¿Qué hay de nuevo en WikiLeaks?

Muchos medios a nivel mundial lograron desviar la atención y convertir el nombre de Julian Assange en protagonista de un escándalo sexual. El impacto de su proyecto en el mundo merece mayor atención.

POR Hernando Gómez Buendía

Máscaras de Julian Assange en Ipanema © Agencia Estado • Xinhua Press • Corbis


Desde que comenzó a operar, hace tres años, ha publicado casi un millón de documentos de “contenido sensible e interés público”. El video donde un periodista cae asesinado a manos de soldados norteamericanos, en julio de 2007, fue la primera de una cadena de filtraciones sobre la guerra en Afganistán (75.000 documentos), la guerra en Irak (400.000) e informes confidenciales de muchas embajadas de Estados Unidos (exactamente 251.187 documentos), a las cuales se suman el misterioso archivo “insurance. aes.256” que se abriría si “algo grave le pasa a WikiLeaks”, o la lista anunciada de unas 2.000 cuentas cifradas en Suiza.

En semejante diluvio de información hay una gran cantidad de boberías, pero también hay cosas escandalosas, o vergonzosas, o por lo menos incómodas para sus protagonistas. Por eso WikiLeaks ha producido un choque tan abrupto de opiniones: mientras el relator de Naciones Unidas dice que Assange, su fundador, es “un mártir de la libertad de expresión”, la ex candidata Sarah Palin dice que “es un terrorista que debe ser perseguido tanto como Al Qaeda”.

El debate ha sido pasional y confuso porque en él, a mi juicio, se entrecruzan tres cuestiones distintas, aunque emparentadas: la de secreto de Estado versus derecho a saber, la de periodismo e internet, y la de quién tiene el poder de regular las e-comunicaciones. La primera discusión es muy antigua, la segunda tiene diez o quince años, y la tercera, que está apenas comenzando, es la que hace de WikiLeaks un asunto de veras novedoso. Y decisivo.

El secreto de Estado es tan viejo como el Estado mismo y como la censura que siempre se ha practicado en tiempos de guerra o para prevenir calamidades públicas. Claro que los gobernantes lo utilizan además para tapar sus abusos o sus jugadas torcidas, y claro que los ciudadanos tenemos el derecho de saber cómo usan el poder aquéllos a quienes se lo confiamos.

El problema es entonces de límites, porque no todo lo que hace un funcionario se puede divulgar (por ejemplo, los preparativos de la operación Jaque) pero tampoco todo se puede silenciar (por ejemplo, los falsos positivos). Así que en WikiLeaks hay cosas que han debido conocerse, pero también hay cosas que no han debido conocerse.

No lo digo yo. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos exigieron que se cambien los nombres de civiles afganos que habían sido informantes de la CIA, y Reporteros Sin Fronteras criticó la difusión “indiscriminada” de 92.000 archivos “sensibles”. Al responder a esas críticas, el propio Assange ha explicado los criterios que utiliza para abstenerse de publicar documentos o para suprimir ciertos “detalles”. O sea que WikiLeaks admite la validez o la necesidad de los secretos, y que no todo se debe publicar. Pero, ¿quién le dio el derecho a este señor de decidir dónde está el límite?, y en todo caso, ¿por qué puede ejercer ese derecho sin sujeción a ley ni autoridad?

La pregunta, en esencia, es la misma que calienta el debate entre gobernantes y periodistas cada vez que se filtra información “reservada” –un debate tan viejo y tan sonado como el Libro de Josué, o las cartas de Casanova, o el telegrama Zimmermann o los documentos del Pentágono, o los narcocasetes que acabaron con Samper–. Y la respuesta básica es la misma que debería aplicarse a WikiLeaks:

Primero, la información de interés público es de carácter público, y quien pide la reserva es quien tiene que justificar cada excepción.

Pero segundo, hay unos límites mínimos, como no poner en peligro la vida de inocentes o no publicar “documentos” que son falsos (esto, sin irnos lejos, le costó la carrera a Dan Rather, la celebrada estrella de CBS).

Y tercero, más complicado aún, el dato suelto puede ser engañoso porque los actos se dan en un contexto que debe ser conocido para evaluar la nueva información. A esto apuntó la ya mentada crítica de Reporteros Sin Fronteras, y en mi opinión es todavía más válida en el caso de las wikifiltraciones sobre el diálogo palestino-israelí (si algo justifica la reserva, son las conversaciones exploratorias de paz).

Pero esto, insisto, no es lo nuevo, porque las filtraciones existen desde que existen secretos que filtrar. Lo nuevo, dicen muchos, es internet: nadie antes en la historia había estado en condiciones de divulgar un millón de documentos, para que literalmente todo mundo pudiera conocerlos con un clic. Y aquí los entusiastas añaden muchos bytes (antes se hubiera dicho mucha tinta) sobre el poder liberador de internet.

Ese poder existe y significa una revolución para el periodismo como no se había dado desde el tiempo de Gutenberg: cualquier persona conectada a Twitter podría dar la chiva que conmueva al mundo. Pero me temo que aquí hay una falacia de exageración: el hecho de que se haya multiplicado el número de transmisores no significa que se haya multiplicado el número de receptores de la información.

Hay millones de blogs y hay miles de millones de individuos que cuentan cosas a través de la web; pero nadie se entera de esas cosas, porque no tienen interés ni tiempo para hacerlo. Así que internet no puede reemplazar el periodismo, y siempre habrá periódicos o sitios web dedicados a escoger y organizar la información para consumo de sus nichos de usuarios respectivos.

La prueba es WikiLeaks: no fue el hecho de “colgar” 251.187 archivos lo que produjo el último revuelo, sino la difusión que de algunos de ellos hicieron El País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian y el New York Times, con el rebote consiguiente en los medios locales de todos los países. Y el eco que encontró cada noticia no dependió de la fuente, sino del interés que las audiencias tuvieran en el caso (por ejemplo en Colombia, el wikichisme grande fue lo que dijo el general Naranjo sobre José Obdulio).

Así que los secretos como tales habrían podido aparecer primero en otro medio –digamos el Washington Post– produciendo el mismo ruido: lo nuevo de WikiLeaks no es internet. Mejor dicho, es internet, pero no por su carácter masivo sino por la dificultad y las incertidumbres para regularlo. Por riesgosa y defectuosa que sea la reglamentación, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania o España hay unas leyes y unas instancias donde se dirime si la información debe o debió mantenerse en reserva, e incluso si hubo un delito de “violación de secretos” (en Colombia por ejemplo está la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que la Corte tumbó recientemente y el Congreso está resucitando).

En cambio internet no tiene patria, sino que ocupa y al mismo tiempo crea la geografía confusa –y, sin duda, asimé-trica– de lo que algunos llaman “nuestra aldea global”. La asimetría explica por qué ciertos gobiernos han tratado de bloquear a WikiLeaks (no solo los de China o Tailandia, y el de Estados Unidos, por supuesto, sino el de Australia y podría ser que los de Alemania e Inglaterra).

Esos intentos no han tenido éxito porque los jueces hasta ahora están del otro lado, e incluso en Islandia se discute una ley que haría de ese país un paraíso para WikiLeaks y proyectos parecidos (ya existe, por ejemplo, OpenLeaks). Pero la historia de las comunicaciones parece estar sujeta a un ciclo inevitable, donde cada invención –el teléfono, la radio, la televisión, el cine– tiene una infancia caótica y democrática que da pie a la intervención del Estado y a la aparición de grandes monopolios.

De modo que WikiLeaks puede ser el comienzo de una revolución liberadora. O puede ser el comienzo de la domesticación de internet.

ACERCA DEL AUTOR


Hernando Gómez Buendía

Columnista de El Malpensante. Es también director de la revista digital www.razonpublica.com.

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