Dos duras verdades

Mientras la opinión pública prioriza aspectos laterales de la negociación, pocos parecen atender a lo que están discutiendo el gobierno y las Farc en las mesas de diálogo. Algunos de los pronunciamientos permiten suponer que algo se ha avanzado. 

POR Hernando Gómez Buendía

 

Aunque han llovido rayos y centellas sobre las declaraciones de sus voceros en La Habana, hay que decir que esta vez las Farc tienen casi toda la razón. Primero fue el discurso inaugural de Timochenko, que los medios describieron como un “baldado de agua fría” porque planteaba reformas radicales para el campo. Después el anuncio de un cese al fuego unilateral, que fue recibido como un engaño o una falsa promesa. Y al comenzar este año fue la advertencia de que las Farc seguirían “secuestrando” policías y soldados, lo cual produjo (o casi) un ultimátum por parte del vocero del gobierno.

 


1. Me apresuro a aclarar que el discurso de Timochenko, en mi opinión, contiene falsedades o exageraciones, y que sus propuestas en materia agraria implicarían más retroceso que avance. Pero el punto es otro: las Farc son una guerrilla campesina y comunista que lleva 48 años de curtirse en combate, y que por fin llega a una mesa de negociaciones. ¿Cómo sorprenderse entonces porque sus ideas sean diferentes a las de los gremios, las autoridades o los periodistas? Más todavía: el jefe de las Farc no habló de expropiación masiva, ni de propiedad estatal o colectiva de la tierra: su posición, en efecto, fue agrarista en vez de comunista. Y a esto le añado que el ministro de Agricultura y los muchos informes oficiales coinciden en denunciar el despojo de tierras, la extrema desigualdad y el atraso del campo, de modo que también ellos están pidiendo reformas radicales.

2. El anuncio de un cese temporal al fuego fue sin duda una maniobra política e incluso una jugada oportunistapor parte de las Farc. Pero tampoco hay duda de que fue el gobierno el que desde un comienzo y con firmeza se ha negado a pactar o siquiera a conversar sobre la tregua. En este punto creo que el presidente Santos tiene toda la razón: aunque es difícil entender o aceptar que siga la matanza mientras se habla de paz, un cese al fuego necesita de quién lo certifique, porque si no sus violaciones acaban por abortar el proceso de diálogo (y así lo prueban la experiencia colombiana y la mundial). Por eso este gobierno escogió negociar en medio de la guerra. También por eso las Farc tienen la opción de ofrecer una tregua unilateral como muestra saludable de buena voluntad. Otra cosa es si cumplieron su palabra, y en honor a la verdad hay que decir que el Ministerio de Defensa y diversos analistas reconocen que los ataques de esa guerrilla disminuyeron entre el 50% y el 80% durante los dos meses que duró su tregua.

3. El ultimátum (o casi) del gobierno fue la respuesta al anuncio de que las Farc “nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que sean rendidos en combate”, con la reiteración del compromiso de no efectuar “retenciones de carácter económico” y la insistencia en la idea de que el conflicto debe “regularizarse”. Aquí el lenguaje es esencial, y la guerrilla fue muy cuidadosa:

• En el primer punto tiene la razón. Puesto que estamos en un “conflicto armado interno” (y este gobierno lo reconoce), y puesto que no hay cese de hostilidades, es lícito mantener los operativos militares, incluida la captura de enemigos “rendidos en combate”. Los soldados y policías en manos de las Farc no son “secuestrados”, porque tienen el carácter de combatientes en un conflicto regulado por el derecho internacional humanitario. Este mismo derecho sin embargo exige que los prisioneros de guerra sean tratados “humanamente en todas las circunstancias” (artículo 13 del Convenio de Ginebra), no con las cadenas al cuello y los castigos brutales que utilizan las Farc.

• En el segundo punto las Farc nunca han tenido razón. La base del derecho de guerra es la diferencia entre combatientes y no combatientes, o población civil expuesta al conflicto. El secuestro extorsivo o no extorsivo de civiles es un delito repulsivo y, bajo ciertas circunstancias, es un crimen de lesa humanidad. En nombre de la “lucha de clases”, sin embargo, y como un “impuesto de guerra”, las guerrillas comunistas de varios países han tratado de justificar esta práctica; tanto así que las Farc promulgaron su famosa “Ley 002”, cuya derogatoria nos confirman ahora. Bienvenido el anuncio, pero los guerrilleros igual tendrán que responder por esa pesadilla del secuestro.

• En el tercer punto hay una ambigüedad. La “regularización de la guerra” es una figura vieja del derecho internacional (en 1820, por ejemplo, Bolívar y Morillo firmaron el tratado de ese nombre) que en parte corresponde al actual dih y en parte implica acuerdos adicionales a este DIH para aliviar los males del conflicto. El gobierno rechaza –con razón– esta propuesta porque “se trata de acabar el conflicto, no de prolongarlo”. Pero el gobierno no tiene razón si se trata de suspender desde ya las violaciones al derecho de guerra que ambas partes cometen: torturas, ejecuciones sumarias, reclutamiento de niños, violencia sexual y otros horrores que en Colombia abundan.

Esta es entonces la dura verdad: las Farc han sido más serias y más constructivas que el gobierno en sus declaraciones públicas alrededor del proceso de paz. Advierto que no creo que lo hagan por bondad, sino porque tienen un alto interés en que el proceso tenga éxito: es muy buena noticia. Y aun agregaría que el simplismo y la dureza en las respuestas del gobierno son una forma de cuidar su imagen ante la crítica implacable de ya sabemos quién y sus aliados: pero con esto se debilita el proceso.

Las sinrazones del gobierno consisten sobre todo en el manejo descuidado de las bases del derecho que regulan la ejecución de las acciones bélicas: el jus in bello que llaman los estudiosos, y cuya esencia cabe en una frase: no todo vale en la guerra. Pero hay otro derecho, el jus ad bellum, según el cual no toda guerra vale sino que hay unas justas y otras que son injustas.

Hago la distinción para que no se esconda la otra dura verdad. La guerra de las Farc no es justa, su insurrección contra el Estado colombiano es ilegítima. El alzamiento armado solo es justo cuando la población está sujeta a lo que el padre Mariana llamó hace siglos “la tiranía insoportable”, cuando las autoridades se sostienen a base de la represión o de la fuerza bruta. Pero este no es ni ha sido el caso de Colombia.

El punto es importante y por eso lo elaboro un poco más. Desde los tiempos del padre Mariana se ha ido construyendo una teoría ética que exige cuatro condiciones para justificar la insurgencia armada contra el Estado: que la causa sea noble, que no exista otra manera de acabar la tiranía, que el movimiento esté apoyado por el pueblo, y que exista una posibilidad razonable de derrocar al régimen. Pues bien: aun cuando las Farc tuvieran un motivo noble (el de acabar las injusticias sociales), es claro que en Colombia es posible expresarse por la vía electoral; más claro aún es que la población no apoya a la guerrilla; y, por si falta hiciera, es evidente que las Farc no han podido ni pueden tomarse el poder.

Las Farc no tienen pues derecho a hacer la guerra y esto sencillamente significa que ellas son responsables, no solo de sus actos militares, sino de todos los horrores que ha traído esta guerra tan larga y degradada. Esa es la otra verdad que hay que decir.

ACERCA DEL AUTOR


Hernando Gómez Buendía

Columnista de El Malpensante. Es también director de la revista digital www.razonpublica.com.

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