De arquitectos, leguleyos y bondades curatoriales de la buena fe

La construcción no está exenta de la muy colombiana costumbre de hacer el quite a las normas. Un par de casos ilustran esas formas de proceder en la arquitectura.

POR Juan Luis Rodríguez

© Image Source • corbis

 

A mediados de febrero terminé por casualidad en la Curaduría Nº 3. Pasaba por el Museo del Chicó para hablar de un proyecto conjunto con el Taller Urbano de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (smob) a ver si dejamos de quejarnos tanto por las normas urbanísticas y, en cambio, proponemos algunas mejoras para las mismas. 


Al llegar, el plan cambió súbitamente. La personera había convocado una reunión con los representantes de Fedegán para discutir la situación del edificio que están construyendo y que se encuentra sellado por infringir varias normas. Y como yo había escrito en un par de ocasiones sobre este caso, terminé yendo en representación de Mejoras y Ornato.

Todo comenzó según lo previsto: nadie tiene la culpa de nada, todos hicieron lo que debían, y el lenguaje se mantiene dentro de los cánones de la cortesía y la prudencia. Cuando llegó el momento de las propuestas, los representantes de Fedegán, a falta de una, nos deslumbraron con dos. Como la Curaduría se equivocó –lo hizo y lo acepta– al aprobarles un sótano que sobresale 50 centímetros en lugar de los 25 que permite la norma para Teusaquillo, estos dos maestros de la argumentación alegaron que la equivocación de la Curaduría los “indujo” a construir un semisótano que excede lo aprobado y, en consecuencia, proponen hacer una fachada “adelantada” para que “no se note”. Es decir, tapar el error como modo de corregirlo. Y por si esta opción no les parecía a los presentes, tenían una alternativa todavía más lanzada: que se les aplicara una norma especial para construir dos pisos adicionales. Así, una reunión en la que se debería discutir la demolición de un edificio se convirtió en un memorial de agravios por parte de los infractores, quienes alegaban que si se equivocaron fue por culpa de la Curaduría.

Si me lo cuentan no lo creo, pero me tocó verlo, oírlo y padecerlo en directo.

Al salir de la Curaduría se me ocurrió pasar por otro edificio en el cual sabía que las normas estaban en cuestión: Los Cerezos, en la 78 con novena. Como si fuera poco lo que acababa de oír, al llegar al edificio me contaron que la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas había reconocido que la obra incumple varias normas y que ello se debe a una autorización indebida del curador Nº 2. A pesar de esto, Planeación Distrital ya dio su veredicto: no se les puede revocar la licencia. ¿La razón? El curador sí se equivocó pero como no se puede probar que lo haya hecho de “mala fe”, la revocatoria no es posible. Para ponernos a tono con los leguleyos: “Solo cuando es evidente el despliegue de una conducta ilícita, que además de romper la legalidad del acto haya defraudado la buena fe que se presume en el obrar del particular frente a la administración, podrá esta, aun sin el consentimiento escrito y expreso de aquel, invalidar el acto y retirarlo del mundo jurídico”. Dicho de otro modo, según Planeación, el curador se equivocó pero hay que presumir que lo hizo de buena fe. Pecó, rezó y empató.

Lejos de este legalismo de a peso, lo que el sentido común me dicta es que si en la construcción de este edificio no hubo mala fe sino ignorancia, el curador debió haber sido destituido por incompetente, y en caso de haber obrado de mala fe, debería haber sido destituido por tramposo. Pero ni lo uno ni lo otro. Además, me explican algunos “entendidos” en el proceder habitual de la construcción colombiana, “eso queda de ese tamaño, porque así ha sido siempre... es una práctica cultural, como la de comprar votos o regalar lechona en campaña”, sofisticadísimo argumento que cierra con esta cereza en el pastel: “Lo mejor es dejar así. Así es nuestra cultura”.

Lo último funciona como una sana advertencia de no revolver avisperos para evitar incómodas consecuencias. De hecho, cuando pensé en invitar a arquitectos cercanos a denunciar los casos en los que habían sido forzados por los constructores a hacerles el quite a las normas, desistí para evitarles represalias, y para no convertirme en promotor de un sistema de delaciones, cuyas consecuencias son imprevisibles.

Que estas “prácticas” sean asumidas como parte de la idiosincrasia de la construcción en el país demuestra cuánto se han desdibujado las prioridades de los arquitectos. En ningún punto se están valorando las bondades estéticas o funcionales de aquel pseudosótano de Fedegán o del empate equivocado del edificio al norte de Bogotá; todo gira en torno a una forma de sacar más de los proyectos por cuenta de las flaquezas de la regulación.

Para evitar confusiones, dejemos claro que muy pocas veces los edificios quedan exactamente como aparecen en los planos; es evidente que las obras implican cambios y ajustes sobre la marcha, pero no me estoy refiriendo a eso. Hablo de lo que dicta el “manual del arquitecto vivo colombiano”, según el cual debe hacerse un juego de planos para aprobación de la Curaduría y los inspectores de la Alcaldía, y otro, digamos “real e inédito”, que contiene las instrucciones para que un director de obra pueda trabajar.

Una amiga arquitecta me contó que en una ocasión, además del doble juego de planos, tuvo que hacer algo peor. Era un proyecto entre dos asociados, y uno de ellos le encargó hacer un segundo presupuesto para engañar a su socio que estaba de viaje. “Cuando regresó, me sentí tan mal que tuve que renunciar”, me dijo. Y así hay muchas historias, ninguna de las cuales justifica que un adulto profesional se ponga en estos casos en el papel de víctima.

Entre mis colegas es recurrente el llamado a volver sobre la “ética de los arquitectos”. Mi posición al respecto es que pensar las cosas solo desde el punto de vista ético termina por evadir el problema de una concepción errada de la disciplina y la profesión. Se trata de la construcción de la ciudad, y eso no puede lograrse con fórmulas inmediatistas ni puramente estéticas; es necesario tener una conciencia y una participación políticas en aspectos tan prosaicos como la elaboración de las normas, y en otros tan poéticos como repensar los fines que las soportan.

La tendencia de los constructores a saltarse las normas puede ser llamada “viveza”, “malicia indígena”, “emprendimiento” o hasta “falta de ética”, si se quiere. Pero también es cierto, y más importante, que las normas mismas están viciadas y permiten que leguleyos y avivatos las acomoden a su antojo. Es necesario modificar esas normas, y los arquitectos debemos tomar un papel más activo en ese proceso.

Desafortunadamente, también es parte de esa cultura del más vivo –y del más fuerte– aprender lo peorcito de los mejores y, si los arquitectos aprenden entre abogados a manejar su proceder, es probable que la construcción acabe pareciéndose en sus resultados cada vez más a la justicia colombiana.

ACERCA DEL AUTOR


Juan Luis Rodríguez

Es profesor de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.

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