Menos agua más sal

Ya es un hecho y es irreversible: perdimos mar territorial ante Nicaragua. Pasado el trago amargo, los intríngulis diplomáticos que rodean este fallo pueden ayudarnos a comprender en qué país y en qué mundo vivimos.  

POR Hernando Gómez Buendía

 

© Glow Images | Corbis 

 

En el alud de mapas enredados, crónicas eruditas, explicaciones jurídicas complejas, discursos patrioteros y anuncios contradictorios del gobierno a propósito del fallo de La Haya, es muy fácil que queden enterrados los dos hechos más obvios de este caso: el primero, que Colombia no ha debido ir al juicio; el segundo, que después de haber perdido, lo único que queda es resignarnos.  

El primer hecho es dolorosamente obvio: si usted no tiene que ir a un juicio y si en el pleito no tiene nada que ganar, lo inteligente es por supuesto no ir al juicio.

Comienzo por la segunda condición. Imagine que usted tiene mil pesos y yo le propongo que juguemos este juego de dados: si salen pares, usted me da cien pesos, pero si salen impares, usted no me da nada. Nadie con dos dedos de frente aceptaría semejante trato. Y no lo aceptaría aunque las probabilidades de perder fueran remotas. Por ejemplo, usted no jugaría aunque la condición fuera que me pague un centavo si yo saco pares siete veces seguidas, porque usted seguiría sin nada que ganar.

 

 


Pues algo así fue lo que hizo Colombia: en el mejor de los casos, el fallo nos hubiera dejado como estábamos. Colombia disfrutaba –y hasta donde le dio la gana ejerció durante más de un siglo– la soberanía sobre la totalidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con sus cayos, plataforma y zona económica exclusiva hasta el meridiano 82. Sobre esta base (la del Tratado Esguerra-Bárcenas), Colombia había firmado tratados con los demás países limítrofes, y mantenía el ejercicio “público, pacífico e ininterrumpido de jurisdicción” sin que nadie la estorbara (excepto por supuesto Nicaragua).

La pregunta del millón es entonces: ¿hubiéramos podido negarnos a aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia? Sobre este particular, las opiniones estaban divididas.

Por supuesto hay juristas –comenzando por los quince magistrados de La Haya– y hay argumentos muy sólidos para sostener que Colombia tenía que someterse al tribunal. Dice el artículo xxxi del ahora famoso Pacto de Bogotá que “las partes reconocen la jurisdicción de la Corte… en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre: a) la interpretación de un tratado; b) cualquier cuestión de Derecho Internacional…”. Más aún: según el artículo 53 del Estatuto de la Corte, el proceso habría proseguido en ausencia de Colombia, de manera que el fallo hubiese podido ser todavía más desfavorable para nosotros.

Pero también había juristas que opinaban lo contrario –comenzando por el presidente López Michelsen y el Consejo de Estado en advertencias repetidas al gobierno– y había buenos argumentos para negarse a concurrir ante ese tribunal. Por un lado, tras declarar en 1930 que aceptaba la competencia de la Corte, Colombia hizo una reserva en 1937 que la exceptuó de casos como el de San Andrés. Por otro lado –y en todo caso– dice el artículo vi del Pacto de Bogotá que la Corte no tiene competencia sobre “los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”. Pues bien: el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 entró en vigencia el 5 de mayo de 1930 vale decir, 18 años antes de que existiera el Pacto de Bogotá.

Admito que la tesis de la no competencia es discutible porque, sin ir más lejos, el artículo xxxiii del propio Pacto de Bogotá afirma que “si las partes no se pusieren de acuerdo acerca de la competencia de la Corte sobre el litigio, la propia Corte decidirá previamente esta cuestión” (¿y en qué quedan entonces las excepciones del artículo vi?). Pero no los aburro con tecnicismos jurídicos, ni tengo que demostrar que López o el Consejo de Estado tuvieran la razón.

Me basta con subrayar que aunque los argumentos no fueran tan sólidos, Colombia habría podido negarse a concurrir ante la Corte sencillamente porque en estos asuntos no se trata de tener la razón, digamos, absoluta, sino apenas de tener una “versión plausible” o “presentable” ante la comunidad internacional.

A diferencia de un ciudadano particular, a quien la Policía puede llevar por la fuerza ante los jueces, los Estados tienen un cierto margen de discrecionalidad para someterse a un determinado tribunal. La existencia de ese margen es tal vez indeseable –porque confirma que el derecho internacional es un “derecho incompleto” o apenas una forma de “moralidad”–, pero el margen es usado (o abusado) con frecuencia por los Estados de todos los tamaños. En relación con la Corte de La Haya, por ejemplo, El Salvador denunció el Pacto de Bogotá en 1973, Australia cambió de posición para excluir disputas sobre límites marítimos ante la inminencia de un Timor Oriental independiente, y Estados Unidos optó por decidir caso por caso si se somete o no a la Corte, después del fallo adverso sobre la guerra encubierta de Ronald Reagan, precisamente contra Nicaragua.

Podría añadir aquí que los Estados llegan incluso a negar la competencia, no apenas de la Corte Internacional de Justicia, sino también de los órganos supremos de Naciones Unidas, que son los que determinan la existencia de esa Corte: piense no más en Bush cuando invadió Irak, o en Israel ante las resoluciones sobre Palestina que la Asamblea General viene adoptando desde 1948 y hasta su admisión como Estado observador hace unos días.

Pero tampoco necesito apelar a extremos como los de la “guerra preventiva” de Bush o de Israel: independientemente de si los argumentos para negarse a ir a La Haya eran o no eran sólidos, el gobierno de Colombia estaba convencido de que sí lo eran, y por consiguiente tenía la obligación de no ir a La Haya. Al exponernos a un riesgo cuando creían que no era necesario, los gobiernos de Colombia a partir del 21 de julio de 2003 –fecha en que por primera vez nos pronunciamos sobre la demanda de Nicaragua– faltaron gravemente a su deber de defender la integridad territorial de la patria.

La prueba de que existía esa convicción es muy sencilla: aquel 21 de julio de 2003 (y de nuevo el 11 de julio de 2007), Colombia sostuvo que la Corte no tenía jurisdicción para ocuparse del asunto. Si eso dijimos, tenía que ser porque pensamos que los jueces podrían aceptar los argumentos, es decir, porque a nosotros nos parecieron convincentes; y un gobierno que tenía esta convicción, por esto mismo, tenía la obligación de no ir al juicio.

Pero, muy a la criolla, el gobierno de entonces le dijo a la Corte que no era competente dentro del juicio, es decir, después de haber aceptado que la Corte sí era competente. El nuestro es un país de abogados incompetentes… o en todo caso el presidente de entonces se apoyó en abogados que no eran competentes.

Y pasó lo que tenía que pasar: perdimos.

Lo cual me lleva al segundo hecho de bulto: tenemos que resignarnos. Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte, y los fallos de la Corte son “definitivos e inapelables”. No hay recursos legales: el recurso de “aclaración” no sirve casi de nada (aunque podría evitar nuevos enredos), y el recurso de “revisión” no tiene cabida porque no hay “nuevos hechos decisivos”. Llamar a Panamá, a Costa Rica y a Estados Unidos, como dijo (¿y desdijo?) el gobierno, para que nos apoyen en estos recursos es volver a negociar los tres tratados… pero ahora en condiciones de mayor debilidad.

Y, más allá de los tratados o los fallos, ocurre que Colombia se quedó sin una “versión plausible” ante la comunidad internacional para seguir ejerciendo la (poca o mucha) soberanía que ejercíamos sobre un mar que ya no es de nosotros. Por eso las cancillerías de todos los países con proyección territorial sobre el Caribe –empezando por Estados Unidos– están “analizando el fallo” para ver cómo van a renegociar con Nicaragua.

Para empeorar la situación, el gobierno de Colombia admite que “Nicaragua podría reclamar 200 millas de plataforma continental” y que “otros países podrían seguir en línea”. La solución consistió en denunciar el Pacto de Bogotá y retirarnos de La Haya, es decir: en patalear cuando el daño ya está hecho... y de paso perder la esperanza de algún día demandar a Venezuela (que por supuesto no ratificó aquel pacto) con relación al Golfo de Coquivacoa –y con argumentos parecidos a los que Nicaragua usó contra Colombia–.

De todo lo anterior nos queda el espectáculo:

–Del presidente Juan Manuel Santos, que “rechaza partes” del fallo como si eso no pusiera en entredicho la seriedad internacional de Colombia y que, después de erguirse en defensa verbal de los derechos “sagrados” de los isleños, va a rogarle al presidente de Nicaragua que por favor no les cierre el mar a los sanandresanos.

–Del ex presidente Álvaro Uribe, el jefe de Estado en 2003 y en 2007, o sea el responsable directo de esta pérdida, que le ofreció al presidente de Nicaragua “respetar totalmente” el fallo de la Corte cuando pidió su apoyo para pasar de agache en nuestro ataque ilegal al Ecuador, pero que ahora se envuelve en la bandera de la patria “para defender por todo el territorio la tesis del rechazo”.

–Del presidente del Senado, Roy Barreras, cuando afirma que el Congreso “no modificará los límites con Nicaragua” es decir, que Colombia seguirá ejerciendo la soberanía.

–De la señora canciller, que “no renuncia” por esa cosa que se llama sentido del pudor, pero que al mismo tiempo “insiste en rechazar el fallo sobre San Andrés” y dice que “Colombia es un país respetuoso del derecho internacional”.

–De responsabilidades diluidas con el cuento de que “si se trata de encontrar responsables, el país se debe remontar a varias décadas atrás en las que presidentes, ex presidentes, cancilleres y asesores participaron de alguna forma en el pleito con Nicaragua”.

El espectáculo, en fin, de un país cuya clase dirigente nos enseña que la ley no se cumple cuando esa ley no le conviene a uno.

Nicaragua ganó con el fallo y ganó con la reacción bochornosa de las autoridades colombianas. Colombia perdió el mar y perdió el derecho fundamental en una democracia: el de exigir que las autoridades respondan por sus actos. 

ACERCA DEL AUTOR


Hernando Gómez Buendía

Columnista de El Malpensante. Es también director de la revista digital www.razonpublica.com.

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