Confiemos en que harán lo correcto

Las obras continúan y la inconformidad de vecinos y urbanistas crece. Tal como van las cosas, ¿en qué irá a parar el Parque de la Independencia?

POR Juan Luis Rodríguez

Las Torres y el Parque de la Independencia © Esacademica.com

 

A propósito de la desaparición del Parque del Centenario para la apertura de la avenida 26, escribí en mi columna anterior que ese parque se inauguró en 1930 para conmemorar la muerte de Bolívar. Empecemos por reconocer el error y aclarar que el centenario conmemorado era el nacimiento del Libertador. Así que la fecha correcta es 1883.

No sé en dónde habré leído ese dato erróneo, pero sí recuerdo haberlo difundido un par de veces como profesor, precisamente en una clase de historia en la que parte de la metodología consiste en diagnosticar problemas en los textos. Como material para la clase, pues, tendré que incluir este ejemplo de ahora en adelante. Por desgracia, por más que allí se corrija, quedará indeleble en el número 119 del El Malpensante.

No bastándome con esa errata, también digo en la columna que el trozo que le dio paso a la avenida 26 se cercenó en 1949, cuando en realidad fue más tarde. Digamos, para no seguir disparatando, que esa obra tuvo lugar durante los años cincuenta.

Suerte la mía que puedo corregir y excusarme por semejantes equivocaciones con un par de frases. Pero, ¿qué van a hacer los constructores del Parque del Bicentenario si, como trato de demostrar en este artículo, están construyendo un parque que altera un monumento nacional sin seguir el debido proceso? ¿O qué haré yo si me equivoco otra vez? Siguiendo la lógica silogística, dado que dos premisas que se contradicen entre sí no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, acá alguno se equivoca o miente. De manera que apostemos y que pague el que pierda.

Primer asunto: el Parque de la Independencia no es un monumento nacional. Tiene historia e importancia de sobra para serlo, pero para que un inmueble cualquiera adquiera esta categoría debe existir un decreto que diga que a partir de la fecha este inmueble “es” un bien de interés cultural del ámbito nacional, expresión que por malsonante que parezca es con la que ahora se denominan los antiguos monumentos nacionales.

Tampoco es monumento nacional el Quiosco de la Luz. Está apenas “en lista”, esperando probablemente que el Ministerio de Cultura y el IDPC evacúen los estudios para convertir cuanto plato y baile típico ande por ahí en “patrimonio inmaterial”. En cambio, las Torres del Parque sí son un monumento nacional y tienen como “área de influencia todo el perímetro del Parque de la Independencia” (según se lee inequívocamente en el decreto 1905 del 2 de noviembre de 1995).

La declaratoria no admite ambigüedades. Para intervenir las Torres del Parque y/o sus áreas de influencia se requiere una autorización previa del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Es decir que para meterle mano al Parque de la Independencia, así éste no sea explícitamente un monumento, se requiere la autorización de dicho Consejo. Sobra decir que en la actualidad esta autorización no existe.

Existe, y de manera tardía, otro tipo de autorización. En una reunión con representantes del IDPC y el IDU el pasado 1° de junio, quienes asistimos pudimos finalmente entender que la modificación del Plan Director (que reglamenta la construcción en Bogotá y tiene, al menos en teoría, potestad sobre el decreto 1905) se había autorizado el 31 de mayo de 2011, es decir, el día anterior. ¿No es otra prueba elocuentísima de que todos los involucrados están actuando a deshoras y siguen sin consultar al Consejo Nacional de Patrimonio?

Segundo asunto: de lo dicho hasta aquí, se puede colegir que las obras están en plena marcha, pasando por encima de la ley. No solo las obras del túnel de la 26 sino las del parque, pues ya van talados más de cien árboles y se planea seguir cortando “solo unos pocos” para que el viejo Parque de la Independencia se acomode al nuevo diseño del Parque del Bicentenario. Ojo: no se trata de que lo nuevo se acomode a lo ya existente –esto es, según parece, cosa de mentes escleróticas–, sino de que lo viejo se adecúe a las nuevas circunstancias para que Bogotá tenga un parque contemporáneo.

En efecto, el diseño propuesto para el parque encanta a unos e incomoda al resto. Así pasa por lo general con todo proyecto. Sin embargo, al margen de los motivos en contra o a favor, cabe recordar a los lectores que la propuesta altera drásticamente todo el costado sur del parque, en especial el entorno del Quiosco de la Luz. Para tomar una posición al respecto, recomiendo armar paseo, previa impresión de los dibujos del quiosco publicados en internet, pararse en frente y dejarse asombrar, bien por la genialidad de la propuesta o bien por lo abusivo de la misma.

Tercer asunto: el parque va mal por muchos lados. Aparte de las demoras, la falta de autorización del Consejo Nacional de Patrimonio y la falta de licencia por parte de Planeación, hay mucha gente furiosa. Los defensores de los derechos ciudadanos están indignados porque lo que les consultaron no se está haciendo y porque las respuestas a sus derechos de petición son dilatorias; los defensores del medio ambiente no salen de su asombro porque la tala se hizo –y al parecer, se seguirá haciendo– a la brava, siempre para que “cuadre” con las necesidades del proyecto arquitectónico; los vecinos del edificio Embajador, porque se les dijo que la obra llegaría a treinta metros de la construcción y ahora resulta que la tienen en las narices; los expertos en diseño urbano se lamentan por el despilfarro de una gran oportunidad para un gran concurso, y porque los niveles de vía y parque no estuvieron bien estudiados; los defensores del paisaje existente y de la historia patrimonial (ahí voy yo), porque el nuevo parque llega cual nuevo rico a imponer a la fuerza sus preferencias estéticas, desconociendo la excepcional calidad ambiental existente; y por último, está la furia de los defensores del proyecto, para quienes todos los anteriores no estamos defendiendo lo que cada uno cree y considera correcto, sino atacando al pobre arquitecto, en un miserable acto de envidia.

Para resolver el problema, propongo simplemente exigirle al contratista que se ponga al día con sus deberes. Y confiar en el juicio del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, un grupo de quince miembros (lo cual garantiza que una decisión de tanta importancia no quede en manos de una sola persona) con la siguiente conformación: el ministro de Cultura o su delegado, quien lo presidirá; el ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado; el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado; el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado, el presidente de la Academia Colombiana de Historia o su delegado, el presidente de la Academia Colombiana de la Lengua o su delegado, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o su delegado, un representante de las universidades que tengan departamentos encargados del estudio del patrimonio cultural, tres expertos en el ámbito de la salvaguardia o conservación del patrimonio cultural designados por el ministro de Cultura, el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia o su delegado, el director del Instituto Caro y Cuervo o su delegado, y el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien participará en las sesiones con voz pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Son ellos quienes tienen la última palabra. Confiemos en que harán lo correcto.

ACERCA DEL AUTOR


Juan Luis Rodríguez

Es profesor de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.

Este contenido es solo para suscriptores

Si ya eres un suscriptor inicia sesión acá

Si aún no eres un suscriptor, te invitamos a ser parte del Malpensante

Suscribirme