Lo que el plebiscito no se llevó

El levantamiento social que empezó en Chile el 18 de octubre de 2019 produjo una reacción en cadena en todo el continente. Un año después, sus ciudadanos han aprobado la creación de una nueva constitución para aliviar el malestar social. ¿Pero es la solución?

POR Camilo Castellanos

Ilustración Rodrígo Díaz

Ilustración de Rodrígo Díaz

 

 La imagen con la que comenzó octubre fue esta: bocabajo, con la cara sumergida en la poca agua que baja por el río Mapocho a finales de invierno, Anthony, de 16 años, vestido de negro y con una mochila en la espalda, permanecía inmóvil. Los videos que recorrieron en minutos las redes sociales mostraban desde diferentes ángulos cómo había caído ahí. En medio de una protesta, un carabinero de Fuerzas Especiales lo empujó por la baranda del puente Pío Nono, a metros de plaza Italia (o plaza Dignidad), donde estalló la crisis social hace un año. La violencia, que había dormido por meses a causa la pandemia, parecía despertar.

La caída que dejó inconsciente a Anthony le produjo fracturas y traumatismos craneales, y el carabinero fue judicializado por intento frustrado de homicidio. Pero esa imagen marcó algo más: el comienzo de un mes complejo. El 18 de octubre se cumplió un año del “estallido social”, como se conoce el surgimiento de las protestas en Chile, y el 25 del mismo mes –como una salida institucional presentada frente a la violencia– se realizó el plebiscito para cambiar la Constitución que dejó Pinochet.

Tras unos días en el hospital, Anthony pudo volver a su casa en el barrio Bajos de Mena, una ciudadela compuesta por edificios bajos de viviendas sociales que en 1997, cuando fueron entregadas, debían ser cubiertas con plástico para que no entrara la lluvia. Viviendas que, al poco tiempo, fueron abandonadas y reutilizadas por otras familias. Ahí, bajo techos permeables, es normal encontrar una familia de seis personas que comparten cuarenta metros cuadrados. Sus habitantes tienen 23 veces menos espacio que los de Providencia, una de las comunas más acomodadas de Santiago. En Bajos de Mena, además, pulula el narcotráfico.

Anthony es el segundo de cuatro hermanos, hijo de una madre soltera y un padre ausente. Junto a su hermano mayor van a ver jugar a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional y asisten a las protestas. Como Anthony, varios vieron la oportunidad de volver a plaza Italia cuando se relajaron las cuarentenas para frenar el avance del coronavirus. En el aniversario del 18 de octubre, la violencia con que terminó el 2019 amenazaba resurgir. Pocos días antes de que llegara la fecha, las manifestaciones ya alcanzaban las dos mil personas en plaza Italia, se habían intensificado los ataques a comisarías y las acusaciones contra Carabineros (el cuerpo de policía chileno) por violaciones a los derechos humanos volvían a aparecer. El recuerdo, pese a la pandemia, seguía vivo.

 

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El detonante fue el alza del pasaje de metro en 30 pesos (cuatro centavos de dólar), anunciada el 4 de octubre de 2019. Entonces, estudiantes del Instituto Nacional, un colegio público con 17 presidentes entre sus exalumnos, comenzaron una campaña de evasión de pasajes que para el 18 de ese mes terminó en caos: más de veinte estaciones de metro incendiadas, otras veinte con diversos daños, decenas de supermercados saqueados y comisarías atacadas. Nubes de humo negro se levantaban por la ciudad.

En los días siguientes, numerosos grafitis invadieron las paredes con mensajes tan diversos como “Chile despertó”, “Evade”, “Renuncia, Piñera” y “Nueva constitución”. Plaza Italia parecía una fiesta electrónica en el universo de Blade Runner o Mad Max: las protestas pacíficas consistían en bailes, música y coreografías, cuyo centro era el monumento ecuestre del general Baquedano. En la noche, el humo de las bombas lacrimógenas invadía el lugar y era cortado por láseres verdes. Personas con disfraces, cascos, máscaras y escudos se enfrentaban a Carabineros en una rutina diferente a la de anteriores protestas. Ya no era una marcha organizada con formalidades que, al encontrarse con un intento de represión policíaca, terminaba en una dispersión en medio de bombas lacrimógenas; ahora, grupos diseminados de carabineros disparaban balas de goma –muchas a la cara de los manifestantes– y la “primera línea” de los protestantes los enfrentaba con rocas y bombas molotov en diferentes calles de diversas ciudades. El presidente Sebastián Piñera declaró toque de queda y, por primera vez desde la vuelta a la democracia, los militares volvieron a las calles.

La angustia de los primeros días quedó plasmada en un audio de WhatsApp de la primera dama, Cecilia Morel, que se filtró. “Es como una invasión extranjera, alienígena, y no tenemos las herramientas para combatirla”, dijo. 

Las marchas continuaron por semanas, los cacerolazos sonaban como conciertos de chicharras y la gente protestaba en pleno toque de queda, algo impensado para quienes vivieron bajo la dictadura de Pinochet. “Se fundió un momento cuasi insurgente con uno cuasi revolucionario”, dice Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. “Se derribaron estatuas y aparecieron banderas negras en las marchas. Era un descontento con el progreso oficial”, dice.

Lo que caracterizó el estallido chileno y los días que siguieron, sin embargo, no fue la dureza de la violencia. Fue la aceptación de esa violencia. “Se generó una especie de anti-institucionalidad y eso explica por qué tenemos a jóvenes marginales, barras bravas, grupos anarquistas y grupos organizados por el narcotráfico siendo festejados como una primera línea heroica”, dice Mauro Basaure, director del Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social.

“Un 70% de los chilenos justificó los ataques como la única manera de llamar la atención de las élites”, agrega Bellolio. “Un sacrificio colectivo de perder líneas de metro o crecimiento económico con la esperanza de que el shock sea lo suficientemente grande como para que la élite despierte”.

¿Cómo se llegó a esto? La respuesta ha llevado a una variedad de metáforas: un desborde, un estallido social, un globo que se infló hasta reventar, una olla de presión que no tenía válvula de escape. Pero la desigualdad siempre está de fondo.

La desigualdad de ingresos había caído desde el retorno a la democracia con gobiernos de centro-izquierda que introdujeron políticas sociales al modelo neoliberal chileno, conocido simplemente como “el Modelo”: en 1989, último año de la dictadura, el 49% de las personas vivía bajo la línea de pobreza y había un Gini –la unidad de medida de la desigualdad– de 52; hoy la pobreza es de menos del 9% y el Gini de 46. Pese a la baja, un Gini de ese nivel es sinónimo de inestabilidad democrática, pues la desigualdad no está solo en los ingresos. Como explica Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, en su libro Pensar el malestar, un mayor acceso a la educación y al consumo trae un mayor deseo de conducir el destino propio: de que no haya beneficios de “cuna” y de poder influir en la esfera pública. La modernización y la mejora material hacen más sensibles a las personas frente a las desigualdades injustas, agrega.

El éxito del Modelo, instalado en la dictadura y validado por gobiernos de centro-izquierda, le permitió a una gran cantidad de personas alcanzar la clase media; ahora contaban con educación universitaria y el último modelo de celular. Pero también creó una clase media frustrada por desigualdades que no desaparecían y que, al tiempo, era vulnerable a caer nuevamente en la pobreza. Una clase media cada vez más enojada.

Había señales de que se avecinaba una ruptura. Basaure explica que una serie de protestas comenzó en 2006 con el movimiento de estudiantes de colegios públicos, conocido como la Revolución Pingüina (por sus uniformes), y que tuvo picos en 2011 con movilizaciones de universitarios, y en 2016 con manifestaciones en contra del sistema de pensiones. “Tenían en común temas redistributivos en áreas como educación, salud y pensiones. Y no tuvieron salida institucional”, explica Basaure. “Eso fue agregándole presión a una olla que no tenía válvula de escape, porque la respuesta del Estado había sido evadir el cambio social que se solicitaba”.

A esto se sumaron otros factores: casos de corrupción en la política, el Ejército y Carabineros; abusos del mercado con colusión en bienes tan básicos como el papel higiénico, el pollo y los medicamentos; y el desvanecimiento del apoyo a la Iglesia católica por los casos de abuso sexual entre sus sacerdotes. Todo eso ocurrió en un contexto internacional de protestas contra las “élites”. “Hay una percepción de abuso de las élites que estuvo en el origen del estallido chileno y que se ha visto en las protestas de otras partes del mundo”, dice Bellolio.

Esto, sin embargo, no explica por qué el 18 de octubre de 2019 todo reventó. El sociólogo Eugenio Tironi se pregunta, en su libro El desborde, por qué tal cosa no sucedió tres, siete o catorce años atrás, cuando las carencias eran más agudas. A la desigualdad y los casos de corrupción agrega factores como el rechazo al tecnicismo representado en el alza del pasaje del metro: un comité de expertos con base en argumentos técnicos decidió cuánto subir el pasaje. “Contra eso fue la rebelión. Contra esa mecanización que deja a las personas inermes al momento de lidiar con cuestiones tan vitales como el transporte”, escribe Tironi. Pero también agrega elementos coyunturales: la caída en el crecimiento económico con el fin del boom de los commodities llevó a elegir un presidente que, pese a no prometer igualdad, no buscar un cambio de constitución y venir de la élite empresarial, sí prometía crecimiento económico. Un crecimiento que no llegó. “Cuando se trata de un gobierno de derecha y de talante empresarial, las promesas se cobran al contado e íntegramente”, escribe Tironi.

Este gobierno de derecha, además, le hablaba a la gente como si se tratara de una conversación en su club de golf. Sus ministros llamaban a “hacer bingos” cuando faltaban recursos en escuelas públicas, a levantarse más temprano para no pagar la tarifa de la hora pico en el metro o a regalar flores porque era lo único que había bajado de precio cuando todo subía. “Provocaron una acumulación de indignación e ira frente a un núcleo dirigente ajeno e indiferente a las carencias del resto de las personas, encarnado icónicamente en la figura exitosa del presidente Piñera, quien se había beneficiado del Modelo”, plantea Tironi. “Lo que detonó el 18-O [...] fue una reacción defensiva frente a la madurez y la dignidad que sintieron menoscabadas y pisoteadas”. La violencia detonó, las personas invadieron las calles y, sabiendo lo que pasaba, el presidente Piñera estaba comiendo pizza el 18 de octubre en un restaurante de Vitacura, la comuna más rica del país.

La reacción del gobierno unió a la gente en las calles y produjo más violencia. El presidente Piñera salió el 20 de octubre a decir que estábamos en guerra contra “un enemigo externo y poderoso”. Cinco días después, 1.200.000 personas marcharon hacia plaza Italia, la movilización más grande desde la vuelta a la democracia.

Carabineros, con sus miembros vestidos de Fuerzas Especiales, también incrementó la violencia. Dejó un récord tanto de personas que perdieron los ojos por balines, como de acusaciones en su contra por violaciones a los derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo estatal independiente, ingresó 2.520 querellas el año pasado a partir del estallido. Nueve de cada diez fueron contra Carabineros.

 

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El 15 de noviembre de 2019, casi un mes después del estallido, y con la violencia en las calles, se anunció un pacto entre la mayoría de las coaliciones políticas, una apuesta para contener la crisis: un plebiscito para cambiar la Constitución. Días antes, en medio del caos, el tema había comenzado a aparecer. Al menos siete partidos de oposición hicieron pública la propuesta de realizar un plebiscito que consultara a la ciudadanía sobre la necesidad de una nueva constitución. Y organizaciones sociales movilizaron cabildos para discutir, entre otros temas, los ejes que podría tener el nuevo texto.

El 12 de noviembre, a las diez y media de la noche, el presidente Piñera realizó una transmisión televisiva nacional. “Hoy hemos vivido una nueva jornada de violencia, de destrucción”, dijo. “Esta grave situación de violencia y de delincuencia atenta severamente contra nuestra democracia [...]. Tiene que terminar y tiene que terminar ahora”, agregó. Piñera propuso tres acuerdos nacionales: un acuerdo por la paz; un acuerdo por la justicia con una “agenda social” para avanzar hacia mayor equidad, menos abusos y menos privilegios, y un acuerdo por una nueva constitución. Una constitución que debía surgir de la participación ciudadana y ser ratificada con un plebiscito para alcanzar un nuevo “pacto social”.

Las negociaciones se realizaron en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso. Ahí llegó el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel, un político moderado que reemplazó a Andrés Chadwick –primo de Piñera y más inclinado a la derecha– una semana después del estallido. Tras días de conversaciones y una larga noche de negociación, la madrugada del 15 de noviembre se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Desde dos integrantes del Frente Amplio, una coalición nueva de izquierda –líderes estudiantiles en las protestas de 2011–, hasta representantes de la Unión Demócrata Independiente, el partido de derecha que mantiene el legado de Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución de Pinochet, firmaron el acuerdo.

Cambiar la Constitución, sin embargo, no estaba dentro de las principales peticiones cuando detonó la crisis social. Según la primera encuesta Cadem, realizada poco después del 18 de octubre de 2019, una nueva constitución era la sexta prioridad de la ciudadanía, con un 12% de apoyo y lejos de otras peticiones, como tener mejores pensiones. Pero la intensificación de la violencia y la lentitud de otras reformas llevaron a la clase política a proponer esta salida. Peña, en Pensar el malestar, plantea que los actores políticos generaron una atribución de sentido al estallido, partiendo de que se “yuxtaponían innumerables demandas” cuyo punto central fue una nueva constitución. “Pero es obvio que la gente no se movilizó para lograr un cambio constitucional [...], sino que esto último fue una adscripción posterior que acabó confiriendo sentido a la protesta”.

Independientemente de que haya venido o no de las protestas, el proceso constitucional fue la manera en que la clase política logró proponer una salida institucional al conflicto. “La violencia no tenía un fin claro y, sin embargo, condujo a esta alternativa. Sin eso no sabría dónde estaríamos ahora”, admite Basaure. Y esta salida contuvo, en parte, la violencia. En una columna publicada en Ciper Académico, los investigadores Alejandro Corvalán y Diego Pardow evidencian cómo entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019 el promedio de disturbios diarios era cercano a cuarenta, mientras que en las semanas siguientes se redujo a menos de quince. Con el acuerdo por el plebiscito, los conflictos bajaron el 60%. Pero los autores dejan una advertencia: “La experiencia comparada también ilustra que la caída del conflicto no es automática”. Y agregan que es importante entender que el cambio constitucional debe establecer “una nueva distribución de poderes”. “La capacidad del proceso constituyente para afectar positivamente nuestros niveles de conflicto depende de la manera en que se ejecute”, dicen.

A la ejecución se suma un problema de legitimidad. El proceso constituyente es una solución que viene de la élite política, la cual ha visto desvanecido su apoyo en los últimos años. Para muchos, fue una traición a la “lucha desde la calle”. Por esto, la protesta se ha dividido en dos: los que quieren el cambio a través de la Constitución y los que quieren destruir la institucionalidad para crear algo nuevo. “La salida constitucional no va a acabar la violencia. Muchas personas sienten que no participaron de ese acuerdo”, dice Bellolio. Y emplea una nueva metáfora: la violencia como síntoma de una enfermedad. “La apuesta contra la enfermedad es el proceso constituyente, pero puede que no sea el tratamiento correcto”, dice.

Esta apuesta también tiene otro inconveniente: el proceso constitucional demoraría alrededor de un año y medio durante el cual se mantendrá la incertidumbre y se podría encender la violencia de nuevo. El resultado del plebiscito ha tenido esperanzados a gran parte de los chilenos con la caída, al fin, de la Constitución de Pinochet, pero también con la oportunidad –no tan realista– de conseguir pensiones justas, educación de calidad, cuidado del medio ambiente e igualdad de género. En los cabildos que han surgido de forma espontánea no se ve una percepción clara de lo que se puede conseguir con una nueva constitución. En uno realizado en el parque Inés de Suárez, en Providencia, unas veinte personas se reunieron sentadas en el pasto. La temática era discutir los aspectos medioambientales que se querían instalar en la carta magna, pero al poco tiempo la conversación pasó a cuestionar desde la privatización del agua hasta la desigualdad de sueldos y los “políticos de siempre”.

“Tengo temor”, dice Basaure. “Veo poca reflexión en torno a lo que significa una constitución. Se está instalando una lógica de que se pueden resolver todos los problemas, pero hay que bajar las expectativas”. Advierte que, para que efectivamente se pueda contener la violencia y dar salida a las manifestaciones, la nueva constitución tiene que transformar la repartición del poder político. Y sin embargo, antes del plebiscito y de una nueva constitución, se cumplió un año del estallido social.

 

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La tarde del 18 de octubre de 2020, sin importar la pandemia, unas 25.000 personas invadieron plaza Italia con su monumento bañado en pintura roja, mientras enjambres de bicicletas ocupaban las calles junto a la música, los bailes y las ollas comunes; la rutina de la protesta había resurgido. Y la violencia también: varias comisarías fueron atacadas, hubo algunos supermercados saqueados y dos iglesias incendiadas. En una, cuando la cúpula se desplomó en medio de las llamas, varios manifestantes, encapuchados y con banderas, saltaron y festejaron. En la otra, la iglesia de Carabineros, las llamas, como lanzadas con un soplete, subieron por la torre y, en medio de la oscuridad, el vitral se encendió. Algunos manifestantes se sacaron selfies con una estatua carbonizada de la Virgen.

Entre las protestas que se esparcieron por la ciudad, un hombre de 26 años murió por un disparo, al parecer de un carabinero, en la población de La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un lugar famoso por haber sido foco de resistencia contra la dictadura de Pinochet.

Con la llegada de la noche se fueron dispersando las personas en plaza Italia. A dos horas del toque de queda –que se mantiene por la pandemia–, quedaban unos pocos cientos reunidos y, como en un ritual, unas cuarenta personas bailaban alrededor de una barricada. Los negocios, farmacias y edificios que tenían cubiertas las ventanas de sus primeros pisos con planchas de metal se habían salvado. Pese a que había violencia, lo que pasó en el aniversario estuvo lejos de ese estallido social del 18 de octubre de 2019. Una semana después, los chilenos votaron en el plebiscito por el cambio de constitución.

 

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Con un sol de primavera que todavía no alcanzaba a calentar, el domingo 25 de octubre las filas superaban dos, tres, cuatro cuadras en los centros de votación. Con mascarillas y llevando su propio bolígrafo azul, las personas marcaron “apruebo” o “rechazo” al cambio de constitución. Cuando pocas mesas habían contado los votos, el resultado ya estaba claro. Treinta años después de volver a la democracia, los chilenos eligieron dejar atrás la Constitución de Pinochet. La decisión fue contundente: la aprobación ganó con un 78,27%, contra un 21,73% para el rechazo. La votación superó la alcanzada en las elecciones presidenciales de 2017 (50,9% del padrón electoral contra 49%). Y las comunas más pobres, como La Pintana y Lo Espejo, fueron las que más subieron en participación (41% y 23% respectivamente). Solo cinco comunas de las 346 del país prefirieron el rechazo. Tres de ellas las más ricas de Chile y las que están más al oriente de Santiago.

La Constitución de 1980 es, tal vez, el legado que más ha perdurado de la dictadura chilena. Su ideólogo, Jaime Guzmán, era un símbolo del régimen y de la derecha. En abril de 1991, ya en democracia, integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una guerrilla marxista-leninista que luchó contra la dictadura, le dispararon a las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica. Con la Constitución de 1980, Guzmán dejó una frase: “La Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. El texto fue aprobado en un plebiscito cuando los militares dominaban desde la prensa hasta los partidos políticos, y el constreñimiento que impuso se basó en que, para cambiar el texto original, se debía alcanzar tres quintas partes del Congreso y, si el Ejecutivo lo vetaba, una mayoría de tres cuartas partes. Esto con un Tribunal Constitucional que funciona casi como un cuarto poder y que ha detenido reformas en aspectos tan diversos como rebajar las horas de trabajo a la semana, el retiro de fondos de pensiones o prohibir el lucro en la educación.

Esa constitución, treinta años después de volver a la democracia, sigue siendo vista como una marca de la dictadura y del modelo político y económico que impuso. Por eso sufre una crisis de legitimidad. Los chilenos votaron el domingo 25 de octubre de 2020 para liberarse de esas ataduras.

 

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Las escenas con las que terminó octubre de 2020 fueron estas: las calles de Providencia y Santiago Centro llenas de personas con banderas de Chile, banderas mapuches, banderas negras, banderas de la comunidad LGBTI, además de tambores y redoblantes que vibraban y bocinas de autos, pitos y chiflidos que rebotaban contra los edificios. La protesta era ahora un carnaval y plaza Italia, el centro de encuentro de la violencia, era el centro de la celebración. Entrada la noche, cuando todavía no se tenían los resultados definitivos de la votación, el monumento del general Baquedano ya estaba rodeado por miles de personas. “Despertó, Chile despertó, despertó, despertó, Chile despertó”, cantaban algunos. Bandas musicales improvisaban con trompetas y la gente bailaba; fuegos artificiales florecían en el cielo negro. Lienzos de decenas de metros se deslizaban sobre las cabezas, uno decía: “Plaza Dignidad, no olvidamos 1973”; otro era una bandera chilena negra con dibujos de ojos –el símbolo contra los disparos de balines de Carabineros– y rezaba: “Borrar tu legado será nuestro legado”. Niños, abuelos, familias, personas disfrazadas de Pikachu, de dinosaurio, de unicornio, se movían en la masa que llegaba a plaza Italia y, arriba de la estatua, encapuchados movían sus banderas. El humo de fogatas invadía el ambiente y se disparaban láseres verdes. En el edificio de Telefónica que da hacia plaza Italia y que tiene la forma de un celular antiguo con antena, como un símbolo del capitalismo arcaico, se proyectó la palabra “RENACE”. Como en las manifestaciones del año pasado, la celebración se esparció a otras plazas, a otras ciudades.

Pese a la celebración y las esperanzas de lograr grandes cambios a través de una nueva constitución, el acuerdo alcanzado en noviembre de 2019 para el plebiscito dejó como exigencia que todas las determinaciones tienen que cumplir un quórum de dos terceras partes. La nueva constitución promete resolver conflictos tan enredados como la desigualdad y lo que Peña llama un problema de la modernidad: definir normas que regulen la interacción de formas de vida distintas. Romper las ataduras de la constitución anterior implica establecer nuevas ataduras –como lo hacen todas las constituciones–, pero que canalicen la yuxtaposición de opiniones que se han originado en las marchas.

El triunfo del “apruebo”, además, vino acompañado por otro elemento. Los chilenos eligieron con el 78,99% de preferencia que la nueva constitución se discuta a través de una Convención Constituyente, en la cual todos los integrantes sean elegidos por votación, y rechazaron la opción de Convención Mixta que incluía parlamentarios. Esto muestra la poca legitimidad de los políticos actuales y previene, hasta cierto punto, que el triunfo del “apruebo” sea capitalizado por algún partido en específico. Pero que se tenga que elegir a todas las personas que van a componer la Convención Constituyente en abril puede ser una puerta para el populismo.

Dos días después del triunfo del “apruebo”, un grupo de unos trescientos ciclistas invadió la rotonda de plaza Italia y, como un caudal de agua, giró alrededor del monumento. Al poco tiempo, la rutina de violencia comenzó de nuevo. Carros con cañones de agua intentaban dispersar a los manifestantes en diferentes puntos. “El zorrillo”, una tanqueta blindada que lanza gas lacrimógeno, pasó dejando una nube de humo mientras varios manifestantes arrojaban piedras. El enfrentamiento duró poco, pero la discusión que dará nacimiento a una nueva constitución recién está comenzando. 

ACERCA DEL AUTOR


Camilo Castellanos

Magíster en economía del desarrollo y desarrollo internacional del King's College de Londres. Ha trabajado en diferentes medios chilenos como especialista en macroeconomía y políticas públicas. Redactor para CNN Chile y para los diarios El Mercurio y La Segunda.

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