada con lo mejor que puede comprar la escasez: una blusa blanca sin mangas y de tela brillante, un jean desteñido a propósito, unas sandalias con herrajes dorados y una pañoleta en la cabeza que sostiene una multitud de trenzas delgadas y largas.

Nos da –a la fotógrafa y a mí– algunas instrucciones para llegar hasta Puerto Cachicamo, el lugar donde nació la Guardia Campesina a finales del año pasado. También algunos consejos para el viaje y, más tarde, nos acompañará a comprar los pasajes para ir en lancha y nos recomendará con el lanchero, pues más abajo los forasteros no siempre son bienvenidos y menos por estos días en que las disidencias de las FARC declararon, mediante un comunicado a principios de abril, que por el río Guayabero no podían circular personas ajenas a las comunidades.

Luego de un rato de conversación nos habla de su familia: de su hijo que está dejando la adolescencia y con el que juega fútbol, de su sobrino que hace poco decidió irse a la guerrilla, de sus hermanas, de su madre. Nos muestra fotos.

De pronto algo se enturbia en su rostro y nos cuenta que a su padre lo mataron el año pasado, a finales de 2018. Nos dice que nos va a mostrar algo. Las aspas del ventilador en el techo se mueven lentamente y apenas producen una corriente de aire tibio y húmedo. Es más vapor que brisa.

–Es esta –dice mientras se acomoda de medio lado en la silla y pone la pantalla frente a mis ojos.

En la foto hay un muchacho negro que sonríe. Tiene unos 16 o 17 años. También tiene cara de buen chico.

–¿Quién es? –pregunto mientras espanto las moscas que sobrevuelan las sobras del almuerzo.

–El muchacho que mató a mi papá. Un pelaíto, ¿no?

Elisa pasa tres fotos más y luego nos acerca la pantalla: un hombre yace en el asiento trasero de un automóvil. Con el pulgar y el índice amplía la imagen: la cara del viejo con manchas rojas en la nariz y en la boca, con trozos de vidrio en el pelo entrecano. El cadáver recién abaleado de su padre.

–¿Ya denunció al pelado? –pregunto.

–No. No lo voy a hacer.

–¿Entonces?

–La que me interesa es mi madrastra.

–¿Su madrastra?

–Ella fue la que lo mandó matar –dice y vuelve a la foto.

–¿Y cómo sabe?

–Eso se sabe.

–¿Y qué va a hacer?

–Lo que toque hacer.

La mujer mira la foto un rato más  y luego se voltea hacia mí. Acomoda las delgadas trenzas que se derraman sobre sus hombros. Alza la cabeza para mirarme.

–Mentiras –dice mientras esfuerza una sonrisa contrita.

Las moscas aterrizan en el plato; en un antebrazo y un pómulo de Elisa. Las moscas se frotan las patas.

 

***

 

Maracuyá, la fruta de la discordia.

A la mañana siguiente nos dirigimos a Puerto Cachicamo. La lancha, a la que llaman la Voladora, remonta el río impulsada por un potente motor fuera de borda Yamaha V6 de 200 caballos de fuerza. Es una embarcación sencilla, con techo de plástico y cinco bancas que pueden dar cabida a cuatro o cinco viajeros cada una. Sin embargo, solo vamos ocho personas y el piloto; el resto de espacio es ocupado por varias cajas de cartón repletas de víveres.

Después de unos pocos kilómetros, el río Guaviare se vuelve una lengua bífida: hemos llegado al punto de unión de los dos afluentes que lo forman –el Ariari y el Guayabero–. Subimos por el Guayabero. La lancha transita por corredores donde piedras enormes forman murallas que, por casualidad geológica, parecen emular la arquitectura inca. Luego viene la selva, la Amazonía en pleno, con tal densidad de árboles que estos forman un bloque cerrado y verde. Por allí nos deslizamos, por un paisaje invariable que apenas es interrumpido por caseríos iguales: pobres, agrietados, pequeños. O por los tres retenes flotantes de la Armada que también son idénticos: lanchas piraña bien artilladas, soldados jóvenes provistos con fusiles Galil recién estrenados, como ellos. Todos hacen las mismas preguntas con el mismo tono hosco: ¿para dónde van?, ¿de dónde vienen?, ¿qué van a hacer allá?

Después de seis horas, la última parada es en el corregimiento de Puerto Cachicamo. Basta poner un pie en el lugar para ver los rastros de lo que ha sucedido: el puerto es una plataforma de madera y metal que quedó medio hundida luego de los enfrentamientos con mortero entre el ejército y la guerrilla, ocurridos entre 2002 y 2005; las escaleras de concreto también están parcialmente destruidas, y las viviendas que se alzan sobre la orilla tienen los vidrios quebrados –las que tienen– y parecen abandonadas.

Arriba, el pueblo es un lugar silencioso. La gente se asoma por las ventanas de las casas de tabla y se oculta, la gente mira y da media vuelta. En la calle las personas son pocas y no quieren tener nada que ver con el que llega. Caminamos por ahí con la fotógrafa. Preguntamos por Fermín, el líder campesino que ha quedado en recibirnos, y obtenemos pocas respuestas. Alguien levanta el brazo y señala un punto inexacto unas calles más allá; otro encoge los hombros. No hay señal de celular. El pueblo es chico, son solo seis cuadras de largo por cinco de ancho, algunas casas de concreto, otras de madera, una escuela, tres tiendas, una pensión, calles destapadas. Una moto pasa y el conductor nos mira. Luego pasa otra. Las miradas no son amables. Es inquietante estar perdido en un lugar tan pequeño. Es más inquietante saber que aquí no nos quiere la guerrilla, ni el ejército, ni la gente. Siento cómo en mi interior se eleva la paranoia.

Al cabo de una hora, Fermín aparece. Nos dice que se distrajo viendo una película de terror. Nos encontramos en el centro del pueblo, frente a un pequeño parque sin niños. Fermín viene acompañado de Julio. Fermín es joven. Julio es viejo. Entramos en una tienda y nos sentamos en una mesa.

Son las seis de la tarde y los dos hombres nos cuentan las últimas noticias de la región: hace una semana la Guardia Campesina enfrentó a la Infantería de Marina cuando esta intentó entrar en Puerto Nuevo, una vereda que queda a unos pocos kilómetros. Según ellos, los soldados dispararon ráfagas de advertencia a la comunidad, que les impedía su ingreso.

–Los marinos le echaron plomo a los guardias y a la comunidad, y un guardia le metió un garrotazo a un marino por acá –dice Fermín y con el índice traza un arco sobre la frente–. A lo último los obligaron a irse. Se van porque se van.

–Echarle un tiro a la Guardia es como echarle la madre. Es ofensivo cuando alguien está protestando y le queman un tiro. Entonces uno dice: “Pues nos matan o algo hacemos” –añade Julio con lo que parece una sonrisa apretada, incómoda.

Ambos contribuyeron a la fundación de la Guardia Campesina en diciembre de 2018; están convencidos de que deben cuidar y patrullar el territorio, y regular a los mismos campesinos. Las matemáticas son sencillas: se negaron a participar en el plan de sustitución de cultivos ilícitos porque aquí la coca es prácticamente el único modo de subsistir, y porque los incumplimientos en lugares como Puerto Rico no fueron una publicidad muy alentadora.

Esa suma de factores produjo como resultado la decisión de establecer la Guardia Campesina, un grupo de hombres y mujeres que, se supone, defienden el territorio y las comunidades de la región del río Guayabero –aunque por ahora solo hacen presencia en ocho veredas cercanas a Puerto Cachicamo–. Que, se supone, harán cumplir las normas básicas de convivencia y velarán por los recursos ambientales y la posesión de la tierra. Que, se supone, no dejarán entrar a nadie armado ni permitirán el establecimiento de bases o puestos de control militares en tierra firme. Y todo eso, por supuesto, produce tensiones con el ejército y la policía, que ya fueron desalojados.

–El Estado no lo ha mirado con muy buenos ojos. Ellos dicen que esto es un foco de guerrilleros, que son guerrilleritos los que se están formando –dice Julio.

 

***

 

Al interior de una piraña de la Armada Nacional.

Llamarse Fermín Oviedo es peligroso.

En noviembre de 2018, los habitantes de Puerto Cachicamo marcharon para protestar contra el asesinato de pobladores, que sospechosamente coincidió con la presencia del ejército. También contra los planes de instalar una base militar en el territorio –cosa que finalmente no ocurrió y que el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, negó públicamente–. El grupo, compuesto por decenas de estudiantes y campesinos, se encontró con los soldados y la situación se volvió, cuando menos, tensa. Un coronel de apellido Cruz encaró a la comunidad y preguntó quién había organizado la manifestación. En coro, la comunidad respondió que “todos” y luego el coronel llamó directamente a Fermín Oviedo, le pidió que lo saludara y le dijo que la protesta era una payasada y que él era un payaso por movilizar a la gente. Enseguida los ánimos se calentaron: Fermín le respondió que esa clase de señalamientos habrían dado pie a que la tropa lo amenazara pues le llegó el rumor de que “apenas diera papaya lo iban a asesinar”. El coronel negó tales amenazas y, entre los reclamos de la gente, le dio un consejo extraño a Fermín: “Vaya y hágale el amor a su esposa. Aproveche el tiempo”. Todo eso se puede ver en YouTube en un video titulado “Líder social de Puerto Cachicamo (Guaviare) en peligro”.

Ahora Fermín arrastra una silla de plástico y se sienta en el zaguán de la pensión del pueblo. Si el día es silencioso en Puerto Cachicamo, la noche es ruidosa. En la oscuridad cerrada como una cúpula negra, el aire se carga con el ruido de los grillos y las ranas. Luego se suma el de la lluvia. Entonces los sonidos se funden en una cosa densa y uniforme, como la estática de una radio a todo volumen. Fermín mira llover. Las gotas marcan líneas punteadas bajo la luz quemada de una farola. Él cuenta que a los trece años empezó a trabajar como raspachín, que era un buen raspachín; que en La Macarena, Meta, donde nació, él era una “bomba”, como les dicen a los mejores recolectores de hoja de coca. Luego cuenta que tiene dos hijas y una compañera que también está en la Guardia. Dice que leyó a Lenin y a Marx. Habla de los pobres y los ricos, de los campesinos y el poder. Recuerda que empezó a trabajar en la junta de acción comunal hace diez años y que ha liderado varias protestas para exigir los derechos de la comunidad. Cuenta que se siente amenazado. Que, hace un año y medio, uno de sus paisanos le escuchó decir a un “sijineto” –un miembro de la Sijín– que “a ese hijueputa no lo podemos echar a la cárcel porque no tenemos cómo. La única que nos queda es matarlo y tras de eso estamos”. Que una cosa parecida escuchó otro líder campesino hace unos pocos meses, pero que esa vez se trataba de una conversación entre un par de soldados. Aunque también aclara que de esas amenazas se ha enterado por terceros y que no ha recibido ninguna de manera directa.

Un sapo grande, verde y feo espera en una esquina y con un movimiento rápido caza un insecto que se descuida. Lo traga de un bocado.

No hay metáfora en ello, pero Fermín lo mira mientras habla. Dice:

–¿Miedo? No. Si a uno lo matan por hacer el bien, pues buen muerto será.

Luego parece contradecirse:

–La vez pasada me caí y me rompí este hueso –señala el antebrazo izquierdo, que se hunde de una manera extraña y dolorosa antes de la muñeca–, y no pude ir a San José para que me revisaran.

–¿Por qué?

–Porque no quiero que me maten.

 

***

 

Casa en Puerto Cachicamo.

Son las nueve de la mañana y la luz del sol cae en grumos dispersos al filtrarse a través de las copas de los árboles. Caminamos con Fermín por la selva de El Silencio, una vereda que queda a diez minutos en lancha desde Puerto Cachicamo.

Aquí la gente vive de una sola cosa: la coca. Cada familia tiene una o dos hectáreas cultivadas, y la mayoría también cuenta con un laboratorio para procesar la pasta. De modo que es frecuente encontrar claros en la jungla con pequeños sembradíos de pringa maría, caturra o amarga, que son variedades de la planta.

Luis, un hombre de estatura baja, sin dientes y con el pelo largo y canoso, nos muestra su hectárea. Dice que está bonita y sonríe orgulloso. Las matas de coca se elevan hasta la altura del pecho y de las ramas brotan frutos de un rojo intenso que se parecen al ají. Arranca uno. Lo mira. Explica con una voz suave –poco más que un susurro– que esta, la pringa maría, es la más rendidora porque produce mayor cantidad de alcaloide.

–Una hectárea da por ahí dos kilos de pasta. Nosotros mismos procesamos la pasta. Dos kilos salen de cien arrobas de hoja. Dos kilos se venden en cuatro millones.

Luis se saca el desgastado sombrero de la cabeza, se acomoda el pelo gris y sudado. Luego señala en dirección a los árboles.

–Uno tiene su laboratorio en la casa o cerca al tajo. El de aquí está como a doscientos metros.

En esta vereda se cultiva coca, se procesa la pasta y luego se vende o se intercambia. Un “chichipato” –un comprador de pasta– paga el gramo a 2.200 pesos, pero cuando se canjea por productos en el pueblo ese mismo gramo equivale a 2.000 pesos. Así que si no hay efectivo, con tres gramos se paga una libra de arroz o un corte de pelo o el jabón para la ropa. Por eso hay laboratorios en todas partes, que no son otra cosa que cambuches –les llaman “cambullones”– escondidos en la vegetación. Apenas seis vigas que sostienen un techo de zinc, normalmente camuflado con ramas, en donde se guardan los insumos: petróleo, cal, cemento, amoníaco, ácido sulfúrico y, claro, hoja de coca.

Guillermo, otro de los campesinos de la vereda, nos explica el proceso “culinario” que se lleva a cabo en su laboratorio. Mientras revuelve con un palo largo la mezcla contenida en una caneca azul, nos cuenta que primero pica la hoja y le agrega cemento, luego la deposita en una de las canecas y agrega el petróleo, después filtra la mezcla vaciándola en otra caneca, le adiciona los demás químicos y vuelve a filtrar. Al final queda lo que él llama “guarapo”, un líquido espeso y amarillento que finalmente cuece en una olla hasta que resulta la pasta.

El olor es insoportable, un vapor que produce jaqueca y náuseas, pero la economía no da para otra cosa: o se produce pasta de coca o se muere de hambre. Y Guillermo sostiene a sus dos hijos, a los dos hijos de su compañera, y a ella misma.

–Si le erradican las matas, pues uno queda sentado.

Es por eso que uno de los propósitos de la Guardia es no permitir la erradicación en tanto no existan alternativas viables a los cultivos ilícitos. Además se ha propuesto salvaguardar la tierra perteneciente a los hombres y mujeres que habitan el territorio, pues con la ampliación de las zonas de reserva forestal –el Chiribiquete hacia el sur y La Macarena hacia el norte– corren el riesgo de ser expulsados. Lo curioso, nos explicará más tarde Fermín, es que buena parte de quienes viven en esta región llegaron en la década de los sesenta en una ocupación promovida por el mismo Estado, que no solo ofreció créditos a través de la Caja Agraria a los que quisieran venir a tumbar monte y asentarse, sino que incluso transportó a muchos de esos colonos.

Mientras caminamos de regreso hacia Puerto Cachicamo, Fermín encuentra un tubo metálico en el piso. Es material sobrante de la construcción de una casa. Lo levanta, lo estudia durante un instante y dice que con ese tubo podrían fabricar un “chispún”, o sea una escopeta hechiza.

–A un metro de este tubo –dice mientras imita con la mano el movimiento de una segueta para cortarlo– se le adapta un palo, se le abre un hueco para meter el balín y se prende la pólvora con cabuya. Eso lo usaríamos para bajar los drones.

 

***

 

En promedio, en la vereda El Silencio, cada familia tiene una hectárea sembrada con coca y un laboratorio de procesamiento.

En Puerto Cachicamo hay fiesta. Se juega un torneo de microfútbol entre las distintas veredas, y en la plaza hay varios altoparlantes de los que brota el sonido arrebatado de los corridos que hablan de raspachines, de guerra, de cargamentos, de fortunas, de lujos. De todo lo que tienen y de todo lo que no tienen. También hay cerveza y aguardiente. El pueblo moribundo de ayer es hoy un resucitado brioso. Fermín sigue la música con el pie y cuenta que, a falta de Estado, ellos tienen que unirse para mejorar sus condiciones de vida, y que por eso hacen este tipo de eventos con los que recogen fondos para arreglar –en este caso– la trocha que en invierno se vuelve intransitable.

Luego caminamos hacia su casa, donde se cambia y se pone una camiseta y una gorra en las que se lee Guardia Campesina. En la mano lleva el bastón de mando. Nos sentamos en un andén frente a una cantina de su propiedad, que por estos días está cerrado. El bar se llama El Templo de Marx y está decorado con retratos de ese filósofo, del Che Guevara y de Fidel Castro. Fermín dice que le gustan las ideas revolucionarias, pero que la revolución no funcionó, que las FARC firmaron los acuerdos y se olvidaron de ellos.

–Los comandantes de las FARC negociaron, pero ellos no tienen ni idea de cómo vive el campesino acá. Ellos cobraban su impuesto de coca y de otras cosas, y peleaban por allá, pero no vivieron lo mismo que nosotros.

–¿Extrañan a las FARC? –le pregunto.

–Sí y no. Antes de la desmovilización el problema era estar en medio del conflicto, porque aquí hubo muertos y heridos. Aquí había días en los que teníamos que meter la cabeza debajo de un colchón porque se escuchaban bombas y tiros por todo lado. Era una zozobra muy tenaz. Pero la guerrilla también protegía en cierta medida los campos, no dejaba que nos quitaran la tierra, y ese es un factor por el que ahora algunas personas pueden pensar en tomar las armas.

–¿Hay personas que están tentadas a unirse a un grupo armado?

–Pues es que entre más apriete el gobierno... El gobierno mismo es el que canaliza que la gente tome determinaciones. Un ejemplo: vienen a fumigar la coca, que es el sustento, que es el bienestar de la gente. Entonces, ¿qué hace la gente si les fumigan todo y no les queda nada? Tomar una determinación. Ahora, yo digo que yo no empuño las armas porque no me gusta, porque es mejor liderar a la gente para hacer cosas, para manifestarnos, para hacer una petición.

–¿Y los demás qué dicen?

–Habrá algunos pocos compañeros que de pronto piensan que la solución pueden ser las armas. Yo a ellos les digo que aquí en Cachicamo había más de 200 militares que iban a instalar una base militar, y si aquí hubieran llegado mil guerrilleros a echarles plomo para sacarlos, pues nunca los hubieran sacado. Ahí estaría el ejército. Pero fuimos los campesinos los que hicimos un trabajo popular y los sacamos, y ya van seis meses en los que no han aparecido. Un pueblo organizado es capaz de enfrentar a cualquier ejército y lo derrota. Nosotros nos mantenemos en que la solución no es armarnos, sino fortalecer a las comunidades organizativamente.

–Pero ser líder en este país también tiene muchos riesgos...

–A los líderes nos montan una persecución para matarnos o para judicializarnos y que no molestemos más. Si usted hace las cosas pacíficamente, también le está poniendo el pecho a una bala. Es una situación muy berraca.

–¿Y la Guardia va a proteger al campesino que tiene su cultivo de coca?

–Sí, y todo lo que las comunidades tienen en su territorio, porque la coca es el plato de comida de la gente. No podemos dejar que acaben la coca sin antes tener una respuesta del Estado. Primero nos arreglan las vías, nos dan las soluciones y ahí sí arrancamos las matas.

–¿La Guardia Campesina no podría terminar convertida en un movimiento armado que confronta al Estado?

–No, porque la Guardia no tiene actores militares y no tiene vínculos militares, es totalmente civil. La Guardia nunca podrá superar a las fuerzas del Estado y por eso la confrontación no nos conviene, porque si usted tiene un fusil y yo un pedacito de palo, pues qué me voy a enfrentar a usted. Pero tampoco usted me va a poder disparar a mi porque yo estoy desarmado. Entonces nos mantenemos en el objetivo de tener máximo un bastón y una peinilla.

Sin embargo, un rato después, Fermín reconoce que en la Guardia han aprendido a armar papas bomba, bombas incendiarias, petos –un explosivo que al estallar escupe varios balines– y chispunes, que utilizarían en caso de ser agredidos por la fuerza pública durante una protesta.

–Si la confrontación se pone pesada, pues toca reaccionar pesado.

Con el bastón traza una línea corta en el piso, luego la rastrilla como si arara la tierra gris de la calle. Lo hace con fuerza. Se queda en silencio unos segundos. Enseguida explica que la Guardia no busca la confrontación, que solo busca proteger a la comunidad y preservar los recursos naturales, que por eso hace jornadas de reforestación. También dice que el objetivo es seguirse expandiendo. De los 43 miembros iniciales, ahora son más de 200 distribuidos en ocho veredas, y la idea es ampliar la Guardia más allá de los límites del río Guayabero, en coordinación con la Guardia Indígena del Cauca y con las guardias campesinas que se están formando en el Catatumbo y en Caquetá. Pero sobre todo, dice Fermín, el propósito es expulsar a cualquier persona o grupo armado.

Pero las personas y los grupos armados siguen por ahí.

En el camino de vuelta a la pensión escucho la conversación de dos hombres jóvenes. Realmente escucho una parte, una frase. Uno le dice al otro que “para eso es que soy guerrillero”. Ambos ríen y se dan la mano, chocan las palmas, alardean. Los miro un segundo más de lo debido y me devuelven unas miradas torvas. Sigo a paso rápido. El día muere entre las ráfagas de la música norteña.

A la mañana siguiente, Alejandra y yo nos embarcamos en la Voladora para regresar a San José y desde allí a Bogotá. Suben pocas personas a la embarcación: apenas tres o cuatro. Una de ellas es un tipo grande, de pelo rojizo cortado al rape, ojos verdes de reptil y piel enrojecida. Tiene una cicatriz larga y zigzagueante arriba del labio y una nueve milímetros encajada en la parte de atrás del pantalón. El hombre nos escucha sin disimular mucho. Nosotros nos quedamos callados. En la primera parada, en Puerto Nuevo, el hombre se baja, nos echa un vistazo y se acomoda el arma.

Más abajo, como si los llamados “actores del conflicto” decidieran salir a escena por turnos, nos detiene el ejército. Un soldado tosco pide papeles y hace las acostumbradas preguntas: de dónde venimos, qué fuimos a hacer, para qué. Luego se acerca un teniente. Es el teniente más sonriente que he conocido y, con una amabilidad inesperada, pide que bajemos de la lancha.

–¿Podrían acompañarme un momento, muchachos?

En la orilla del río, una decena de militares lava la ropa. El teniente habla con delicadeza. Nos interroga con suavidad.

–¿Entonces son periodistas?

–Sí.

–¿Y qué trabajo van a hacer, muchachos?

–Una crónica sobre los campesinos que cultivan coca.

–Eso está pesado por acá –dice–. La gente anda alebrestada.

–...

–Nosotros estamos para combatir al enemigo que anda por ahí, pero con la gente es otra cosa. La vez pasada tuvimos un problema por allí –señala río arriba y supongo que se refiere al incidente en Puerto Nuevo, en el que hubo enfrentamiento con la Guardia– y golpearon a un soldado.

Luego el teniente dice con descaro:

–Eso ya no es como antes que uno agarraba a un civil y se lo llevaba pa’l monte y hasta ahí el amigo. Ahora con todo eso de derechos humanos y esas vainas, eso ya no se puede.

Hay añoranza en su tono, como si hablara de mejores tiempos. Unos minutos después nos despide con esa cordialidad pasmosa, contradictoria, de un tipo simpático que extraña la barbarie. Desde la lancha artillada nos desea buen viaje. Agita la mano derecha, mientras la izquierda reposa sobre el fusil.

 

***

 

Coda

Un par de semanas después de que estuvimos en Puerto Cachicamo, el gobierno lanzó la campaña Artemisa, que pretende frenar la deforestación y judicializar a quienes talen la selva. El 25 de abril pasado llegaron a Angoleta –una vereda cercana a Puerto Cachicamo, que queda justo en el límite de la ampliación del Chiribiquete decretada el año pasado– varios miembros de la Fiscalía, de la Policía Antinarcóticos y del Ejército. Allí capturaron a un grupo de trece campesinos, entre los que se contaban cuatro menores de edad. Los trasladaron en helicóptero a San José del Guaviare, donde los interrogaron y procesaron ante un juez por delitos ambientales, y les dieron un plazo de tres días para recoger sus pertenencias y abandonar su tierra. Luego de veinticuatro horas los dejaron en libertad. Cuando regresaron a sus parcelas para sacar sus cosas, las encontraron en cenizas: las autoridades le prendieron fuego a todo lo que tenían.

Esta tierra no deja de arder.  

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Julián Isaza

En 2009 ganó el Premio Rey de España con la crónica "Atlas es chocoano". En 2017 ganó un Premio Simón Bolívar de periodismo por su crónica "El vuelo del pterodáctilo". Dirige la revista "Directo Bogotá".

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