Sobre el caso Fedegán

Una nueva propuesta para resolver una vieja y polémica denuncia en Teusaquillo.

POR Juan Luis Rodríguez

Fachada noroccidental del edificio de Fedegán • ©Abdrea Garcés

 

El 24 de abril de este año denuncié en El Espectador que la obra adelantada en el edificio de Fedegán, en la calle 37 abajo de la Caracas, presentaba tantas irregularidades que a mi juicio debería ser demolida. Como no espero que los lectores conserven memoria del asunto, repito las líneas generales de la argumentación.

En el lote había una casa que, al igual que todas las edificaciones de la manzana, era un Bien de Interés Cultural (así se les llama ahora a las casas con valor patrimonial). Entre el Consejo Asesor de Patrimonio, la Secretaría Distrital de Planeación y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC–, consideraron, de manera muy polémica, que esta casa en particular (y solo ésta) carecía de valor y le levantaron la restricción que impedía demolerla. Luego, según lo ha documentado y denunciado la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB), la curadora número 3 otorgó la licencia para construir allí un nuevo edificio, violando con ello varias normas.

En conservación patrimonial hay unos criterios básicos según los cuales el nuevo inmueble debe mantener ciertos vínculos con lo ya existente en alturas, perfiles, empates, retrocesos y excavaciones. A diferencia de lo que ocurre en renovación urbana, donde un edificio nuevo puede tener diez pisos de altura al lado de uno de cuatro sin que haya nada ilegal (otro asunto es que el resultado sea urbano-morfológicamente escandaloso), en conservación las cosas son diferentes. Basándome en unas mediciones sobre fotografías escaladas hechas por el taller urbano de la smob, afirmé que en altura, por delante y por detrás, hacia uno y otro costado, todo el edificio de Fedegán medía en exceso, y en cada caso en contra de lo aprobado. A mi denuncia y la de Mejoras y Ornato se sumó la del Noticiero Noticias Uno.

La administración de Fedegán ha hecho caso omiso de estos alegatos y se ha dedicado a conseguir una modificación de la licencia de construcción, estrategia que por lo pronto ya fracasó en primera instancia, pues la misma curadora que otorgó la licencia original consideró que no había méritos para cambiarla. La Alcaldía de Teusaquillo, por su parte, al constatar las irregularidades, selló la obra por primera vez en octubre del año pasado y volvió a hacerlo el 23 de mayo del presente año porque, a su juicio, Fedegán no ha corregido sino una mínima parte de los problemas que determinaron el primer cierre. Tengo en las manos los informes mediante las cuales se ordenan los sellamientos y se demuestran los enormes desfases. Estos documentos se los envió la Alcaldía de Teusaquillo a la smob en respuesta a un derecho de petición.

El primero (88010 del 26 de octubre de 2010) explica los incumplimientos que ocasionaron la clausura inicial. Puede leerse allí que el aislamiento posterior y las alturas entre placas están excedidos, que hay una sobreelevación del edificio en relación con el nivel del terreno debido a un semisótano que estaba aprobado como sótano. Todo redunda en una exagerada altura final, que es en últimas donde se verifica la desproporción con las casas vecinas. A raíz de este informe Fedegán demolió los voladizos del aislamiento posterior. Con lo demás no se hizo nada, porque hubiera implicado derribar partes de la estructura, lo cual es imposible.

El segundo informe (99010 del 6 de diciembre de 2010) da cuenta de que el aislamiento posterior es correcto. En vista de ello levantaron el sellamiento, sin reparar que las alturas entre placas, los otros costados y la altura final del edificio seguían, y siguen estando, excedidos.

En el tercero (491-11 del 23 de mayo de 2011), dado que Fedegán no había resuelto lo señalado en octubre de 2010, la Alcaldía de Teusaquillo ordena por segunda vez la suspensión de la obra, anotando además la nueva anomalía de que la rampa de ingreso al parqueadero ocupa parte del antejardín, lo cual también está expresamente prohibido por las normas.

Mi denuncia en El Espectador despertó muchas reacciones, la mayoría negativas, unas expresadas por escrito y otras mediante el boca a boca (similares insultos me han llovido por denunciar las irregularidades cometidas en el Parque de la Independencia). En resumen, las personas e instituciones que cuestiono son honorables, mientras yo no soy más que un “terrorista urbano”, empeñado en obstaculizar de manera caprichosa una(s) obra(s) fundamental(es) para el desarrollo de la ciudad.

Ya que la vía de los epítetos no conduce a ningún lado, podríamos resolver el problema acogiendo la propuesta hecha por un comentarista de mi artículo en El Espectador. Esta persona, cuya identificación de forista es Pachochagas, se declara “testigo de la rigurosidad y total apego a la Ley del Instituto Distrital de Patrimonio en sus procedimientos”. Reclama también que debería haber “sólidas pruebas” para que tipos como yo no continúen “aseverando temas de este talante, culpando a diestra y siniestra sin base puntual”. Y en un gran acto de fe, invita a que “Fedegán, como gremio respetable”, haga “una declaración clara y contundente, defendiendo su obra”, y a que la arquitecta Katya González demuestre “que sus planos son los que se están ejecutando”. Fedegán, sin embargo, no se rinde. Como la curaduría no aceptó la “modificación de la licencia”, desde el pasado 28 de julio está tramitando una “modificación del proyecto”, esta vez ante el IDPC.

Pachochagas termina proponiendo “una muy rápida veeduría de un par de universidades respetables (UN y Andes por ejemplo), que sean las que sin contagio y tufo politiquero den un veredicto que sea público”.

La veeduría propuesta no debería ser necesaria por cuanto ya existen dos solicitudes de estudio del caso, dirigidas a la alcaldesa (e) de Bogotá y al Consejo Nacional de Arquitectura y Profesiones Afines. Ambas están firmadas por los presidentes de tres juntas directivas: la de la seccional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la del Capítulo Arquiandinos de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y la junta de la smob. En principio, a mí me bastaría con este par de verificaciones, pero dado lo fácil de la veeduría propuesta por Pachochagas y la obstinación de Fedegán por legalizar el proyecto, considero que también se debería incluir.

De manera que pasado el asunto por la Alcaldía, el Consejo y las veedurías de los Andes y la Nacional, deberían quedar, en últimas, dos opciones: o paga el terrorista o pagan quienes yo considero serios infractores de las normas. Así, si después de las revisiones correspondientes resulta que hay ilegalidad de por medio en la obra de Fedegán, el edificio se demuele. Y si el edificio está conforme a la ley y los involucrados resultan tan honorables como supone Pachochagas, propongo que me suspendan de la Universidad Nacional o me quiten la licencia de arquitecto o ambas cosas. Acepto de antemano lo que las autoridades pertinentes consideren ejemplar para evitar que tipos como yo anden por ahí autodeclarándose defensores del patrimonio y de la ciudad. Además, como las eventuales sanciones a las que podría quedar sometido no dependen de mí, tan pronto hubiera un veredicto, y si éste resultara en mi contra, ofrezco autosuspenderme de cualquier medio escrito durante un año, incluida esta columna.

El franco incumplimiento de normas es tan ilegítimo como desprestigiar gratuitamente a instituciones y personas. Por eso propongo un duelo con las armas clásicas de la modernidad: los argumentos y la demostración. Las palabras ofensivas, las amenazas, los eufemismos y las estrategias disuasorias sobran. Si estamos de acuerdo, y habiendo yo desplegado mis objeciones a esta obra, el turno es para los señores de Fedegán y para las veedurías. Ellos tienen la palabra.

ACERCA DEL AUTOR


Juan Luis Rodríguez

Es profesor de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.

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