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Tras décadas de guerra contra la droga, la producción y el consumo no disminuyen, pero sí dejan una estela de muerte por cuenta del mercado ilegal. Uno de los mayores expertos en nuestro país, exmiembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, explica por qué es mejor abandonar el viejo eslogan de “un mundo sin drogas”, enarbolado por tantas organizaciones.
Ilustración de La Empanadería
La meta del Sistema Internacional de Control de Drogas (SICD) de limitar el uso de sustancias psicoactivas a fines médicos y científicos se basó en la creencia de que la adicción al opio, a finales del siglo XIX, deshumanizaba a quienes la padecían. Los opiómanos terminaban atrapados por su adicción, afectando profundamente a sus familias y su capacidad de contribuir a la sociedad. Esta fue una reacción intuitiva y simple: lo mejor era prohibir esa sustancia. Al surgir el consumo de otras, tal política también se expandió a ellas.
El proceso de creación del SICD fue lento, aunque la prohibición de los usos no médicos o científicos de las drogas siempre tuvo gran apoyo y fue promovida por los Estados Unidos, China, la Unión Soviética, Japón, el mundo islámico y la mayor parte del resto del mundo. La oposición provenía de Alemania, Suiza y otros países europeos que tenían industrias farmacéuticas importantes; también de Francia, que buscaba proteger su industria vinícola; de Turquía y Persia (Irán), los mayores productores de opio; de Bolivia y en menor grado Perú, los exportadores de coca.
La prohibición solamente pudo implantarse después de que sus principales opositores perdieran la Segunda Guerra Mundial. Así, la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes prohibió los usos no médicos o científicos de las sustancias controladas. Sobre estas simplemente se prescribe que “las partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias: [...] (c) Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Convención, para limitar exclusivamente la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”.
Esta directriz no solo es vaga, sino que ha permitido a los gobiernos implementar políticas que no tienen en consideración las consecuencias sociales. Además, el artículo 39 de la con...
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Ph.D en economía de la Universidad de Minnesota. Ha sido profesor de la Universidad de Texas, de la George Washington, y de Harvard. Fue miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) entre 2012 y 2020.
Septiembre 2020
Edición No.222
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