El acuerdo de paz: qué podemos (y qué no podemos) esperar

Los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las Farc han reavivado un sinnúmero de fantasmas. ¿En dónde debemos trazar la raya entre el escepticismo y la esperanza? Un curtido comentarista responde.

POR Hernando Gómez Buendía

© Igor Kopelnitsky | Corbis

 

El secreto

Lo firmaron por una razón muy simple: ni el gobierno ni las Farc pierden nada con cumplir exactamente lo pactado en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Dicho de otra manera: aunque sin duda es trascendental –y aunque está lleno de sustancia–, el acuerdo como tal no altera el balance de fuerzas militares ni políticas entre los dos bandos.

 


En el acuerdo no hay zona desmilitarizada, no hay tregua, no hay reformas sociales profundas o no profundas, no hay fin de los atentados, no hay freno al narcotráfico, no hay canje de prisioneros, no hay liberación de secuestrados, no hay medidas para humanizar el conflicto, no hay audiencias multitudinarias, no hay diálogo nacional, no hay periodistas, no hay intermediarios, no hay nada que alguna de las partes pueda usar como ventaja militar o política.
La guerra proseguirá con toda su crudeza –y muy probablemente se va a recrudecer–. Este es un hecho horrible y casi imposible de aceptar o entender para la gente. Y sin embargo esta neutralidad o ausencia de ventajas es la razón por la cual hubo acuerdo, es la explicación de la demora de meses en lograrlo, es la mayor fortaleza del acuerdo, y es el mejor blindaje del proceso.

El secreto era obvio: el mecanismo para llegar a la paz debe ser independiente de las vicisitudes militares o políticas que la guerra necesariamente implica. Si el mecanismo de por sí le da ventajas a alguna de las partes, esas ventajas se convierten en el motivo o el pretexto para que la otra parte se levante de la mesa.

 

Lecciones del pasado

Aunque parezca increíble, es la primera vez, en la ya larga historia de diálogos con las Farc, que se ha cumplido con aquel principio obvio. En palabras más claras: este es el primer chance que se le da a la paz con la mayor guerrilla de Colombia en casi medio siglo.

En el ensayo más reciente, el del Caguán, un mecanismo para negociar (la zona de distensión) se convirtió en el motivo de la disputa, por las ventajas, abusos o interferencias de uno u otro lado. Bajo el gobierno de Pastrana no hubo negociación: hubo 34 meses de controversias en torno a la zona desmilitarizada; estos episodios desacreditaron el proceso de “paz” y produjeron la escalada de la guerra a partir de 2002. Queda el consuelo de una lección aprendida: esta vez los diálogos transcurrirán por fuera de Colombia y “sin desmilitarizar ni un milímetro del territorio nacional”.

Los diálogos de Belisario Betancur fueron surrealistas, en territorio nacional (La Uribe, Meta) y además sin desmilitarizar la zona, es decir, sin el consenso o siquiera el permiso de las Fuerzas Armadas. Y sus únicos resultados concretos fueron otros dos errores garrafales porque alteraban prematuramente el balance militar (el cese al fuego “bilateral” de 1984) y alteraban el balance político (la up como partido legal nacido de las Farc en medio de la guerra). Los reclamos por violación de la tregua y el salvaje exterminio de la up se encargaron de enterrar el proceso. Pero quedaron dos lecciones aprendidas: en el actual acuerdo no se pactó cese al fuego, y esta vez la salida de las Farc a la política solo podría venir al final del proceso.

No me detengo sobre el tercer intento, el de Caracas-Tlaxcala bajo el gobierno de César Gaviria, porque aunque tuvo el acierto de sesionar en territorio extranjero, en realidad no pasó de la fase exploratoria, es decir, no llegó a convenir los mecanismos para sentarse a negociar la paz.

El resto de la historia no es de diálogos sino de declaraciones unilaterales acerca de los diálogos. Desde Guillermo León Valencia hasta Juan Manuel Santos y desde Marulanda hasta Timochenko, presidentes y comandantes han puesto condiciones que cambiaban el balance militar o político, y por eso no podían llevar a parte alguna. Para no ir muy atrás, recordaré apenas el despeje de Pradera y Florida, los “inamovibles” del gobierno Uribe y el discurso de Juan Manuel Santos hasta hace pocos días: “Lo hemos dicho claramente: las Farc tienen que renunciar al terrorismo. Ahí podríamos pensar en un diálogo. Antes no”.

En el acuerdo que acaba de firmar con la guerrilla, el gobierno no exigió esa condición. Otra lección aprendida, que por fin hará posible que las partes se sienten a negociar sobre la paz.


La agenda

Además de ese pulso para no darse ventajas militares ni políticas, hubo también un pulso –y muy intenso– para delimitar los cinco temas de negociación. En contraste con la lista de mercado del Caguán (otra lección que pareciera obvia), esta vez cada palabra y cada coma fueron materia de un tire y afloje prolongado, de manera que la agenda refleja milimétricamente las aristas esenciales del conflicto y las condiciones para su resolución.

El principio para llegar a definir la agenda parecería trivial: el objetivo del acuerdo es terminar el conflicto, no humanizar la guerra, intercambiar prisioneros o simple y llanamente ganar tiempo. Era inevitable entonces que cada parte incluyera sus puntos realmente medulares, la una para entregar las armas y la otra para minimizar sus concesiones. De ahí los cinco temas acordados:

–En la base de todos está el punto 3, “fin del conflicto”, que incluye el cese de las hostilidades y el desarme (exigencias, digamos, del gobierno) frente a las garantías de seguridad y el tratamiento jurídico de los ex insurgentes (condición de las Farc). Este punto es la meta principal del gobierno y sería el paso irrevocable de las Farc.

–El punto 2, “participación política”, es consecuencia obligada de que no estamos ante una rendición incondicional de las Farc; se trataría de la salida negociada del conflicto, en la cual los insurgentes renuncian a las armas para seguir su lucha política o social por vías pacíficas.

–El punto 4, “solución al problema de las drogas ilícitas”, es la prueba de que Colombia no es tan soberana cuando se trata de la guerra y la paz: fue la razón de ser del Plan Colombia, fue la instrucción que recibió Pastrana cuando viajó al monte a negociar con Marulanda, y es la condición para que este proceso pueda fluir en la geopolítica mundial.

–El punto 5, “víctimas”, es la otra mitad de la geopolítica, la de después del Tratado de Roma, la condición para que los firmantes del acuerdo queden también a salvo de la justicia penal internacional.

–Y queda el punto 1, el más difícil, el único que toca un problema “estructural” (léase: el único que afecta la propiedad privada) y que lo hace por ser el corazón de este conflicto que ha durado medio siglo: la “política de desarrollo agrario integral”. Esta es la fuerza principal de las Farc: son campesinas. Esta es la gran debilidad de las Farc: son campesinas. Y esta es la paradoja grande de Colombia: un país abrumadoramente urbano sigue atrapado en una guerra de colonos y terratenientes.

Las Farc admiten que son campesinas, y el acuerdo ya no habla del “modelo de desarrollo”, ni del “pleno empleo”, ni de los otros temas que incluía la agenda del Caguán y que esencialmente pasan por el país urbano. Pero el gobierno concluyó que sin el tema agrario no hay acuerdo, y ambos saben que este será el hueso más duro de roer. Por eso, con inteligencia, establecieron explícitamente que “las conversaciones iniciarán con el punto Política de desarrollo agrario integral y se seguirán con el orden que la Mesa acuerde”. O sea que sin acuerdos sobre este asunto, el proceso no puede seguir avanzando.


Buenos vientos

Dije ya que el acuerdo se firmó porque las partes no tienen nada que perder. Añado ahora que también se firmó porque las partes tienen mucho que ganar si el proceso se lleva hasta el final.

No intentaré listar las ventajas de la paz (a mí me basta con que cese la matanza), ni explicar que su firma nos conviene a casi todos (no a todos nos conviene, y por eso persiste la matanza). Doy pues por hecho que el gobierno y los mandos de las Farc ganarían con este gran servicio a quienes representan o pretenden representar. Pero además del motivo altruista, habría ganancias para los firmantes del acuerdo final: para Santos están el ser “el presidente de la paz”, la reelección, o la Secretaría de la ONU; para los comandantes guerrilleros está el prospecto de una carrera política (ahí está el referente del M-19), y en todo caso está la oportunidad de retirarse sin perderlo todo.

Porque el motor principal debajo del acuerdo, sin duda, han sido los golpes a las Farc. Diez años de ofensiva militar a toda marcha, la caída de tantos de sus jefes, y la aplastante ventaja tecnológica que hoy le lleva el Estado a la guerrilla, inclinaron definitivamente la balanza de fuerzas en su contra. Y en el plano político, las Farc sufrieron el repudio visceral de la opinión (que fue el motivo para elegir y reelegir a Uribe), la rebelión de sus bases sociales (como probaron hace poco los indígenas del Cauca) y la pérdida de los “canjeables”, que eran su mayor (y casi único) instrumento de presión.

Los reveses militares y políticos de la insurgencia deberían inducirla a buscar una salida negociada. Pero la paz –lo mismo que la guerra– no es un hecho inevitable sino una decisión de quienes la ejecutan: por eso puede ser (y suele ser) que el bando golpeado se mantenga en la guerra cuando todo le indica que ya está perdida. Digo esta otra obviedad porque, así las Farc estén “estratégicamente derrotadas”, la guerra de su parte seguirá hasta que sus comandantes decidan no continuarla.

Con todo y eso hay señales elocuentes. El mando de las Farc se ha convencido de que la guerra no puede ser ganada, o sea que ya pasamos por el punto de quiebre y la paz ahora sí es posible. Esas señales han sido la admisión reiterada y más o menos explícita de que las Farc no pueden tomarse el poder, en sucesivos escritos de Timochenko y en documentos del Secretariado. La suscripción de una agenda limitada y con acento reformista pero visiblemente no revolucionario, sumada al hecho mismo de que esta vez firmaron sin obtener ventajas militares o políticas, es un signo inequívocamente alentador.

El gobierno también está dispuesto a darle un chance de verdad a la paz. Su manejo impecable del proceso, la inclusión de los mandos militares, y la escogencia de negociadores que tienen tras de sí a los poderes reales del país, son muestras no menos inequívocas de que la apuesta de su parte es seria. La apuesta por supuesto tiene adversario y riesgos muy altos, pero el gobierno Santos se decidió a efectuarla.

 

Malos vientos

El acuerdo es distinto de la paz, y más bien tiende a endurecer la guerra: en una mesa de negociación, lo acordado corresponde a la relación de poderes o de fuerzas que exista entre los bandos. Esto es peor en el caso colombiano porque las Farc son un poder militar mucho más que político, o sea que, en vez de marchas o manifestaciones multitudinarias, lo que tendrán “para mostrar” son sus golpes militares. Y entre las Fuerzas Armadas existe la creencia de que el triunfo está cerca, de modo que ellas deben acentuar la ofensiva.

El que no disminuya o se agrave la violencia será per se un obstáculo mayúsculo al proceso. Los colombianos, con derecho y con razón, reclamamos el final inmediato del desangre, y brotará de muchas voces la exigencia de que cese el fuego. De hecho ya ha brotado, de la Iglesia Católica, de las víctimas y de jefes políticos prestantes. Es más: las Farc anuncian desde Cuba que esta será su “primera propuesta” en la mesa y, paradójicamente, esta es la condición del uribismo “puro” para apoyar el proceso en el Congreso.

Un cese al fuego sin embargo necesita mecanismos rigurosos de verificación –que hoy no existen–, pues de otro modo se incumple y pasa a ser el argumento para romper las conversaciones. Este cese además no es posible porque las partes acordaron, con sabiduría, que “las conversaciones se darán bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado”; esto se necesita para el toma y el daca, pero también implica que ningún acuerdo entrará en vigencia antes del final.

Y así llegamos al problema de las interpretaciones. La virtud fundamental del acuerdo es precisar con claridad y rigor los temas y las reglas para llegar hasta el final del proceso. Y sin embargo un texto siempre está abierto a interpretaciones, de manera que en el mundo real ningún contrato es o puede ser exhaustivo. Ya mencioné el cese al fuego que propondrán las Farc, que el presidente había descartado ante sus generales y que no es compatible con el texto (según mi interpretación). Del otro lado están los anuncios del gobierno sobre programas (de víctimas, de tierras...) que ya está realizando o ha previsto en sus planes, como una suerte de “cuota inicial” al proceso; esto –al revés– es mal augurio porque bonitamente desconoce la esencia del acuerdo: es para negociar, es decir, para adoptar medidas o reformas que de otro modo no se habrían adoptado.

El diablo, en conclusión, sigue estando en los detalles, y aunque el acuerdo fue una gran noticia, aquí en Colombia no ha pasado nada.

ACERCA DEL AUTOR


Hernando Gómez Buendía

Columnista de El Malpensante. Es también director de la revista digital www.razonpublica.com.

Este contenido es solo para suscriptores

Si ya eres un suscriptor inicia sesión acá

Si aún no eres un suscriptor, te invitamos a ser parte del Malpensante

Suscribirme