Para el señor T

¿Ante quién podemos acudir cuando los arquitectos infringen las normas? Una pequeña guía ciudadana. 

POR Juan Luis Rodríguez

Izquierda: Portal de Calatrava con el aislamiento en construcción; derecha: valla escondida

 

Hace unos días recibí una carta de un lector de la revista (los interesados pueden verla en la sección del Correo). El señor, a quien llamaremos “T” para mantener su solicitud de privacidad, vive en San José de Bavaria, una urbanización situada entre las calles 175 y 183, y entre la carreras 65 y 80, justo donde empieza el Cerro de la Conejera. Como experiencia urbana es una zona memorable, pues a lo largo de toda la calle 183 se tiene la impresión de estar en un “último rincón” de la ciudad, aunque se trata de una impresión ilusoria. Más allá de un jugoso lote de engorde, Bogotá sigue su marcha, suburbana y discontinua, hasta la calle 245, la última con nomenclatura antes de la frontera municipal con Chía. La urbanización es atípica en varios aspectos: tiene una estructura urbana de calles públicas, pero caminar por ellas es complicadísimo dada la ausencia de andenes. El tamaño de sus lotes y la reglamentación también son únicos: 3.200 metros cuadrados para un máximo de cuatro casas por lote. Algunos lotes tienen una sola casa y otros se han englobado para desarrollos de ocho. Además, la urbanización carece de alcantarillado público, de modo que cada lote –hoy como ayer– tiene que resolver su manejo de aguas residuales. Para completar, el barrio está atravesado por la Avenida Boyacá, la cual no pasa de ser a la fecha una vía misteriosamente ancha y sin mayor importancia local, pero que algún día caerá como un baldado de agua fría sobre el remanso de paz que es actualmente San José de Bavaria.

Me fui, pues, cámara en mano a buscar la construcción. Nada más llegar encontré que la valla de licencia de la obra a la que se refería mi corresponsal estaba parcialmente cubierta, lo cual es una infracción pues la ley establece que las vallas deben estar a la vista y ser perfectamente legibles. Aunque me fue imposible entrar a la obra, lo que pude observar desde afuera evidencia que el complejo no tiene aislamientos laterales, es decir, que está pegado en el primer piso al muro del vecino. Habría que inspeccionar y medir con precisión antes de sacar conclusiones acerca de la legalidad o ilegalidad de la obra, pero basta con darse una vuelta por el barrio para notar que las demás construcciones sí tienen aislamiento y parecen seguir una reglamentación diferente a la aplicada en el Portal de Calatrava. Al volver a mi casa, consulté por internet la reglamentación para la upz (unidad de planeación zonal) de San José de Bavaria y mi sospecha salió fortalecida.

Esto significa lo que ya casi todo el mundo sabe pero prefiere callar para evitarse problemas: que la Curaduría se equivocó en la aprobación de los planos, o que en la obra se cuenta con un juego de planos para mostrar a los inspectores y otro para trabajar con los maestros. Sin embargo, como mi corresponsal está interesado en posibles vías de acción, le expreso a él y a quien quiera tomar cartas en el asunto que, en lugar de “denunciar”, lo razonable es acudir a la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas, una entidad que se ocupa de evaluar –se supone que sin ningún tipo de inclinación política o económica– estas dudas y preguntar por la legalidad de la obra. Este organismo será el encargado de emitir un veredicto de condena o absolución.

Me parece necesario advertirle a todo potencial entusiasta que un laudo de irregularidad no garantiza que la obra en cuestión sea detenida o demolida. Las reglamentaciones cambian con frecuencia y para entenderlas hay que estar predispuesto a aceptar que lo escrito antes en piedra hoy en día puede ser letra muerta.

De hecho, durante el último año he sido testigo de tres casos en los que, aun comprobada la ilegalidad del proceso, la construcción sigue su curso normal o simplemente permanece detenida por tiempo indefinido. Para no volver sobre los ejemplos de Fedegán, en la calle 37 abajo de la Caracas, o del edificio Lares 78, en la calle 78 abajo de la novena, a los cuales me referí en columnas pasadas, me limito a citar un caso diferente para el cual fui nombrado perito por parte de la Universidad Nacional: el edificio Rosales 75, en la esquina de la calle 75 con carrera cuarta. Se me encargó evaluar las eventuales anomalías de esa obra y, en efecto, encontré que la Curaduría y el constructor habían incurrido en varias ilegalidades. No obstante, el juez administrativo a cargo del caso, después de un año de proceso, se declaró incompetente para emitir un fallo, de manera que si los demandantes quieren ver resultados tendrán que volver a empezar el proceso y radicarlo en otro juzgado, con el desgaste económico y emocional que esto conlleva.

Estos tres ejemplos, como muchos otros, demuestran que, una vez instauradas las acciones del caso y obtenido algún tipo de certeza, las sanciones no necesariamente se llevan a término, por muy obvias que parezcan. Siendo realistas, la posibilidad de exigir un efectivo cumplimiento de la normatividad todavía es un anhelo utópico, no solo porque los procesos se ven obstaculizados de manera constante por las inagotables estrategias evasivas de los infractores, sino porque es casi inevitable que el poder y los intereses económicos y políticos medien prácticamente en cualquier proceso. Esto hace que las instancias a las que se debe apelar sean todavía organismos poco efectivos. Rara vez se ordena una demolición o se multa a un constructor, y si de suspender la licencia a un arquitecto se trata, primero veremos caer nieve sobre Bogotá.

Sin embargo, no por eso hay que dejar de presionar por la vía institucional. Si bien una acción aislada no siempre es suficiente para mover el mundo, tampoco ayuda que nos amparemos en silbar y mirar para el cielo por temor a que el vecino pueda ser muy poderoso. Y si los organismos son torpes en la intervención, pues necesitamos más señores T que se tomen el trabajo de sospechar y entrometerse. Para que nuestras quejas no caigan en oídos sordos, podría ser muy útil una supervisión ciudadana que alimente a la Comisión de Veeduría e impulse un cambio de mentalidad en los constructores capitalinos.

Pese al escepticismo, un conjunto de personas compartiendo un objetivo sí puede dar el giro deseado a un estado de las cosas. El reciente hundimiento de la reforma a la justicia es una prueba magnífica de ello.

ACERCA DEL AUTOR


Juan Luis Rodríguez

Es profesor de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.

Este contenido es solo para suscriptores

Si ya eres un suscriptor inicia sesión acá

Si aún no eres un suscriptor, te invitamos a ser parte del Malpensante

Suscribirme