Chava no vino a enamorarse

Un perfil urgente del río San Juan y de la líder social Elizabeth Moreno Barco, la "mujer de hierro" del Pacífico

 

A lo largo del río San Juan –380 kilómetros que arrancan en el Valle del Cauca y atraviesan el Chocó– fluyen las lógicas del conflicto armado en Colombia: cultivos de coca, minería ilegal, ausencia estatal, pobreza, presencia de grupos armados, deforestación... Pero, a pesar de la guerra que se libra en las riberas, Chava asegura que no puede dormir tranquila en otro lugar. Por eso, desde hace más de veinte años defiende el territorio y se ha convertido en la líder más importante de la zona.

 

POR Juan Miguel Álvarez

Chava no vino a enamorarse

Fotografía de Juan Arias

 

 

DÍA 1. LAS AMENAZAS

La llegada al punto de embarque es a media mañana. El cielo está encapotado y el suelo húmedo. Ha llovido y lloverá, aunque todos estos días hubo un sol intenso. El típico rayo calcinante de principios de enero. En el bote, un encarpado de fibra de vidrio, nos amontonamos unos treinta pasajeros. Enfrente, las aguas marrones del río Calima, ruta directa hasta desembocar en el portentoso río San Juan. Si desde aquí uno pudiera trazar una línea recta en dirección nororiental, Bogotá quedaría a casi 500 kilómetros de distancia.

El camarógrafo Hernando Sánchez y yo acompañamos a Elizabeth Moreno Barco, mujer negra de 52 años, una de las líderes más importantes y queridas de las comunidades campesinas que habitan el suroccidente del país. La han sentado en el lugar más cómodo: adelante, en segunda fila, justo detrás del lanchero para que le quepan las piernas. Desde que llegamos a este pequeño puerto –cuatro tiendas, un granero, una calle–, toda la gente ha saludado a Elizabeth. Le dicen Chava o Chavita. Aunque el diminutivo sea puro afecto porque ella es enorme: 1,75 metros, espalda ancha, brazos y piernas largas, manos como mazos.

Nos esperan cuatro días de viaje por el San Juan con la corriente en contra hasta llegar al municipio de Istmina. Un trayecto aproximado de 250 kilómetros –de los 380 que mide el río– por las cuencas baja y media que son, en conjunto, la vertiente hidrográfica fundamental del sur del departamento del Chocó. Y aunque también lo habitan pueblos indígenas, el Chocó es la provincia colombiana con mayor predominio de gente negra. Por su pobreza y el abandono estatal ya es lugar común decir que esta región, junto con el estado de Bahía, Brasil, es lo más parecido a África en este lado del mundo.

Además de la explotación aurífera, la cuenca del San Juan es zona de cultivos de coca y de una poco regulada extracción de madera. Aunque en los municipios funciona el comercio y negocios de servicios básicos –restaurantes y bares–, la economía de la región se encuentra atravesada por dinero de origen ilícito. Dinero que es disputado por grupos armados ilegales. En el territorio ha habido presencia de bandas narcotraficantes que a veces actúan como paramilitares, llamadas Los Rastrojos, el Clan del Golfo o Los Urabeños. Y guerrillas. Hasta antes de su desmovilización luego del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, las Farc transitaban por el río y era común que colgaran pendones de presentación a la entrada de una quebrada, con frases del tipo: Bienvenido al frente 30 de las FARC, como si fuera su centro de atención al público.

Sin embargo, la guerrilla predominante en esta región es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo que en sus inicios dijo ser guevarista y estar inspirado en la Revolución cubana, pero cuyo funcionamiento, un entramado de autonomías de acción regional, ha dado cabida a múltiples tendencias y corrientes ideológicas. El frente que ha medrado en el San Juan se llama Ernesto Che Guevara y su comandante más visible, alias Uriel, ha dejado saber por medio de su cuenta de Twitter que se siente maoísta, un practicante de la “guerra popular prolongada”.

Sueltan los amarres y partimos. El bote acelera rápidamente a unos 60 kilómetros por hora. Toda la carga –cajas, costales, bolsas, equipaje– va situada en la banca de la mitad para afirmar el centro de gravedad sobre el agua. Chava acaricia a una niña sentada a su derecha, la peina con la mano, la abraza. Es su sobrina y la lleva al encuentro con la mamá. Para sus compañeros de trabajo y gente que la conoce como líder comunitaria, Chava es “la mujer de hierro”. Destacan su carisma, su capacidad de escuchar todas las voces sin perder la paciencia; su valentía para afrontar, incluso, discusiones políticas con cabecillas armados; y su voluntad de trabajo por el bienestar de las comunidades que representa. Para su familia, Chava es la matriarca. La guía y la fuente. Madre soltera de cuatro hijos, abuela de dos nietos, hija encargada de velar por la progenitora, la tercera de cinco hermanos, la tía más admirada y entrañable.

A punto de tocar el embarcadero de Docordó, a dos horas de viaje a toda máquina, un puesto de control de la Armada detiene el bote. Es un acorazado fluvial de mediano tamaño, con antenas y artillería, del que penden dos veloces lanchas armadas conocidas como pirañas. Los infantes de marina piden cédulas y me preguntan qué hago aquí. Chava libra la situación diciendo que voy –vamos, el cámara y yo– con el Consejo Comunitario General del San Juan-Acadesán, del que ella es representante legal. Le piden que lo demuestre y ella presenta un documento administrativo del Consejo.

Ante todo, la desconfianza. En zonas rojas colombianas, la fuerza pública siempre toma nota de los visitantes. Quiénes son, qué vienen a hacer, cuándo se van. A los periodistas, además, les preguntan cuándo saldrá publicado el reportaje. Nada muy distinto al control que ejercen los grupos armados ilegales. Ayer viernes en la tarde, Chava debió llamar a unos campesinos que viven selva adentro para que le contaran al ELN que ella iba a navegar el río con un equipo periodístico para documentar las amenazas contra el San Juan y sus ecosistemas. Ellos le mandaron a decir que muchas gracias por haberlos enterado. Es decir, por verse obligada a considerarlos autoridad. “Nosotros somos los dueños del territorio”, me dijo Chava un tanto indignada y refiriéndose a Acadesán. “Pero no podemos desconocer que esa gente está ahí metida y armada y nada podemos hacer”.

 

  Embarcadero de Corriente Palo.

 

Luego del desplazamiento forzado, Togoromá parece un pueblo abandonado.

 

 Docordó es un poblado de menos de mil habitantes que funge como cabecera municipal de Litoral de San Juan, el municipio más al sur del Chocó. Es una comunidad que ha venido expandiéndose a lado y lado de una autovía adoquinada de unas diez cuadras de largo, paralela al río, que empieza y termina en la selva sin conectar con nada más. Pasan motos y bicicletas. Y hasta un carro que alguien trajo para lucirlo en esa recta sin destino alguno. Chava viene con frecuencia por asuntos de Acadesán y a visitar parte de su familia. Aquí mantiene atracado un bote pequeño de fibra de vidrio que ella ha puesto al servicio de su cargo y en el que seguiremos a partir de ahora. La gasolina para comernos estos 250 kilómetros viene en dos tambores. Cada uno contiene 60 galones. Un galón cuesta, en promedio, 14.ooo pesos, unos cuatro dólares. Mientras que en cualquier ciudad de Colombia, por caro que esté, el galón cuesta unos tres dólares, que equivalen a menos de 10 mil pesos. Acá no hay estaciones de servicio con medidores digitales y pisteros; la gasolina viene en recipientes de medidas absolutas –tarros de diez o veinte galones, y tambores– que se compran en un entable puesto en las orillas.

Como no hay carreteras, los habitantes dependen de la capacidad de moverse por el agua. Los niños aprenden primero a lanzarse a los ríos y nadar; luego, a dominar una canoa a remo y canalete; y por último, a manejar un motor fuera borda y a repararlo. Lo que sí depende de cada quien es la perspicacia para leer las formas del río y las rutas del cauce. Saber cómo evadir un tramo de poca profundidad que golpee el motor, elegir el lado adecuado para seguir un meandro, entender cuándo subir o bajar la velocidad. Esto me lo explica Dagoberto Mondragón, de 48 años, la mano derecha de Chava en Acadesán y quien conducirá el bote en adelante.

El primer destino es una comunidad situada en la margen derecha de una de las siete bocas del San Juan en el oceáno Pacífico. Se llama Togoromá. Hasta 1999, este caserío estuvo situado en la esquina de la ribera que se convierte en costa. Allá nacieron Chava, sus hijos y sus hermanos. La gente llevaba una vida sin complicaciones –pesca en agua salada y dulce, cacería y venta de madera–, que se acabó cuando la erosión marina empezó a horadar la orilla y a debilitar los cimientos de las casas, y toda la comunidad se vio obligada a mudarse a esta hondonada, a dos o tres kilómetros del mar.

–Allá estaba enterrado mi ombligo y mi placenta –me dice Chava mientras caminamos por el embarcadero.

En la cultura afro del Pacífico colombiano se acostumbra enterrar el ombligo y la placenta de las hijas al pie de la casa para despertar arraigo y permanencia en el territorio. En el caso de los hijos, ombligo y placenta se embolsan y arrojan mar adentro en procura de que sean andariegos.

–¿Cómo la ves? –me pregunta Chava con una risotada–. Las mujeres tenemos que estar metidas en la casa.

En su nueva ubicación en la hondonada, Togoromá llegó a ser un poblado de 185 familias satisfechas. Nadie aguantaba hambre y a nadie se le pasaba por la cabeza irse o mudarse en busca de fortuna. Contaba con un puesto de salud dotado con implementos suficientes para atención médica básica, un colegio al que acudían más de cien niños para formarse hasta noveno grado y una pequeña iglesia católica con la respectiva competencia evangélica.

 

 Chava es entrevistada por el autor en Cucurrupí. Fotografía de Hernando Sánchez.

 

Chava comenzó su papel de líder social aquí. Desde 1993 y hasta 2010, fue la “madre comunitaria” que se encargó de cuidar y alimentar a los niños menores de cinco años, mientras sus mamás trabajaban o regresaban al caserío. También fue parte del Consejo Comunitario Local hasta llegar a ser su presidente. La líder entrañable de aquellas 185 familias, moradores ancestrales de esta zona costera. Si chispeaba alguna discusión entre dos vecinos, ella debía mediar; si en el caserío ocurría algo que pusiera en riesgo a la gente, ella era la primera que buscaba ayuda.

–Vivíamos muy tranquilos acá. Éramos muy unidos.

El 5 de enero de 2013 la guerra les desbarató el mundo. El Clan del Golfo venía librando un combate entre la selva contra Los Rastrojos por el control de una ruta de salida al océano para el tráfico de cocaína. Al llegar a Togoromá, los tiros de fusil fueron y vinieron sin importar que hubiera campesinos en medio. La suerte quiso que nadie de la comunidad cayera muerto ni fuera herido de gravedad. El problema sobrevino en las horas posteriores. Como la fuerza pública nunca llegó, los campesinos no sabían qué hacer porque no tenían noticia de los combates: si habían terminado, si iban a continuar, si los armados aún merodeaban por ahí. Ante la opción de permanecer encerrados en sus casas sin poder salir a cazar ni a pescar ni a cortar madera, prefirieron desplazarse. Fue una decisión a la que Chava, como todos los demás, se plegó acosada por el miedo. En menos de una semana Togoromá quedó en un vacío fantasmal.

–Aquí tengo mis raíces, mi juventud –dice un tanto nostálgica, junto a un espigado árbol de churima que se yergue a unos cuantos metros de la orilla–. Aquí pensaba mi futuro hasta que nos tocó huir.

Agotadas las ayudas humanitarias estatales de los primeros meses del desplazamiento –comida, dinero en efectivo, techo temporal–, menos de la mitad de los habitantes retornaron a sus casas. Fue un grueso despoblamiento que terminó agravándose porque, al ver que la convivencia ya no era la de antes, muchos de los retornados optaron por irse del todo hasta dejar casi deshabitado el caserío. Hoy apenas son 23 familias, algunas de un solo miembro.

Entregado al abandono, el equipamiento público se vino al suelo: en lo que fue el centro médico, los instrumentos ahora están inservibles y enmohecidos, las jeringas se riegan punzantes sobre el embaldosado carcomido por raíces y las camillas son espumas pantanosas; no hay parroquia y donde antes había casas ya solo quedan los baldíos inundados por la hierba; en el colegio, las sillas están arrumadas oxidándose y en los tableros quedó la mancha de los rayones hechos el día antes del desplazamiento.

 Chava fue de las que no retornó, pero tampoco perdió su rol como líder social. Después de pasar una temporada en Docordó, quiso empezar de cero a vivir en Buenaventura –el puerto marítimo más importante de Colombia, ubicado a unas dos horas largas del pueblo en una ruta combinada de río y carretera–. Para ese momento, y desde 2007, también venía integrando la junta directiva de Acadesán; en otras palabras, Chava ya era una de las líderes más destacadas del territorio que comprende las cuencas media y baja del San Juan. Ya había trajinado los 250 kilómetros navegables y distinguía claramente las amenazas contra el río y sus habitantes: el abandono estatal, el conflicto armado, la fumigación con glifosato sobre los cultivos de coca que termina dañando los cultivos de pancoger y envenenando la masa forestal, la tala indiscriminada de árboles para el comercio de maderas, la minería ilegal que desahucia los suelos y contamina el agua con químicos residuales, y el inexistente manejo de la basura doméstica río arriba.

–El San Juan es un basurero –observa–. A esta parte baja llega toda clase de desechos: neveras, estufas, muebles, animales muertos, personas muertas que se secan en una playa porque nadie se atreve a levantar esos cadáveres por miedo.

Aquí en Togoromá, Chava dejó el esqueleto en madera pulida de lo que iba a ser su casa: un bungaló de dos niveles sobre palafitos, tradicional a lo largo de la costa Pacífica colombiana. Cuando lo empezó a construir, por allá en 2012, Chava quiso tres cosas: que fuera espacioso para meter a los tres hijos por los que veía –el primogénito ya era independiente–, que tuviera un balcón en el segundo nivel, y ventanas en las paredes laterales para observar a distancia todo cuanto ocurriera en la comunidad. Ahora, parada en ese balcón, contempla el lecho pardo del río San Juan: su orilla flanqueada por una mampara de árboles selváticos y su caudal de aguas pacientes.

–Pero no pude terminar ni estrenar mi casa –me dice–. Fue una inversión que perdí.

Una de las frecuentes denuncias de Chava es que los habitantes de Togoromá nunca recibieron atención estatal, más allá de las ayudas humanitarias. Como el retorno de estos pocos habitantes se dio sin que se les garantizara el restablecimiento de sus derechos, el despoblamiento ha sido inevitable. Hoy no son pocos los que creen que el caserío desaparecerá en el mediano plazo. Cuando los mayores mueran, es muy probable que los jóvenes, sin nadie a quien venerar, salgan en busca de una vida en la que puedan formar una comunidad o integrarse a otra.

 

DÍA 2. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

El cementerio de Docordó es un colorido jardín en pendiente, un pedazo de tierra robado a la selva en la margen derecha del río, que baja desde el filo boscoso hasta sumergirse en el agua. Lápidas, cruces y mausoleos se reparten por senderos ascendentes. Protegida por un techo de láminas de zinc, hay una tumba rectangular de tres metros de largo por un metro de alto en la que reposan las cinco víctimas de la masacre de Carrá. Es un cajón forrado en porcelanato blanco y gris. Encima hay materos caídos con flores sintéticas derramadas. Chava marcó esta parada en el itinerario, apenas reiniciando el viaje en esta mañana del segundo día, luego de que anoche hubiéramos conversado con algunas familias sobrevivientes de la masacre.

La cosa fue así: tras haber salido de Togoromá, nos internamos por un estero, un recodo estrecho y pantanoso del San Juan –cercado por árboles de mangle con sus raíces expuestas como brazos de pulpo–, en busca de otro poblado costero llamado Pichimá. Allí la comunidad se quejó con Chava de que el puesto de salud estaba en ruinas, que la promotora no tenía contrato, que estaba trabajando nada más por vocación y que en estos diez días de enero se habían presentado doce casos confirmados de malaria. Después fuimos a Docordó a pasar la noche en un hotel. Pero antes de cerrar el ojo, Chava nos llevó a una casa, al final de un sendero, en la que viven hacinados varios de los sobrevivientes de Carrá.

La masacre tuvo lugar el 25 de marzo de 2017. A eso de las cinco de la tarde, un puñado de guerrilleros del ELN sometió a las 17 familias que habitaban la comunidad, situada a unos quince minutos aguas arriba de Docordó. Entraron a cada casa buscando integrantes de bandas paramilitares que, supuestamente, se escondían en ese caserío. No los hallaron, pero dispararon a matar. A los que tenían contra el suelo, pisándoles el cuello con la bota, un tiro de gracia en la cabeza. A los que corrieron despavoridos, ráfagas de fusil por la espalda. Aterrorizado, un joven se lanzó al río queriendo escapar pero su frente dio contra un madero oculto entre las ondas del agua. Descalabrado y ahogado, se convirtió en la quinta víctima. Desde ese día el poblado se vació por completo y esta es la hora, casi tres años más tarde, en que ninguna familia ha podido volver. Y la razón es sencilla: el grupo autor de la masacre no se ha ido de la región; por el contrario, está arraigado en ella.

 

Cementerio en pendiente, Docordó.

 

 

El ELN apareció en el San Juan a finales de los años ochenta. Venía desplegándose desde la parte montañosa del centro del Chocó con el objetivo de sembrar cierto nacionalismo simbólico entre la población negra para que se creyera excepcional y amenazada por los planes de desarrollo propuestos por el gobierno de turno. El concepto de la “liberación nacional” consistía en que, una vez las comunidades fueran conscientes de su yugo a un Estado colonialista, se motivarían a integrarse a la lucha armada para ganar su liberación definitiva. Sin grilletes estatales en sus proyectos comunitarios, se sumarían a la guerra popular prolongada y ayudarían a liberar al resto de las comunidades campesinas del país y a dar el golpe por la toma del poder.

Para llevar a cabo esta estrategia, el ELN debía propiciar el enraizamiento en el territorio, es decir, llegar a conformar un pie de fuerza autóctono con hombres reclutados en las comunidades, conocedores de la topografía y formados en la cultura ancestral de indígenas y afrodescendientes, y que además contaran con el soporte moral y político de las familias nativas. En alguna medida, este modelo de guerrilla les ha dado resultado porque hasta el presente parecen inexpugnables.

En las últimas tres décadas, las Farc y varios grupos paramilitares pasaron por el sur del Chocó y ninguno logró adaptarse con igual versatilidad. Los paras, porque no ha sido su método y solo aparecen cuando tienen un proyecto específico. Las Farc, porque su modelo no fue de enraizamiento sino de repoblamiento. Cuando las áreas del país que tenían bajo su control fueron atacadas con fumigaciones sobre los cultivos de coca y operativos militares, esta guerrilla se abrió espacio en otras áreas, trayendo consigo campesinos colonos expertos en la cadena de producción de la planta. La línea de botes de transporte público del Bajo San Juan, para citar solo un caso, es propiedad de mestizos del Piedemonte Amazónico llegados de la mano de las Farc a esta región hace unos quince años.

La masacre dejó a Carrá sin los líderes formados por la organización social, quienes, amenazados, debieron irse de la región. Desde entonces Hamilton Guaitotó, un mulato treintañero de músculos torneados, es quien carga consigo la responsabilidad de guiar a los sobrevivientes. Anoche me dijo que si de ellos dependiera retornarían a su tierra de inmediato; tardarían en salir lo que les tomara empacar las pertenencias. De no volver y quedarse como parias, perderán el título de propiedad colectiva sobre la tierra atribuida al Consejo Comunitario Local de Carrá.

–No queremos eso –me insistió–. Somos poquitos, diez familias apenas, y necesitamos volver para no desaparecer.

Malaguita es la siguiente parada del viaje. Son las diez de la mañana y hemos avanzado menos de una hora después de pasar por el cementerio de Docordó, bajo un sol abrasivo. Chava me dice que esta comunidad no ha padecido la grave violencia del conflicto armado, a pesar de su “lugar estratégico de subida y bajada por el río”. El líder más destacado es Dago, pero cuando empezó a trabajar en Acadesán su vocería fue transferida a Esciober Vanegas, un hombre de 43 años que se expresa pausadamente y con dominio de la conversación. Estamos sentados bajo la sombra de una enramada desde donde la comunidad ve pasar botes y canoas a distancia.

Esciober dice que los peces están enfermos. Que cuando era niño el río corría nítido, oscuro y limpio, pero que desde hace unos veinte años se tornó turbio y ocre. Este es el momento en que si la gente se baña en el San Juan “le salen granos y le da rasquiña”; especies como el timuro y el barbudo sufren de llagas.

–El pescado sano lo cogemos de las quebradas –sostiene–. Si uno se come algo del San Juan, uno no sabe qué está comiendo. De cinco o seis pescados, dos o tres salen con llagas. Y dos veces nos ha pasado que sacamos un barbudo sano, los ponemos a cocinar en agua y de repente le salen gusanos. Aquí nadie sabe a qué se debe eso. Lo que sabemos es que aguas arriba la gente le echa químicos y basura al río.

Luego de una pausa, Esciober me habla de los planes de la comunidad para ofrecer tours ecológicos. Me describe los atractivos naturales que brindarían: cascadas, charcos, senderos, avistamiento de pájaros. Ante el avance de los megaproyectos estatales en la región, ellos quieren estar preparados para la cantidad de visitantes que, suponen, van a llegar.

–Los megaproyectos se ven muy lejos –dice–, pero si uno se pone a pensar, diez o veinte años no son mucho en la vida de una comunidad. Lo que queremos es prepararnos para que seamos nosotros los que podamos ofrecer los servicios de turismo a la gente que nos va a visitar, y que no sea alguien de afuera el que aparezca por acá a montar un negocio.

Lo curioso es que los megaproyectos que cita Esciober son los que, a finales de los años ochenta, empujaron a las comunidades negras del San Juan a organizarse como estructura política en Acadesán: la base naval de Bahía Málaga; la carretera que llega hasta la selva con el fin de movilizar tropas desde la base, y que también lleva al parque nacional natural Uramba Bahía Málaga; un poliducto desde ese mismo punto hasta el municipio de Buga; la canalización de los esteros para abrir más puertas hacia el océano –proyecto que nunca se hizo–; el puerto de aguas profundas, que sigue en discusión; y, finalmente, el plan de hidroeléctricas Calima II, III y IV, descartado en la actualidad.

El acrónimo Acadesán quiere decir Asociación Campesina del San Juan. Los documentos oficiales sitúan su origen entre los años 1988 y 1990. Aunque coincide con la llegada del ELN al territorio –en cronología y en la idea de que el desarrollo propuesto desde el centro del país no le hace justicia a la cultura ancestral–, fueron las misioneras lauritas –Hermanas Misioneras de la Madre Laura–, y la organización indígena del Chocó las que explicaron a los negros el peligro que suponía para la vida de sus comunidades el desarrollo de los mencionados megaproyectos. En su oficina en una universidad al sur de Cali, el antropólogo y exsacerdote Jesús Flórez me lo explicó así: “Los misioneros les mostramos a las comunidades los mapas de las concesiones mineras y los planes de las concesiones madereras, y les dijimos: ‘Dense cuenta de lo que está pasando’”. Los campesinos eran empleados por las grandes madereras para que abrieran las trochas por la cuales iba a entrar la maquinaria para talar los más valiosos árboles del bosque. A cambio, recibían un pírrico jornal. La concesión más grande de la zona estaba en manos de Pulpapel, una filial del grupo Cartón de Colombia [hoy Smurfit Kappa], y comprendía una extensión de 54 mil hectáreas, y un permiso para talar 84 mil toneladas anuales de madera durante treinta años.

Los religiosos les hicieron ver a los campesinos negros que, si esta explotación no paraba, muy pronto se iban a quedar sin recursos naturales para sobrevivir; que el territorio debería pertenecerles por el simple hecho de haberlo habitado durante más de un siglo y que ellos deberían ser quienes tomaran las decisiones sobre cómo aprovechar el suelo.

En las postrimerías de su gobierno, a finales de los años ochenta, el presidente Virgilio Barco promulgó el Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica, con el que pretendía modernizar esta región en función de los núcleos económicos del país: Medellín y Antioquia serían el foco de poder más relacionado con el centro y el norte del Chocó, zona atravesada por el río Atrato; Pereira y el Eje Cafetero tendrían contacto directo con la cuenca alta del San Juan; y Cali y Buenaventura, con las cuencas media y baja. “Esta relación se ha ido acrecentando –añade Flórez–. En esa misma época, el plan era integrarse con los países denominados ‘tigres asiáticos’. Y ahora con China. También hay planes para que Brasil y Venezuela se conecten con el Pacífico por vías 4G. Las comunidades negras quedaron en un sándwich de múltiples intereses”.

Con la expedición de la Ley 70 de 1993, el Estado reconoció la posesión de la tierra por parte de las comunidades negras, sus prácticas tradicionales de producción en los suelos ribereños y su derecho, como minorías étnicas protegidas por la Constitución, a la titulación colectiva del territorio. Esta ley facultó el proceso técnico para la creación de los consejos comunitarios locales y generales, y estableció sus estructuras jerárquicas. A las organizaciones previamente constituidas, como Acadesán y la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), les amplió la capacidad de funcionamiento convirtiéndolas en consejos generales. Si como asociaciones los campesinos apenas podían ponerse de acuerdo para reclamar o producir, como consejos comunitarios empezaron a ser dueños y autoridades del territorio, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con sus planes de desarrollo.

El Consejo Comunitario General del San Juan-Acadesán recibió el título de propiedad colectiva en diciembre de 2001, sobre una cantidad de tierra en torno a las cuencas baja y media del río equivalente a 683.591 hectáreas, distribuidas en cinco municipios del Chocó –Litoral de San Juan, Medio San Juan, Istmina, Sipí y Nóvita– y en tres municipios del departamento del Valle del Cauca –Buenaventura, El Dovio y Bolívar–. Este consejo está regido por una junta directiva compuesta por ocho miembros más el representante legal. Cada miembro responde por una de las ocho zonas geográficas en que está dividido el territorio, habitado en su totalidad por 72 comunidades que acuden a la asamblea con tres delegados. Chava ha sido elegida dos veces como representante legal de este meticuloso sistema organizativo.

 

Nuestra quinta estación del día es en la comunidad de Corriente Palo, el punto más recóndito al que hemos accedido hasta el momento: dos horas en este bote por el Copomá, un tributario sobre la margen izquierda del San Juan. Son las cuatro de la tarde.

Al salir de Malaguita, Chava nos llevó a una comunidad llamada Coco para mostrarnos que la gente sigue esperando a que el Estado les ayude a resolver la falta de acueducto e infraestructura eléctrica. Paramos luego en Taparal, un caserío con más casas abandonadas que ocupadas. Desde finales de los años noventa existió allí una fábrica de tríplex, ese aglomerado de hojas de madera usado para elaborar mobiliarios de oficina y residencias. La empresa debió cerrar producción en 2018, luego de que el ELN ordenara no cortar madera de la selva durante seis meses, so pena de muerte. Decenas de operarios habitantes del San Juan quedaron sin empleo y dejaron el caserío. Bajo el galpón de lo que fue la fábrica vi máquinas que podían tener una segunda vida, aunque se las estuviera comiendo la humedad. Y vi, regadas a la intemperie, las trozas de madera que iban a ser procesadas antes del cierre, pero ya inservibles como materia prima.

Aquí en Corriente Palo es evidente uno de los problemas más delicados del territorio de Acadesán: los cultivos de coca. Pequeños lotes sembrados con este arbusto son notorios en ambas orillas del río minutos antes de entrar a la aldea. Su verde refulgente y uniforme sobresale entre los verdes opacos de los árboles. Ya en las casas –debajo de ellas, entre los palafitos– descansan los precursores químicos a ojos de todo el mundo: bultos de úrea y tambores de gasolina. Un lugareño me explica que si yo me internara unos pocos minutos por los senderos boscosos de esta comunidad, hallaría cultivos más grandes junto con los “cambuyones” o entables en los que procesan la hoja para convertirla en pasta base de coca. Según el reciente monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC 2018–, en el territorio de Acadesán hay un estimado de 1.116 hectáreas sembradas de coca.

 

 Mapa del territorio de Acadesán

 

 Chava me presenta con dos líderes locales: Carlos Alberto Victoria, de 42 años, y José Díaz, de 39. Se dejan ver nerviosos y un poco tímidos. Son altos y fortachones. Cubren sus calvas con una gorra. Hernando los enfoca con la cámara y Chava los empuja: “¡Háganle ustedes que aquí todos sabemos de qué se trata esto!”. Carlos Victoria se decide a hablar y lo hace entre la confesión y el reclamo:

–La verdad es que acá nos dedicamos a la madera y a la hoja de coca. Con la sola madera no es suficiente y la única salida para el sustento de nuestras familias son los cultivos de coca. A pesar de que el gobierno sabe eso, somos los atropellados. Los que se enriquecen son otros, los que la trafican. Nosotros apenas la cultivamos y los operativos son contra nosotros: nos fumigan, nos quitan la gasolina, los insumos, nos queman los cambuyones. Y si lo cogen a uno, lo incriminan de cosas que no son. El mundo entero sabe que la economía de Colombia es eso y que tratan de esconderlo. Vea: uno trabaja la madera y toca venderla fiada y se la pagan cuando les da la gana. Uno siembra plátano y no hay quien lo compre; cría marranos y gallinas, y lo mismo. Lo único que compran es la coca.

–¿Qué esperan ustedes del Estado? –pregunto.

Carlos Victoria patina en la respuesta. Otras personas se han unido a la entrevista y rodean a estos dos líderes. Chava los ve defenderse de la prensa como si fuera un examen en la formación de un líder comunitario.

–Algo a cambio de no volver a sembrar coca –contesta Victoria, finalmente. Está claro que no se imagina un futuro distinto–. Pero no nos van a engañar con propuestas de marranos y yuca, porque nosotros conocemos de sobra que esos cultivos y esos animales no dejan ni para comprar una pantaloneta. Si el Estado nos ofrece una salida real, la tomamos. Aquí nadie quiere seguir cultivando coca.

–¿Ustedes son conscientes de que nada legal va a ser tan lucrativo como la coca? –Victoria se queda en silencio y ninguno de los otros dice nada–. ¿Estarían dispuestos a dejar la coca, así la solución propuesta por el Estado les diera menos dinero?

Hay otro silencio, así que avanzo a la siguiente pregunta:

–¿Se han imaginado qué tipo de actividades podrían hacer para reemplazar los cultivos de coca y que ustedes quedaran satisfechos?

–Proyectos encaminados a la producción y comercialización –responde Chava al ver a estos líderes en blanco, pero en voz muy baja, como sin querer entrometerse en la entrevista. Le pido que se explique–. Aquí se da muy fácil el arroz. Uno de los proyectos es montar un molino y la maquinaria necesaria para cultivar arroz, procesarlo, empacarlo, marcarlo con el nombre de la región del San Juan y ponerlo en el mercado hasta la venta final al consumidor. Eso mismo lo tenemos pensado con el achiote, el cacao y los productos derivados de la caña.

Para que sean modelos reales de trabajo, estos planes deben ser financiados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una política estatal que fue fruto del acuerdo de paz con las Farc. Diseñados para los 170 municipios del país más afectados por el conflicto armado, los PDET priorizaron el sur del Chocó con los cinco que integran Acadesán. La misma Chava participó en las dinámicas de formulación de los programas.

–Nosotros estamos dispuestos, como organización social, a hacer los aportes que sean necesarios, personales y de los consejos, para que esos PDET se vuelvan una realidad –dice ella–. Es la única oportunidad que tenemos para dejar los cultivos de uso ilícito y salir de este atraso.

 

Niña de la comunidad de Potedó.

 

 

 

Habitante de Puerto Nariño sostiene un taladro artesanal.

 

Son dos las razones por las cuales estas comunidades dicen estar dispuestas a olvidar la coca, en caso de que logren encontrar un modelo de producción que consideren justo. Una, que ni esta mata ni la marihuana son simbólicas ni se arrogan misticismo dentro de la idiosincrasia afrocolombiana, como sí pasa en la de algunos pueblos indígenas. Si no la volvieran a sembrar, las comunidades negras no estarían menoscabando los cimientos míticos de su cultura. La otra razón es que estas aldeas han comprobado con su propia sangre que cada beneficio económico otorgado por la coca viene con el agregado de la violencia.

El inventario de hechos de guerra sufridos por la población del San Juan es amplio y proviene de todos los flancos. A manos de la fuerza pública han padecido atropellos y abusos de autoridad: la Armada les ha quitado gasolina, mercados y hasta el motor de la embarcación si algo no viene facturado a nombre del que los lleva, con la excusa de que pueden ser provisiones para la guerrilla. Durante los años de fumigación con glifosato, la avioneta pasaba dejando caer el herbicida luego de que los helicópteros artillados rafagueaban los bosques con ametralladoras. El veneno caía sobre la coca al mismo tiempo que sobre los cultivos de pancoger y las fuentes de agua. Aunque el gobierno siempre ha dicho que no contamina el agua y que la afectación colateral es menor, hay investigaciones publicadas en respetadas revistas académicas que sugieren un aumento de los abortos en las áreas bañadas con glifosato. Chava y estos líderes me dicen que claro que ha habido abortos, además de gente que se llenó de brotes, manchas, hongos; gente que sufrió diarrea y problemas respiratorios.

–En este territorio pasan cosas que en el resto del país no se conocen –afirma Chava, con aire de reclamo–. Nadie habla de nosotros. Uno escucha cosas que pasan en la costa de Nariño, en el Atrato, todo lo de Bojayá, en el norte del Cauca, pero nada del San Juan.

En la época de poderío de las Farc –unos diez años antes de los Acuerdos de La Habana–, durante los operativos antiguerrilla de la fuerza pública, se retenían campesinos y se cometían asaltos con una fuerza descomunal sobre diminutas aldeas de gente sin armas. Los bombardeos eran semanales y cada estallido devastaba colosales porciones de selva. Y lo que no reivindicó la fuerza pública y fue presentado como de origen paramilitar es incluso peor: asesinatos selectivos, masacres, torturas y desapariciones.

A manos de las guerrillas viene el resto: reclutamiento forzado de menores de edad, ocupación de poblados, confinamiento de comunidades enteras por siembra de minas antipersona, más masacres, más desplazamientos y asesinatos selectivos de líderes comunitarios que se oponen a los enfoques políticos subversivos y a las economías ilegales con las que se financian.

Los ancianos recuerdan los días antes de esta violencia y cuentan esas anécdotas como las de un mundo que ya no existe, un mundo en el que vivían sin miedo. Algo de eso fue narrado por el poeta colombiano Eduardo Cote Lamus en su Diario del Alto San Juan y del Atrato, escrito en 1958. En su adolescencia, Chava se montaba en unos botes cargueros de casco de acero que iban desde Docordó hasta Istmina dejando mercancías y personas en cada parada. Tardaban cuatro días y navegaban hasta altas horas de la noche. En la penumbra, los boteros se guiaban por la sombra que proyectaban las copas de los árboles sobre el agua con el destello de la luna. Tras la guerra, nadie pudo volver a navegar de noche. Fue prohibido por los grupos armados. Las guerrillas amenazaron con atacar cualquier embarcación, por campesina que fuera, con la excusa de que podría tratarse de una acción militar encubierta. Y la fuerza pública le hizo saber a la comunidad que, ante la dificultad que supone la noche para reconocer a los navegantes, puede lanzar un ataque preventivo.

 

–¿Qué le piden a los grupos armados ilegales? –continúo con la entrevista en Corriente Palo. Victoria le da paso a Díaz, quien comienza diciendo que esta violencia “no existe por existir”, que tiene una razón de ser.

–Yo soy uno de los que rechaza que llegue gente armada a mi pueblo. Pero cuando le he reclamado a la guerrilla, ellos me responden que están luchando por educación, salud, un trabajo digno, saneamiento básico. Yo miro a mi alrededor y ninguna de esas cosas las tiene mi pueblo. Entonces, yo le pido al gobierno que nos dé argumentos para decirle a los grupos armados que se vayan. ¿Cuáles son esos argumentos? Que tengamos salud, educación, vivienda digna... etcétera. Me atrevo a decir que los grupos armados viven con una mentira verdadera: ellos dicen que necesitamos educación y yo digo que necesitamos educación, pero si yo por la vía legal no la he conseguido y no se ve que la vaya a tener, ¿qué les puedo decir a los ilegales? Sería muy bueno que algún día, cuando llegue un actor armado, yo le pueda decir: ¿Qué busca con ese fusil? ¿Vivienda? Ahí está. ¿Salud? Ya tenemos. ¿Educación? Ya tenemos. Entonces, no hay ninguna razón para que usted cargue ese fusil.

–Listo –acepto el razonamiento sin meterme en el asunto de que con fusiles tampoco obtendrán nada–. Pero eso se lo dirían ustedes al gobierno. ¿Qué le dirían a los grupos armados ilegales? A la guerrilla del ELN que está por aquí. ¿Le pedirían, por ejemplo, que dejara de reclutar menores de edad?

–Esto va a sonar como si fuera contra nosotros mismos –dice Díaz, un poco temeroso–. El ELN no se lleva a nadie a la fuerza. Hay personas que se encaminan hacia allá porque ven un estilo de vida. Ellos tienen argumentos y hay personas que se enamoran de esos argumentos.

–Si el gobierno no nos tuviera tan abandonados, nadie de acá saldría a buscar la vida en la guerrilla –agrega Victoria, sin darme tiempo de contrapreguntar o decir que según el derecho internacional el reclutamiento de un menor de edad siempre es forzado sin importar las circunstancias–. Pero acá no tenemos opciones y uno a ellos los ve con gasolina para moverse por el río, con plata, andando bien, y uno llevado... Entonces, el que esté falto de conocimiento se va con ellos porque quiere lo que ellos tienen.

Impulsada por los descargos ante mi pregunta, Chava termina apuntalando esta respuesta:

–Para el Estado, todo lo que hacemos los negros, los indios, los campesinos, es ilegal. Y es el mismo Estado el que nos tiene en estas condiciones.

 

DÍA 3. LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Amanece en Cucurrupí.

Un gallo cantó en la madrugada y un perro ladró en la lejanía. En general, fue una noche silenciosa y reparadora. Dormimos en casa de una familia y madrugamos a bañarnos en el río. Salvo algunas edificaciones de Docordó y Malaguita, ninguna de las comunidades que hemos visitado hasta el momento dispone de acueducto. La gente debe recoger agua lluvia para el aseo personal y cocinar alimentos. Pero somos muchos en esta casa y hay sequía. El tanque que almacena las lluvias está en menos de la mitad.

Cucurrupí queda en la margen izquierda del San Juan, muy cerca de la desembocadura del Copomá. Y este lado del río lleva hoy una espuma cuajada como nata. Es tenebrosa. Veo que todos, Chava incluida, la soslayan. Yo trato de alejarla con mi mano y recuerdo lo que me dijo Esciober allá en Malaguita: rasquiña y granos, llagas y gusanos en los peces. Si la sola acción de bañarse en las mañanas es un acto de osadía y temeridad, ¿qué son entonces el resto de actividades del día?

Luego del desayuno, Chava y yo nos sentamos a conversar; hemos puesto dos sillas a la entrada de la casa. Me dice que durmió bien, que mientras está en su territorio pasa buena noche. Que cuando le ha tocado viajar a ciudades la han hospedado en hoteles cómodos y bonitos “con muy buenas camas”, pero en las que ella no pega el ojo.

–Solo duermo bien cuando estoy acá –sonríe dejando ver sus dientes frontales blancos y pulidos, poderosos–. No sé si es el aire, el sonido del río, la gente, el clima o todo junto.

Durante los diálogos entre el gobierno nacional y las Farc, Chava fue llevada a La Habana como parte del grupo de líderes de minorías étnicas para debatir la manera en que debían implementarse los mecanismos de paz en sus territorios. Después, la llevaron a Quito para que entregara el documento “Acuerdo humanitario ya”, que buscaba proponer un alto al fuego y proteger a la sociedad civil mientras se adelantaran los diálogos de paz con el ELN –hoy fallidos–. En el intermedio de estos viajes, Chava se reunió en Bogotá con delegados de las embajadas de los países europeos cooperantes de Colombia.

–Todos los días me despierto soñando con un mejor territorio. Por eso toco puertas que me ayuden a visibilizar nuestras necesidades, para que el Estado incline la mirada acá, que se dé cuenta de que estamos sumamentos olvidados. Mi lucha constante es esa.

 

 Epifanio Rosero, considerado el abuelo de la comunidad de Togoromá.

  

A la par de su gestión en Acadesán, Chava hace parte de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), una instancia creada por más de 30 organizaciones sociales y étnicas que, desde mayo de 2019, trabaja para consolidar un informe que dé cuenta de los graves daños causados por el conflicto armado en el Pacífico colombiano. Son diez comisionados y cada uno responde por un caso representativo en un área concreta del territorio. A Chava le corresponde documentar las maneras en que los cultivos de coca y la minería de oro han afectado a las comunidades del San Juan. De forma parecida, el comisionado que representa al Darién –norte del Chocó– debe evaluar el daño ocasionado por el monocultivo de palma africana; al de Buenaventura y zonas costeras del Valle del Cauca, le corresponde el impacto de los megaproyectos marítimos y portuarios. Y así hasta completar las diez áreas del Pacífico.

“El daño al territorio es el concepto que engloba este trabajo, porque el territorio es entendido como el ‘conjunto de vida’ de las comunidades en medio de los recursos naturales, y las respectivas relaciones de producción con la tierra”, me explicó Camilo Alzate, joven periodista vinculado a la estrategia de comunicaciones de la comisión. “Un ejemplo hipotético: Chava puede encontrar que la minería sedimentó un río y por eso la comunidad dejó de entrampar el pescado en las orillas. Al no poder seguir pescando con una técnica ancestral la comunidad pierde un valor étnico. Entonces, el documento de esta comisión quiere mostrar que el conflicto armado ha causado un etnocidio en el Pacífico colombiano porque ha deteriorado la relación de las comunidades con su territorio”.

Cuando estábamos en Togoromá, le pregunté a Chava por las amenazas contra el río San Juan. Antes que nada, citó dos que podrían ser una sola: el abandono del Estado y el conflicto armado. El razonamiento empírico de Chava y sus comunidades, teniendo en cuenta el objeto sobre el que trabaja esta comisión, es que el daño a los componentes del territorio implica un daño al ambiente; que territorio y ambiente son lo mismo.

El antropólogo Jesús Flórez me lo explicó así: “Siempre medimos el daño ambiental como el que le causa el hombre a la naturaleza, pero no decimos lo mismo del que le hace el hombre al hombre en el contexto de estos territorios. Por encima de otras cosas, el conflicto armado ha causado un grave deterioro ambiental porque ha puesto en riesgo la supervivencia de las comunidades”. Cuando las personas no pueden navegar de noche, cuando no pueden moverse por su tierra porque hay minas antipersona, cuando no pueden salir a cazar con la escopeta hechiza –llamada “machomalo” o “machosolo”– porque la fuerza pública se las quita, cuando no pueden pescar porque el río está contaminado, cuando no pueden talar por veto guerrillero, su supervivencia está en peligro porque no pueden alimentarse ni conservar la continuidad de la etnia. “A mediados de la década de 2000 hubo muchas regiones en el Chocó que aguantaron hambre por causa del conflicto armado”, añadió Flórez. “Un contrasentido. Lo normal es que la gente aguante hambre en un desierto, pero en medio de los recursos de la selva es un absurdo. Entonces, en la medida en que las comunidades protegen los recursos naturales están protegiendo su existencia”.

Los líderes de Cucurrupí nos dan una vuelta por su comunidad, que carece de lo mismo que las otras por las que hemos pasado: agua potable, interconexión eléctrica para no depender de plantas de gasolina, centro de salud y una mejor locación para el colegio. El comedor infantil es una ruina. Cerca de allí hay una inacabada cancha múltiple –microfútbol, baloncesto y voleibol en un mismo espacio– construida en cemento.

 

 

 La hermana Carmen Palacios y Chava en Noanamá. Fotografía de Hernando Sánchez.

 

 Cucurrupí ha sido determinante para la historia de Acadesán. De aquí es originario Luis Granados, uno de sus fundadores. Fue aquí donde se realizaron las primeras reuniones, a partir de 1988, entre los líderes y las congregaciones religiosas que ayudaron a la organización social. Años después, cuando Acadesán ya era el Consejo Comunitario General, Chava fue elegida aquí como representante legal. La primera mujer en alcanzar ese cargo. La única líder que encaró a las Farc cuando esta guerrilla quiso tomarse la organización.

La historia de esa elección es más o menos esta: los trescientos y pico de líderes y delegados de las 72 comunidades del San Juan se habían reunido en la caseta comunitaria –una enramada de piso y paredes de tabla con sillas de plástico– para una asamblea que pretendía revocar la junta directiva del momento, de la que Chava era parte. Era octubre de 2012. El argumento de la revocatoria era uno: que Acadesán estaba vendiendo el territorio a particulares. La junta directiva mostró documentos, actas de reuniones y probó que no era cierto. Que era un chisme puesto a circular con la única intención de nombrar otra junta directiva. Los asistentes aceptaron las explicaciones y levantaron la asamblea. Todos empezaron a salir de la caseta pero no habían dado cinco pasos cuando un comandante de las Farc los hizo volver a entrar. Se trataba de alias Mamajuana, escoltado por sus hombres.

El insurgente confrontó a la junta directiva ya no solo por la presunta venta del territorio sino también por otro chisme: supuestamente la junta había denunciado a las Farc por haber destruido algunas edificaciones en otra comunidad del río. Sin soltar el fusil, Mamajuana negó los hechos de la acusación y se mostró como el revolucionario indignado, que estaba de parte de la gente y para quien estos líderes podían ser unos vendepatrias. Los nueve directivos de Acadesán quedaron helados. La acusación podía costarles la vida. Lo normal en casos como este, según la justicia fariana, era la muerte de los traidores. En esa caseta nadie era capaz de mover un dedo. Hasta que Chava, llena de coraje y valentía, osó pararse de la mesa y decirle a Mamajuana que nada de eso era cierto, que todas las reuniones de la junta estaban documentadas, que nadie estaba regalando el territorio por ambición personal. Y que los señalamientos sobre supuestos daños a la infraestructura causados por las Farc también eran mentira. Pero no porque el Consejo no fuera capaz de denunciar los delitos de esta guerrilla sino porque no había ocurrido nada. Al verla tan decidida y arrojada, algunos de los asistentes apoyaron a Chava; otros continuaron intimidados y en silencio. El caso fue que la reunión forzada por Mamajuana concluyó sin cambios en la junta directiva.

Tres años después, el 19 de septiembre de 2015, tuvo lugar la asamblea para elegir al representante legal de Acadesán para el período 2015-2019. Chava se postuló. El temple demostrado para confrontar al comandante guerrillero había contagiado a los otros líderes locales y les había despertado admiración y respeto por ella. En los comicios, Chava arrasó.

Después de la desmovilización de las Farc se conocieron más detalles de aquella lejana asamblea revocatoria. Lo que había ocurrido era exactamente lo contrario de lo que habían hecho creer: esta guerrilla había llegado a un acuerdo con una sociedad de mineros auríferos para meter maquinaria en la zona y la única manera en que podían empezar las excavaciones, sin usar las armas, era desacreditando a la junta directiva vigente para lograr su revocatoria y así montar una junta directiva de bolsillo que diera la autorización. Lo peor para la organización comunitaria del San Juan fue que varios líderes locales se dejaron convencer y se prestaron para ese montaje.

 

Detrás de Hamilton Guaitotó, líder de la comunidad, se puede apreciar una vivienda abandonada después de la masacre de Carrá.

 

 

Son las tres de la tarde y acabamos de desembarcar en la comunidad de Noanamá. Ya estamos en predios del municipio de Medio San Juan; Cucurrupí fue la última estación del municipio de Litoral de San Juan. Se acerca el final de este viaje.

Chava nos lleva hasta la casa de las misioneras lauritas, congregación de monjas que trabaja aquí desde los años cincuenta. Estas religiosas, junto con sacerdotes claretianos y diocesanos, han sido el apoyo moral y técnico de la organización campesina en el Chocó. La casa es una edificación de techos altos, corredores como pasadizos, habitaciones enormes, un patio gigante con árboles frutales y aves de corral, materas de flores y el canto de loritos.

La monja más querida y respetada es la hermana Carmen Palacios. Tiene 87 años y ha estado en el Chocó desde 1959. Como misionera, ha sido testigo de las grandes fases modernizadoras del territorio, que ella resume así: el auge minero del platino y el oro de mitad de siglo XX; el auge maderero de los años setenta y ochenta; la guerra de guerrillas, fuerza pública y paramilitares a partir de la década de los noventa; el consecuente auge de los cultivos de coca y el segundo auge minero a partir del comienzo del siglo XXI. Además de comprensiva y generosa, tiene fama de ser una mujer con el don de curar a las personas usando la medicina tradicional de los indígenas wounaan. Abundan las historias de moribundos que ella arrebató de la parca: desde enfermos de dolencias tropicales como la malaria, hasta heridos de guerra.

La hermana Carmen conoció a Chava por los días en los que esta fue elegida por primera vez como representante legal de Acadesán.

–Era una costeña arrebatada que hablaba mucho –recuerda ríendose del momento–. No era muy conocida como líder local, uno la veía que participaba en la asamblea pero no se le veía mucha capacidad. Yo pensaba: “Para que dé la talla de Marina o de Luis Granados, le falta mucho... ”. Marina es una líder de Corriente Palo. Una hermana de la congregación sí creía en ella y me decía que Chava era el futuro de la organización, pero yo no le veía cómo. Yo decía: “Esta costeñita no les va a llegar ni a las rodillas”. Y vea, Chava resultó más valiente que todos.

Luego de elegida, Chava comenzó a visitar a la hermana Carmen para escucharle consejos. Pero en 2019, terminada la Semana Santa, vino para que le curara una crisis de ansiedad que la sumió en depresión. Chava despertaba pasada la medianoche y no podía volver a dormirse. Si se encontraba en un hotel salía de la habitación y se ponía a caminar por el corredor. En su casa en Buenaventura, Chava subía y bajaba las escaleras entre el primer y segundo piso, diez o veinte veces antes del amanecer. Al navegar por el San Juan, con el bote a toda velocidad, le daban ganas de lanzarse al agua para escapar de su lugar en el mundo.

–Aquí la tratamos con plantas curativas –dice la hermana Carmen–. Ella tenía mucha tensión por temas del Consejo. He oído gente que le pide a ella lo que no tiene, lo que no puede conseguir. Le hacen mal ambiente y eso le duele a ella.

Algo parecido me dijo Chava esta mañana allá en Cucurrupí: que los líderes siempre piensan en los demás, pero “ese colectivo nunca piensa en los líderes”. Si ella se pone unos zapatos nuevos, me dijo, hay personas que la acusan de que se está “robando la plata de las comunidades”. También me dijo que su responsabilidad familiar era muy grande, y debía mantener una casa de tres hijos y dos nietos, y a su mamá. Los hijos, además, no habían querido ir a la universidad, a pesar de que se los ofreció, y se sentía un poco frustrada por eso.

–Sí, lo de la familia también –confirma la hermana Carmen–. Los hijos no quieren que ella esté metida en esto porque saben que el que lo hace está pa’ cualquier día –la hermana se toca la yugular con su dedo derecho–. Ella sabe lo que quiere, y quiere a su gente, por eso no la han matado –continúa–. Cuando la eligieron la primera vez, la gente decía: “Esa huele a muerto”. Y resultó que no, porque al haberse hecho elegir, la ambición de ella no ha sido ganar dinero sino trabajar por la gente. En todo caso, a diario rezamos para que no la vayan a matar en este país en que a los líderes sociales los matan todos los días.

 

 En un hotel de Cali (2020). Fotografía de Juan Arias.

 

DÍA 4. EL RIESGO

A punto de llegar a Istmina, el río San Juan riega sus orillas de basura doméstica. Las ramas de los árboles que tocan el agua se ven atestadas de trapos, empaques, bolsas, botellas. Son tan coloridas como las de un árbol de Navidad. En el puerto, el más grande del río, se amontonan embarcaciones de diferente calado. Desde canoas indígenas que son largas y delgadas, hechas en madera, hasta botes de alta velocidad en fibra de vidrio y encarpados de pasajeros como aquel en que empezó este viaje.

Istmina es un municipio que está situado en el primer valle chocoano luego de que la cordillera Occidental se ha diluido entre la selva. La población negra sigue siendo mayoría, pero en las calles ya es notoria la gente mestiza. Y así la cultura: mientras que en las comunidades de Litoral de San Juan todo está emparentado con el océano, acá en Istmina la idiosincrasia viene del influjo de la montaña. El río también se ve distinto. Si en Litoral es ancho, hondo y caudaloso, y a un nadador le es casi imposible ir de una orilla a otra, acá en Istmina se nota domado y pando, superado por un puente para carros que hace parte de la vía que comunica el Chocó con el interior del país.

Anoche dormimos en Sipí, un municipio recóndito al que se llega luego de remontar dos horas el río San Agustín, otro de los tributarios más caudalosos del San Juan. Hoy en la mañana, apenas dejamos el hotel, Chava nos mostró lo que implica para ese pueblo encontrarse confinado por la amenaza de las minas antipersona.

Hace unos diez años, entre las FARC y el ELN –no en alianza sino cada cual por su lado– montaron sus propios cercos de protección para contener la avanzada de la fuerza pública. Por más que se hubieran mostrado muy preocupados por la comunidad, a estas guerrillas no les importó impedir el libre tránsito de los campesinos por sus tierras de trabajo. Hablé con un hombre de 39 años que perdió su pierna derecha por debajo de la rodilla tras pisar una mina, una mañana en que iba por un sendero cercano al pueblo. También escuché el caso de dos niños que murieron dentro de su casa cuando una granada de mortero les cayó encima durante unos combates. Fui al cementerio que está cubierto por la selva desde hace tres años, luego de que el ELN lo hubiera minado. Desde entonces los muertos son enterrados en el suelo de la entrada, que no tiene más de tres metros cuadrados. Las tumbas de personas sepultadas más allá no han podido ser visitadas por nadie. Jackson Arboleda, un joven líder local, me dijo que ya había perdido la cuenta de los domingos que han pasado sin ponerle flores a la lápida de su mamá.

Después de Sipí visitamos muy rápidamente una aldea llamada San Miguel. En ese tramo del San Juan, una hora aguas abajo de Istmina, se ve la destrucción del manto vegetal y la deformación de la margen izquierda del río por causa de la minería mecanizada. Las dragas se comen los bordes de la orilla y van avanzando hacia la entraña de la selva. Mientras tanto, las retroexcavadoras despedazan los árboles y arrancan la vegetación para allanar el suelo. Es uno de los daños más sensibles a los ecosistemas, una pérdida irreparable para la naturaleza. El bosque tropical húmedo del Chocó es considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo. Hay registro de casi 1.700 especies de animales y unas 6.000 de plantas vasculares, de las cuales al menos 1.500 son endémicas: no germinan en ninguna otra parte del planeta.

La devastación corre a una velocidad angustiante: en promedio hay que moler una tonelada de tierra para extraer un gramo de oro. Una draga de buen tamaño es capaz de rendir su producción a razón de una tonelada por hora de trabajo. Y hoy en San Miguel hay tres dragas activas, pero en los alrededores debe haber más de diez. En todo el Chocó las llaman “dragones”.

La familiaridad de las comunidades de la cuenca media del San Juan con este tipo de minería tiene arraigo histórico. Fue en Andagoya, comunidad próxima a San Miguel, donde se asentó la Chocó Pacífico Mining Company, filial de una multinacional que llegó a Colombia a principios del siglo XX. Aprovechando que aquí no existía una sólida regulación legal para la extracción de metales preciosos, esta compañía se lucró por décadas sin retribución alguna para las comunidades. Al irse en 1974, solo dejó maquinaria y uno que otro lugareño capaz de operarla.

La cadena de empleos en una draga es como sigue: el jefe puede recibir un pago mensual de cuatro millones de pesos, que son unos 1.300 dólares; sus operarios, unos 500 dólares cada uno. La señora de la cocina, 700 dólares. A su vez, los dueños de la maquinaria, que son los que venden el oro, ganan según la cantidad de metal extraído. En un suelo bien cargado, como lo es el de Medio San Juan, un dragón recupera entre 20 y 30 gramos de oro al día. En el mercado, un gramo de 18 quilates está cerca de los 170 mil pesos, unos 50 dólares. Las cuentas hacen pensar que los dueños se meten al bolsillo más de mil dólares diarios. Y todos le pagan al ELN una cuota que no es fácil de precisar, pero que puede ser del 10% de la producción. Off the record, algunas personas de la comunidad me dijeron que esta guerrilla, además, es dueña del 50% de una de las tres dragas de San Miguel.

Misgley Murillo, una líder local, de 43 años, nos condujo por entre un camino de piedra molida hasta el punto de trabajo de una draga comunitaria. Vi este aparato en pleno funcionamiento: por un extremo engullía la tierra a dentelladas y por el otro expulsaba el material desechado; en su interior guardaba el precipitado con el oro y el platino. Tanto el montaje –un entable en el que lavan el oro– como este animal voraz son propiedad de la comunidad. Una especie de mutual repartida entre unos 700 asociados –el caserío tiene alrededor de mil habitantes–. Misgley me explicó que ellos empezaron a trabajar con esta maquinaria cuando las tecnologías ancestrales de minería –la batea y almocafre– les dejaron de servir porque el oro restante ya estaba muy profundo.

La degradación del suelo es deprimente: alrededor del dragón se alzan colinas de tierra molida y grava que antes fueron la superficie del bosque. Los líderes locales y los habitantes de San Miguel, en general, lo saben: este modelo de producción no es un consumo sustentable de recursos naturales. Se están tragando su propio suelo. En el fondo, este modelo contradice la misión de defender el territorio, conferida a los consejos comunitarios.

Quizás esto explique por qué Misgley y otros líderes locales intentaron sumar cualidades a favor de esta minería, diciéndome que es una fuente de empleo estable en una región en la que más del 90% de la gente no puede cursar educación superior y en la que no escasean personas que no saben leer ni escribir. Y aunque terminen una carrera, no pueden emplearse como profesionales en San Miguel porque no hay en qué. También me dijeron que con las utilidades se hacen donaciones al Consejo Comunitario Local y a un ancianato. Chava me habló del retrollenado, una estrategia con la que evitan que el suelo dragado se convierta en un cráter desértico. Vierten el material procesado en los huecos de excavación, lo aplanan y le siembran árboles. No queda ni pizca de lo que fue el ecosistema, pero la comunidad dice que al menos así intenta recuperar algo de vegetación.

A diferencia de las comunidades cocaleras que me expresaron su intención de abandonar los cultivos, las comunidades que practican la minería con dragas y retroexcavadoras no parecen estar dispuestas a lo mismo. No ven un gran problema en esta práctica. Otra líder llamada Hermencia Marmolejo, conocida como “Chocoana, la popular”, me lo dijo de la siguiente manera: “A mí no me va a tocar porque estoy vieja, pero acá sabemos que en el futuro tenemos que correr el pueblo más adentro, para seguir trabajando el oro en la orilla del río”.

 

Madre y hermana abrazan a la “mujer de hierrro”. Fotografía de Juan Arias.

 

Istmina hierve en calor selvático. A media tarde, cuando el sol ya ha decaído, la temperatura ronda los 28 grados. Es el municipio más grande en el curso del río San Juan y su historia está atada a la exploración aurífera de finales del siglo XIX. Su nombre es una composición que remarca este hecho: Ist porque este pueblo es un istmo sobre el San Juan, y mina, por obvias razones.

Acadesán tiene aquí una sede auxiliar; la principal queda en Buenaventura. Y en las últimas ocasiones en que se han presentado desplazamientos masivos de comunidades campesinas e indígenas en inmediaciones de Noanamá, por causa de enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, y de los bombardeos de la Fuerza Aérea, Chava ha recibido a los refugiados en esta sede, y les ha conseguido comida e implementos básicos de supervivencia.

Antes de la despedida, nos tomamos una cerveza en una terraza sobre el río. Ella y sus colaboradores pasarán esta noche aquí y mañana temprano navegarán de regreso a sus casas, esta vez con la corriente a favor. Me quedan dos preguntas por hacerle. Una tiene que ver con su condición de mujer y líder. ¿Cómo ha sido ocupar ese lugar? ¿Qué tantos cuestionamientos le han asestado por el hecho de ser mujer y tener que encargarse de guiar a unos pueblos llenos de problemas que parecen irresolubles? Chava sonríe antes de responder.

–Esa pregunta siempre me la han hecho –dice–. En esta cultura hay mucho machismo, pero no solo de parte de los hombres. A veces son las mismas mujeres las que me han dicho: usted no puede, usted no es capaz, y son los hombres los que me dan apoyo: hágale, eche pa’ delante. También ha habido organizaciones locales que me han dicho que no soy capaz, que creen que uno es del sexo débil. Pero las mujeres no somos el sexo débil. Nosotros somos las que parimos a los hijos y esa fortaleza la llevamos en la sangre, como mujeres negras, como mujeres costeñas.

Chava me cuenta que antes de haber sido elegida la primera vez, una mujer entre los asistentes se paró de la silla y dijo en voz alta que ella no podía ser la representante legal de Acadesán porque era una mujer costeña, bonita y joven. “Se puede salir enamorando”.

–Tengo casi once años de estar en la junta directiva, diez años de estar separada y no he vuelto a tener una relación de pareja. Fui reelegida en septiembre de 2019 y le he demostrado a esa persona y a la comunidad que sí pude. Demostré que ser mujer, joven y bonita no es impedimento para liderar estos procesos. Aquí nadie vino a enamorarse.

La otra pregunta ya se la hice una primera vez, pero sin suficiente énfasis. Íbamos en el bote con el sol de frente y acabábamos de salir de Cucurrupí. Ya habíamos pasado por lugares destrozados por la guerra, como Togoromá y Carrá, y por otros sumidos en el narcotráfico y asolados por la guerrilla, como Corriente Palo. Ya me había contado el instante de confrontación con el comandante fariano alias Mamajuana. Así que me pareció impostergable preguntarle si estaba amenazada de muerte. Me contestó que no con tal serenidad, que no me dio motivos para reformularle la pregunta. Ya en Noanamá se me volvió a despertar la inquietud cuando vi a la hermana Carmen preocupada y advirtiéndole: “Cuídate, mujer de hierro, porque estás pa’ cualquier día”. Chava la abrazó y le dijo: “Sí, señora, todos estamos pa’ cualquier día, pero yo voy con Dios por delante y que sea lo que él quiera”. Y anoche, apenas subí los pies a la cama en el hotel de Sipí, leí en el celular que hasta este momento de 2020 en que no ha llegado la quincena de enero, la Defensoría del Pueblo cuenta más de 550 líderes sociales asesinados en todo el país desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, a finales de 2016. Indepaz, una ong que se ha dedicado a cuantificar esta violencia, dice que van 750 muertos. Con cualquiera de las dos cifras, la situación es de espanto.

 

Atardecer en Cucurrupí. Fotografía de Hernando Sánchez.

 

 

En su oficina en Cali, el antropólogo Jesús Flórez me había dado su opinión al respecto. Él conoce el Chocó como pocos y a Chava desde hace años, y por su trabajo académico sabe leer el peligro en que se encuentran los líderes sociales. Dijo que por la cantidad de actores armados en el territorio, el Chocó es uno de los lugares más peligrosos para el trabajo de un líder. Pero matizó la situación: “Chava no hace su labor por ganar plata, lo que le da una protección extra. Está ahí porque quiere ayudar a la comunidad. Y eso lo saben leer los actores armados del territorio. Si fuera por la guerrilla, ya la hubieran matado. La amenaza que podría recaer sobre ella viene del Estado. Una acción paramilitar o algo así”.

–¿Estás amenazada de muerte? –le pregunto a Chava ahora por segunda vez, sentados aquí en esta terraza al borde del río, empujándome un sorbo de cerveza y temiendo que me vaya a decir que sí. No hay que ser vidente para anticipar que su asesinato, además del valor intrínseco de su vida, lesionaría gravemente el tejido social de las comunidades del río San Juan y aniquilaría la poca confianza que ella les ha enseñado a tener con el Estado.

–No, o no que yo sepa –me dice con la misma tranquilidad de la primera vez–. Si alguien está tramando mi muerte no me lo ha hecho saber. Lo estará conversando sin yo darme cuenta.

 

Poniente en la bahía de Buenaventura.

 

 

*Este reportaje forma parte del proyecto Tierra de Resistentes, que documenta ataques contra defensores ambientales en diez países de América Latina. Dicho proyecto puede consultarse en colombiacheck.com

ACERCA DEL AUTOR


Juan Miguel Álvarez

En 2013 publicó Balas por encargo, una investigación sobre el sicariato en Colombia. Ha sido galardonado en varias ocasiones por sus extensos y minuciosos reportajes. Su último libro es Verde tierra calcinada.

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