Iceberg

Apuntes, correos, notas, chismes y habladurías del mundo literario y no tan literario. 

POR Andrés López Restrepo

ICEBERG

Petro en la jaula de hierro del prohibicionismo

 

Colombia no está más cerca de eliminar las drogas que hace cuarenta años, pese a los inmensos costos humanos y económicos en que ha incurrido. Por el contrario, hay muchos indicios de retroceso. En ese período, el país pasó a convertirse en el principal productor y exportador mundial de coca y cocaína, mientras que el persistente conflicto armado sigue lucrándose y fomentando ese negocio. Podría argumentarse que la situación del narcotráfico sería peor sin la acción estatal, pero si se echa un vistazo a los países que han sido afectados por ese problema se encuentra que la mayor parte lo superaron –como China, Turquía o Tailandia– o lo manejan con más éxito –como Bolivia–. Habría que hurgar mucho para encontrar casos comparables o en peor situación que Colombia –los casos de Afganistán, Guinea-Bissáu, tal vez México–. 

Viendo que otros Estados han conseguido resultados mucho mejores, es necesario concluir que la política nacional de drogas ha fracasado y requiere una reorientación radical. Debe prestarse atención particular a uno de sus aspectos, la producción de coca y cocaína, debido a que involucra a muchos campesinos, convirtiéndola en un grave problema social de carácter sobre todo rural, y de grandes repercusiones sobre el conflicto interno que padece el país. 

Las condiciones internacionales nunca habían sido tan favorables para esa transformación. En las últimas dos décadas, la comunidad internacional abandonó el absurdo e irrealizable objetivo de un mundo libre de drogas. Estados Unidos, el país más determinante en la política internacional de las drogas, las sigue considerando una amenaza, pero su actitud ha cambiado radicalmente: si antes presionaba y chantajeaba de manera intensa y sostenida a Colombia para que se alinease en su guerra contra las drogas, en el presente tiene otras preocupaciones mucho más grandes y su autoridad en la materia se deteriora a medida que un número creciente de sus estados legalizan el cannabis para usos médicos y recreativos. En los escenarios internacionales, las drogas ya no se discuten con un enfoque exclusivamente penal y represor como hasta hace pocos años, sino que los derechos humanos y la preocupación por los consumidores se han hecho presentes con cada vez más fuerza. 

El nuevo gobierno del presidente Petro ha hecho de la reforma de la política de drogas uno de los ejes de su gobierno, y uno de sus primeros anuncios fue que no empleará la fumigación para erradicar los cultivos ilícitos. Esta decisión es racional y antepone las consideraciones humanitarias. Ningún otro país en el mundo fumiga para acabar con las plantas ilícitas. Si Colombia lo hacía era porque el gobierno consideraba al campesino cultivador como un enemigo al cual era posible envenenar desde el cielo y destruirle sus cosechas y animales. La consecuencia natural es que el campesino respondiera con la misma moneda y viera al Estado como a su enemigo. Absurdo humano, político y estratégico. Ojalá que la idea de fumigar no reviva nunca más.

Petro también ha cuestionado la política internacional de las drogas. Durante su pasada intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas atacó la guerra contra las drogas y desde el principio de su gobierno ha promovido una alianza de países latinoamericanos en pro de una política diferente. Eso está muy bien: el régimen internacional de las drogas ya cumplió más de un siglo y es objeto de críticas crecientes y fundadas. Colombia ha padecido las consecuencias del régimen y es uno de los países que más ganaría con su reforma. Sin embargo, es necesario tener presente que muchos lo defienden, empezando por China, que aún asocia las drogas con la peor humillación sufrida en su historia. Aunque Colombia debe impulsarla, no parece que esa reforma ocurra prontamente. La persistencia del régimen internacional hace imposible en el presente ciertos cambios, como la legalización de la cocaína. No obstante, las transformaciones recientes en el campo internacional han ampliado mucho el margen de acción de los países que hacen parte del régimen y le permitirían a Colombia realizar modificaciones sustanciales en su política interna de drogas sin provocar grandes conflictos. 

Dada la reducción de barreras internacionales, el mayor obstáculo que Colombia enfrenta en el presente para impulsar un cambio en materia de política de drogas es la prisión del prohibicionismo que el país mismo se ha autoimpuesto y de la cual no se libera ni siquiera el gobierno Petro, pese a sus promesas de reforma. Aunque acabó con la fumigación y ha antepuesto a la sustitución como su camino preferido para acabar con los cultivos, el gobierno nacional aún persiste en la erradicación forzosa manual para cultivos extensos y sostiene que es un instrumento al cual no se debe renunciar. 

Sí, es preferible la erradicación manual a la fumigación pues no envenena a los seres humanos, ni a sus animales y plantas, pero ambas formas de erradicación adolecen del mismo problema: su ineficacia. Como ha demostrado la experiencia de más de cuarenta años, la erradicación forzosa, sea mediante fumigación o de manera manual, no cumple su propósito. Mientras no disponga de alternativas económicas, el campesino volverá a sembrar matas de coca apenas pasen los encargados de la erradicación. Para disuadir a los cultivadores de la resiembra, desde hace décadas los sucesivos gobiernos han adelantado múltiples iniciativas para apoyar a los cultivadores en la transición hacia actividades económicas legales y rentables, y han gastado muchos recursos en esos programas. No obstante, ciertos éxitos parciales y localizados se han revelado efímeros y Colombia mantiene su posición como líder mundial en la producción de cocaína. 

La erradicación solo podría funcionar si se reprimiese de manera sostenida a los campesinos, evitando la resiembra. Sin embargo, afortunadamente no existen en Colombia las condiciones políticas para imponer un estado de excepción en las regiones donde se cultiva la coca. Frente a esta situación hay voces que defienden la búsqueda de salidas legítimas al problema de los cultivos ilícitos, pero no parece posible que, por ejemplo, los colombianos adopten de un momento a otro la costumbre de mambear u otras formas de consumo legal. La mayor parte de la coca se destina a la producción de cocaína y tampoco hay las condiciones internacionales ni nacionales para que ocurra una legalización de la cocaína en el futuro próximo. 

El dilema es muy claro: la coca no solo sustenta a campesinos sino también a grupos armados y organizaciones criminales, y está en la base de los órdenes ilegales que se encuentran en diversas partes del país. Por otra parte, no existe un mercado legal lo suficientemente amplio para la coca y la legalización de la cocaína no es factible. Es inevitable concluir que el país debe acabar con la producción de cocaína y de su principal insumo, la hoja, mientras persista la prohibición de la cocaína, pero dada la ineficacia de la erradicación, ello solo es posible ayudando a los productores a transitar a una economía legal mediante la sustitución.

Un inconveniente de la sustitución es que probablemente no existe ninguna actividad económica que puedan realizar los cultivadores que sea tan rentable como los cultivos ilícitos. Sin embargo, la rentabilidad no es el único objetivo del ser humano. Si el Estado pudiera ofrecer la posibilidad de una vida en paz y bajo el imperio de la ley, contaría con la cooperación de los campesinos que valoran la tranquilidad que conllevaría el abandono de la coca, aunque disminuyan sus ingresos. 

La tarea del Estado es entonces la construcción de sociedades rurales que permitan vivir en paz e invertir en bienes públicos que sirvan de base a una economía a la vez próspera y respetuosa de la naturaleza. El orden en que se realice la transición es clave. Una erradicación sin alternativas económicas está condenada al fracaso y será fuente de conflicto. Además, es imposible transitar a la legalidad en zonas controladas por grupos armados y criminales. La única salida a este dilema es reconocer que la paz y el desarrollo son lógicamente anteriores al fin de los cultivos. Si los campesinos pueden disfrutar y producir en un ambiente pacífico que cuente con los bienes públicos necesarios para prosperar, estarán mucho menos interesados en mantener los cultivos de coca. Se trata de una secuencia: la sustitución es imposible sin paz ni desarrollo, mientras que si existen paz y oportunidades económicas, la coca desaparecerá sin que sea necesario afectar a los campesinos ni a la naturaleza. 

Es un proceso que tomará años, pero el país ya ha combatido infructuosamente los cultivos durante décadas y se puede dar el lujo de apostar a un proyecto distinto que tiene probabilidades mucho mayores de ser exitoso. Además, de esta manera se integrará a los campesinos a la sociedad, haciendo más democrático al país. Se puede objetar que esto no soluciona el problema de la producción de las drogas, pues si Colombia consigue eliminar la coca esta se desplazaría a otros países, en lo que se ha denominado el “efecto globo”. Puede que ocurra así, pero el país debe hacer lo que más le conviene mientras exista esa absurda política internacional. Al mismo tiempo, Colombia debe ayudar a modificar esa política, y si llegase a ocurrir que la cocaína fuese legalizada, haría lo posible por aprovechar las nuevas oportunidades que se abrirían como consecuencia.

Otro aspecto que revela que el presidente no ha escapado por completo a la prisión del prohibicionismo es su explicación del consumo de drogas. En la onu, Petro dijo que el uso de las drogas, que de manera equivocada atribuyó exclusivamente a los países del norte, se debe al consumismo y a “los vacíos y las soledades” de sus sociedades. La solución a ese problema sería “una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes”. 

Puras tonterías. La mayor parte de la gente que consume drogas en todo el mundo –sí, también en Colombia y en los demás países del sur– lo hace porque las disfrutan. Para verlo basta darse una vuelta por los lugares de esparcimiento de nuestras ciudades una noche de fin de semana. Las drogas son sustancias potentes que pueden ser nocivas, por lo que requieren ser reguladas y debe brindársele apoyo y tratamiento a la minoría que tiene problemas con su consumo. Perseguir a quienes buscan placer sin hacer daño es absurdo, por lo que el fin de la guerra contra las drogas debe partir del reconocimiento de que quienes consumen no son adictos ni esclavos sino personas que ejercen su albedrío de esa manera. 

Alguien podría señalar una contradicción en la defensa del fin de la prohibición del consumo a la vez que se justifica la destrucción de los cultivos. Aquí se ha propugnado el fin de la prohibición de las drogas, reconociendo los límites internacionales que en el momento presente impiden llevar ese fin de la prohibición a sus últimas consecuencias. No es posible por ahora pensar en la legalización de la cocaína, por lo que, dados los desajustes que genera su producción, es ineludible en el presente acabar con su producción mediante la sustitución y someter a quienes están involucrados en el tráfico de drogas, no porque su negocio sean las drogas, sino por su carácter criminal. 

En cambio, sí existen las condiciones nacionales e internacionales para dejar de reprimir a los consumidores. Mientras la producción no sea legalizada, los consumidores nacionales deberán seguir obteniendo la droga como se hace en todo el mundo, acudiendo al mercado negro. Absurdo, sí, pero se trata de un absurdo creado por la prohibición, no por los consumidores, y deberemos sobrellevarlo mientras no se legalicen plenamente las drogas.

 

Andrés López Restrepo

Profesor de la UNAL

 

 

Pocos días después de que su padre falleciera, Nelia Casas Ramírez, hija de Ulises Casas, escritor, profesor universitario y suscriptor de El Malpensante, envió a nuestra sala de redacción un cuento de Ulises para que consideráramos su publicación. Incluir en nuestras páginas la historia de dos amigos, una tórtola y un niño, separados por un viaje impostergable nos ha parecido pertinente para despedir a uno de nuestros queridos lectores. A continuación reproducimos el cuento en su totalidad:

 

El vuelo de la torcaza

 

La vio volar y posarse en un frondoso árbol que de muchos años ya parecía un testigo de los siglos. Allí cantaba de tan bella forma que el niño sentía una gran alegría en su joven corazón. Un día, ella bajó al patio de la casa y allí él la vio de cerca: hermosa y próxima, como si fuera una amiga de larga data. Empezó a sentir la cercanía del ave cantarina en las mañanas, cuando el sol se acercaba, y por las tardes, cuando este se alejaba, la veía desaparecer en la lontananza.

Así pasaba el tiempo, los años se sucedían y se acercaban lenta pero inexorablemente los cambios. Llegó entonces el día, el de la salida del hogar paterno. El niño atravesó el pequeño valle, ascendió por la pendiente hacia la ciudad moderna; la torcaza volaba de árbol a árbol, acompañándolo al lado del largo camino. Ya en la cima, donde comenzaba el descenso hacia otros espacios, ella ya no pudo continuar: la torcaza pertenecía al valle y a las montañas circundantes, a su especie y a su lugar. El niño, ya hecho joven, la miró, la admiró una vez más, con la tristeza del despido; ella voló hacia su nido. Una lágrima rodó por las mejillas de su amigo. 

 

 

ACERCA DEL AUTOR


Economista y profesor universitario. Su producción académica se ha enfocado en los temas de drogas, prohibicionismo y narcotráfico. Su usuario en Twitter es @Alopezre.