Legalizar no es una panacea

Entrevista a Vanda Felbab-Brown

 

Traducción Andrés Hoyos

 

Desde el consumo de drogas en las ciudades hasta la flora y la fauna selváticas, el impacto de la ilegalidad recorre el planeta de cabo a rabo. A lo lejos, la legalización de las drogas cobra para muchos la forma de una panacea que podría acabar con estos problemas en un santiamén. Sin embargo, esta reconocida académica pide sopesar con perspicacia los riesgos de dichas propuestas, sin olvidar que un cambio en las políticas de drogas es menester.

 

POR Catalina Niño

Vanda Felbab-Brown

Cortesía de la entrevistada.

 

En un panorama mundial en que la criminalidad y los mercados ilegales mutan de formas vertiginosas, la voz de la doctora Vanda Felbab-Brown, experta en crimen organizado y en conflictos violentos, es necesaria para entender dichos cambios y la manera como estos han sido moldeados por la pandemia. Actualmente se desempeña como investigadora principal del Centro de Seguridad e Inteligencia del Siglo XXI en el programa de política exterior del Instituto Brookings (Brookings Institution). En esta entidad, codirige la iniciativa para la seguridad de África y la serie de publicaciones sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos, con énfasis en las dimensiones locales e internacionales. Anteriormente fue codirectora de los proyectos “De la reconstitución de los órdenes locales” y “Mejorar la política global de drogas: perspectivas comparativas y Ungass 2016”. Es autora de varios libros, entre ellos: Disparando hacia arriba: la contrainsurgencia y la guerra contra las drogas y Un mercado para la extinción: el tráfico de especies silvestres y cómo contrarrestarlo, que compara y contrasta varias economías ilegales, incluidos los tráficos de vida silvestre y de drogas, y evalúa una variedad de respuestas políticas a ellas. La doctora Felbab-Brown respondió a las siguientes preguntas por escrito.

 

Usted ha trabajado durante muchos años y en muchos países en diversos temas relacionados con el crimen organizado. ¿Podría darnos una descripción general de las dinámicas, los actores y las actividades actuales del mismo a nivel mundial?

 

El crimen organizado y las economías ilícitas son enormemente variados, muy dinámicos, adaptables e innovadores. Dicha innovación suele surgir en respuesta a las presiones de la ley. Las economías ilícitas involucran una amplia gama de productos y servicios; algunos de los más emblemáticos incluyen el tráfico de drogas, así como el de personas y especies silvestres –este último a través de la caza furtiva–, la tala y la minería ilegales, el contrabando de bienes falsificados y armas, el delito cibernético y el blanqueo de dinero. Otras actividades de nicho implican otros tipos de contrabando, como el de materiales para fabricar armas de destrucción masiva, además del robo y venta ilegal de agua, gasolina y, más recientemente, en la era del covid-19, productos médicos falsificados. Casi todas estas operan a lo largo y ancho del mundo. Pero las principales economías ilícitas también incluyen la extorsión a la antigua, ya sea por parte de grupos criminales o militantes armados, un tipo de delito en el cual se cruzan las economías ilegales depredadoras y las transaccionales. Lo mismo ocurre con la corrupción.

Esta panoplia de actividades criminales y economías ilícitas tiene muchas características comunes. Entre ellas podría mencionar tres:

Primero: las economías ilícitas y los grupos criminales organizados plantean una amplia variedad de amenazas para Estados y sociedades, pero también brindan diversos servicios socioeconómicos y bienes (semi)públicos a vastos segmentos marginados de la población. Cientos de millones de personas en todo el mundo dependen de las economías ilícitas para su subsistencia básica, su movilidad social y el acceso a servicios como la seguridad en las calles. Por tanto, los promotores de las economías ilícitas –grupos criminales y militantes o autoridades y políticos corruptos– obtienen un gran capital político de estos patrocinios.

Segundo: de esta forma, es necesario dejar de pensar en el crimen simplemente como una desviación social aberrante que se debe reprimir. En gran parte del mundo es importante ver la relación entre criminalidad y las políticas contra la misma como una competencia por la construcción del Estado entre grupos al margen de la ley y las autoridades legítimas.

Eso significa que, para ser eficaces, las respuestas contra la delincuencia con frecuencia deben ir más allá de la acción policial. Por ende, estrategias y tácticas bien diseñadas que resguarden los derechos humanos y las libertades civiles son ineludibles y esenciales. Pero a menudo las reacciones apropiadas también deben incluir respuestas socioeconómicas contra la delincuencia, especialmente pensadas y bien planeadas (no meramente dádivas o medidas genéricas contra la pobreza), así como otros mecanismos para persuadir a las poblaciones, en particular a los grupos marginados, de que las leyes y normas sirven a sus intereses y son legítimas.

Las leyes son, por mucho, más fáciles de hacer cumplir cuando la gente en su gran mayoría quiere obedecerlas y las considera beneficiosas. No obstante, en algunas partes del mundo, y para muchos segmentos de la población, ese no es el caso: lo ilegal puede considerarse altamente legítimo. Los costos de hacer cumplir la ley en tales circunstancias son altos.

Tercero: con frecuencia, sin embargo, el Estado no confronta a los grupos criminales o a los patrocinadores de las economías ilícitas, ni rivaliza con ellos. Varios gobiernos, funcionarios gubernamentales y políticos de todo el mundo cooptan a los grupos criminales y se apropian de ellos, involucrándose en economías ilícitas y negociando con ellas por una variedad de razones: intereses personales o parroquiales para obtener dinero y votos; objetivos institucionales, como generar ingresos para los militares del país, incluso de fuentes ilegales; esfuerzos contra el terrorismo, o hasta por motivos geoestratégicos. En algunos países, el Estado está organizado de hecho como un bazar de la mafia. Así, el propósito de hacerse cargo de un gobierno puede ser simplemente obtener inmunidad para la camarilla de uno contra la fuerza de la ley. Todo esto propicia que el Estado pueda hacer parte del crimen en una localidad o un país, explotándolo, construyendo a partir de él.

 

En ese sentido, ¿qué papel desempeña el tráfico de drogas en este panorama de crimen y violencia?

 

A pesar de que estas tres características engloban lo que en la actualidad se entiende por criminalidad y economías ilegales, lo cierto es que dichos mercados criminales varían enormemente en cuanto al grado de violencia. América Latina en particular se destaca por ello: el tráfico de drogas en esta región es hasta dos órdenes de magnitud más violento que en Asia, Europa o Estados Unidos. En el caso del este de Asia, la violencia en los mercados de drogas a menudo proviene de malas acciones del Estado, como es el caso de los atroces asesinatos de consumidores y distribuidores de drogas en Filipinas, los cuales no han sido ejecutados por grupos criminales sino que son ordenados estatalmente, amparados por la llamada “guerra contra las drogas”. Hay que decir  que las fuerzas del orden en el este de Asia (así como Europa occidental y Estados Unidos) poseen una capacidad disuasiva de la que, por lo general, carecen sus homólogas latinoamericanas.

En el caso de América Latina, los altos niveles de violencia impregnan todos los patrones criminales del continente: desde el robo callejero hasta los delitos contra los recursos naturales; mientras que en el este de Asia, la tala ilegal, a menudo perpetrada por grandes empresas madereras o agrícolas, puede ser más violenta que el tráfico de drogas, pero rara vez supera las decenas de muertos.

A esto hay que sumarle que la pandemia del covid-19, en sí misma derivada quizás de una economía ilegal (aunque potencialmente también del comercio legal de fauna silvestre), trajo algunas nuevas dinámicas, al tiempo que reforzó otras tendencias.

Primero, ha aumentado drásticamente el número de personas cuyo sustento depende de las economías ilegales y las ha dejado en manos del crimen organizado y de grupos militantes que patrocinan empleos ilícitos. Todo indica que en 2020 alrededor de 150 millones de personas fueron empujadas de la clase media a la pobreza, con lo cual, en el transcurso de un año, se perdió un cuarto de siglo de esfuerzos en esta lucha.

Segundo, aunque ha habido cambios en los tipos y patrones de las economías ilegales, así como en sus modos de tráfico –envíos cada vez mayores de drogas en lugar del “pitufeo”, mayor uso de drones, viraje hacia las drogas sintéticas, una disminución temporal del crimen callejero y un gran aumento de delitos en línea, seguido de nuevos aumentos en crímenes que atentan contra la integridad de las personas–, el poder de los grupos delincuenciales ha crecido enormemente como resultado del covid-19; tanto su capital político como su capacidad de daño físico.

Y la tercera nueva dinámica que ha traído el covid-19 es que, a nivel agregado, los Estados se han vuelto mucho más débiles frente a los grupos criminales: la devastación económica causada por la emergencia sanitaria ha diezmado los presupuestos gubernamentales, propiciando incluso recortes profundos en lo destinado a la aplicación de la ley, y aumentando así todo tipo de deficiencias institucionales preexistentes en las fuerzas del orden, entre otras su brutalidad y corrupción. Si el número de policías se reduce demasiado, la delincuencia prospera y la ley se ve abrumada. Esto hace que salirse con la suya en todo tipo de delitos se vuelva muy fácil y que la influencia criminal sobre los funcionarios corruptos crezca. Incluso los grandes presupuestos institucionales no garantizan esfuerzos efectivos y legítimos para hacer cumplir la ley e incapacitar a los delincuentes y disuadirlos de su actividad.

Lo más peligroso es que el covid-19 y las respuestas estatales también han reforzado las economías (ilegales y legales) de las que se derivan enfermedades zoonóticas y pandemias mundiales desastrosas, a saber: la caza furtiva, el tráfico de fauna silvestre, la tala y la minería. La tala en Brasil y en el Amazonas se ha intensificado, tanto la legal como la ilegal. En los países amazónicos, los poderosos lobbies en pro de la extracción de recursos naturales han logrado la aprobación de leyes que desconocen las preocupaciones ambientales y permiten una mayor destrucción de los hábitats –acelerando así la tasa del daño y el alcance de los peligros virales–, mientras la industria maderera disfruta de entornos más permisivos. La caza furtiva también ha aumentado a medida que los guardabosques se ven privados de los salarios gubernamentales o de los que percibían por el ecoturismo, hoy en colapso, y las poblaciones, en medio del desespero, han cedido sus ingresos legales y se han trasladado a áreas rurales, donde se dedican a la caza furtiva y a la tala.

Por otro lado, el fuerte énfasis de China en su medicina tradicional, que por lo demás utiliza ampliamente plantas y animales silvestres, el patrocinio del presidente Xi Jinping a esta industria y los esfuerzos del gobierno chino por incorporarla en la Ruta de la Seda de la Salud de China plantean enormes amenazas para la biodiversidad global con la posible llegada más rápida de otra pandemia zoonótica, aun cuando, internamente, China parece moverse hacia una regulación más estricta y quizás hacia la prohibición total del comercio de estos animales para el consumo humano.

 

Usted también ha analizado a fondo las políticas antidrogas, tanto la de Estados Unidos como la internacional. ¿Cuál es su evaluación de la estrategia de guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos durante décadas? ¿Cuáles han sido sus resultados, sus consecuencias no deseadas?

 

Debo decir que no me gusta la frase “guerra contra las drogas” porque no creo que sea útil hablar de ningún tipo de política, incluida la política de drogas, sin especificar antes las cosas. Declaraciones tan amplias y radicales no son útiles en la política pública. Por ejemplo, los esfuerzos de Estados Unidos contra el narcotráfico durante las últimas décadas han tenido algunos patrones estables, pero otros han ido evolucionando y han variado de gobierno a gobierno.

Ciertamente, encarcelar a los consumidores de drogas y a algunos traficantes callejeros no violentos ha sido muy contraproducente. Estas políticas no reducen la demanda. Han destruido las vidas de los consumidores no violentos y pueden atiborrar las cárceles. Lo más sensato sería alejarnos de estas políticas: los usuarios, en realidad, necesitan tratamiento y un apoyo polifacético, que incluye atención médica y medicamentos, no cárcel.

Sin embargo, eso no significa que las drogas deban legalizarse. De hecho, con la excepción del cannabis, no apoyo la legalización de las drogas. La cocaína, la heroína, los opioides sintéticos y la metanfetamina son altamente adictivos, y el trastorno por su consumo puede destruir la vida de la gente, sus familias y comunidades, tanto como ocurre ahora con el encarcelamiento. En Estados Unidos estamos atravesando la epidemia de drogas más devastadora en nuestra historia: la de los opioides. Comenzó con medicamentos recetados de forma legal hasta transformarse en consumo de heroína y luego de opioides sintéticos. Este último caso, el de los opioides sintéticos como el fentanilo, ha sido el más mortífero; pero el primer elemento que mencionaba, los opioides de prescripción legal, fue el culpable crítico. La comercialización de analgésicos necesarios y vitales desató niveles de adicción que un mercado ilegal nunca podría alcanzar.

Quienes creen que la legalización resolverá los problemas de las drogas deben aprender del desastre de Estados Unidos y su equivalente en Canadá, donde el amplio enfoque en reducción del daño casi se desvanece bajo el ataque del comercio de opioides recetados legalmente por los médicos. Las empresas y sus filiales internacionales, que desataron la epidemia de opioides en Estados Unidos, están promoviendo activamente las mismas políticas nefastas y desastrosas en el exterior, incluida América Latina, en lugares como Brasil y México.

Por el lado de la oferta, en muchos de mis libros y artículos advierto sobre la erradicación prematura y altamente contraproducente de los cultivos ilegales sin que existan medios de subsistencia alternativos y legales. Tales políticas fortalecen el capital político de los criminales y de los grupos militantes armados.

Pero eso no significa, una vez más, que crea que el comercio de drogas debe ser legalizado. A menudo insto a priorizar la focalización en el elemento no intensivo en mano de obra del mundo de las drogas, como es el caso del tráfico. La creación de empleos legales en una escala suficiente debería ser un elemento esencial en la mayoría de las estrategias para lidiar con las economías de las drogas, aunque no es relevante en algunos casos, como en la represión del tráfico del fentanilo desde China.

Entonces, te preguntarás, ¿en qué consistiría una focalización eficaz? Primero, debería tener como objetivo reducir la violencia, así como los flujos de mercancía. Lo ideal sería crear tal capacidad de disuasión, mediante la aplicación de la ley, que el tráfico de drogas se vuelva tan poco violento como en Europa occidental y el este de Asia, y que el comercio minorista tenga bajos niveles de violencia, como ocurre en los suburbios estadounidenses, en vez de ser como en la ciudad de Baltimore.

En segundo lugar, los patrones de focalización deben adaptarse a las circunstancias locales. Las llamadas estrategias de “decapitación”, en las que el foco es detener objetivos de alto valor –capturar a los cabecillas de las organizaciones–, a menudo son muy ineficaces para atacar a los narcotraficantes porque reemplazar a los líderes narcos es muy fácil. La focalización también puede ser altamente contraproducente si la fragmentación que provoca exacerba la violencia, como ha sucedido en México.

Enfocarse en el nivel intermedio, es decir, desactivar de un solo golpe la mayor cantidad posible de la capa operativa narcotraficante que está en el medio, sería una estrategia mucho más eficaz.

Pero mi crítica a la erradicación prematura o al foco en los objetivos de alto valor no significa que crea que la legalización desplazará a los peligrosos traficantes sedientos de sangre hacia una economía recién legalizada o convertirá a los matones en buenas personas. Muchos otros aspectos tendrían que entrar en vigencia para que ese sea el resultado, incluida una muy fortalecida aplicación de la ley, con gran capacidad de disuasión, un sistema judicial funcional y un Estado de derecho sólido, así como un régimen regulatorio fuerte que tenga la capacidad de prevenir la captura institucional por parte de los intereses creados.

En ausencia de estos factores cruciales, la legalización simplemente dejará que los delincuentes operen en una economía lícita, a menudo con las mismas prácticas violentas que ejercían en el espacio ilegal. El cultivo de aguacates en México está dominado por grupos criminales y violentos que extorsionan, y la lucha por la tierra y el control territorial entre ellos tiene tanto que ver con el acceso a las economías legales como con los mercados minoristas locales de drogas o las rutas de narcotráfico. Las redes de corrupción también pueden operar con fuerza, y a menudo lo hacen, en economías legales donde el Estado de derecho es deficiente.

El punto más general es: arregle las instituciones de justicia, aplique la ley, fortalezca su capacidad de disuasión y el Estado de derecho, y luego considere si le conviene legalizar esto o aquello. En un contexto de intensa violencia y deficientes garantías, la legalización no solucionará los problemas institucionales o los problemas sociales ocasionados por actores no estatales.

 

Hay un número creciente de personas (expertos, políticos, activistas) que piensan que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Muchos de ellos han hecho reiterados llamamientos a favor de una reforma profunda de las políticas antidrogas, citando preocupaciones sobre derechos humanos y la falta de resultados de las estrategias tradicionales. ¿Cuál es su opinión sobre esta posición y estas exigencias?

 

Retomando un poco lo que dije antes, cualquier estrategia contra el crimen, ya sea contra la producción y el tráfico ilegal de drogas o la caza furtiva y el tráfico de especies silvestres, debe respetar firmemente los derechos humanos y las libertades civiles. A menudo ese no ha sido el caso y eso debe corregirse: tanto internamente en los países particulares como en los procesos internacionales y multilaterales.

Pero todas las economías, incluidas las legales, requieren de una eficaz aplicación de la ley. Como lo he indicado, la legalización por sí sola es un mecanismo insuficiente para mejorar el Estado de derecho. Tampoco deben legalizarse todas las actividades ilícitas: por ejemplo, creo que hay buenas razones para prohibir los mercados comerciales antihigiénicos de carne fresca de especies silvestres. En este caso en particular, la excepción que se podría hacer con las necesidades de subsistencia de las comunidades dependientes de la cacería en los bosques debe combinarse con un fuerte monitoreo, rigurosas detecciones de enfermedades zoonóticas y la aplicación de la ley contra el comercio y la trata fuera de estos entornos excepcionales. Estos mercados comerciales antihigiénicos de animales vivos o de carne silvestre, abundantes en Asia pero también emergentes en países de América Latina como Perú y Brasil, al ser alimentados tanto por el comercio lícito como por el ilícito de especies silvestres, son simplemente demasiado peligrosos para ser legales. La pandemia zoonótica de covid-19 que desataron ya ha causado una devastación tan grande que sus efectos han superado los de muchas guerras regionales.

De manera similar, la ley a menudo no ha logrado controlar la tala legal o evitado que las concesiones legales se involucren en la deforestación ilegal. ¿Debería esto llevarnos a renunciar a la aplicación de la ley y a legalizar todas y cada una de las talas? Obviamente no; de hecho, es necesario mejorar las leyes y su aplicación.

Los esfuerzos en la reforma de la política antidrogas deben dejar de plantear solamente dos opciones políticas extremas: a) seguir con la guerra contra las drogas (sin importar cómo se defina) y b) legalizarlas.

Un diseño de políticas efectivo requiere de una gran especificidad en los enfoques propuestos para la aplicación de la ley y estrategias regulatorias que indiquen qué se debe priorizar, cómo se crearán medios de vida legales, etc.

 

 

Entrevista Vanda Felbab-Brown
Mercancía de especies silvestres confiscada en el Aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York.

 

Desde su perspectiva, ¿cuál es –o debería ser– la diferencia entre política de drogas, estrategias contra el crimen organizado y políticas para reducir la violencia?

 

Enfocarse en la reducción de la violencia es un elemento esencial en la estrategia contra la delincuencia. Es una prioridad necesaria. No se puede lograr, por ejemplo, mediante la simple legalización sin que la acompañen esfuerzos cruciales y estratégicos en la aplicación de la ley. Incluso los mercados legales deben ser vigilados intensamente, porque también pueden ser violentos. Al mismo tiempo, las estrategias legales antinarcóticos mal diseñadas pueden exacerbar la violencia en el mercado criminal. Por eso, reducir la violencia requerirá reducir drásticamente la impunidad y lograr tasas de enjuiciamiento efectivas de más del 50% para los delitos violentos. También hay que pensar en cómo aplicar la ley podría desencadenar la violencia entre grupos criminales o contra el Estado, y preparar medidas para prevenir eso.

Cuando hay que tratar con pandillas que suman decenas de miles de miembros, en lugar de carteles de cientos de personas, las estrategias contra la violencia también contemplan enfoques de salud pública para movilizar a los disruptores de la violencia, enseñar técnicas para el manejo de la ira y proporcionar otras herramientas psicosociales diseñadas para reducir la proclividad violenta de los pandilleros. Igualmente deben incluir estrategias disuasivas focalizadas y la “desradicalización” de los miembros de las pandillas, mediante la creación de puestos de trabajo para ellos y procesos de curación comunitaria, así como proveer mecanismos legales de resolución de conflictos para que las poblaciones no se vean atrapadas en disputas enconadas cuya resolución encargan a actores armados no estatales.

En pocas palabras, reducir la violencia debe estar en el centro de cualquier política contra el crimen y las drogas. Y los medios elegidos para reducirla deben corresponderse con los factores estratégicos e individuales que la impulsan, y que varían de una situación a otra. Pero existen algunas prohibiciones generales: el objetivo de reducción de la violencia no debe perseguirse haciéndose los de la vista gorda o aumentando la corrupción oficial. Tampoco debería reducirse la violencia a través de acuerdos negociados con los grupos criminales, al estilo de Jamaica o Brasil, que esencialmente equivalen a “pagar por la paz”. Tales acuerdos que entregan contratos de obra o bienes públicos como una forma de apaciguar a los grupos criminales, sin llevar sistemáticamente el Estado a los barrios marginales y pobres o a territorios rurales propensos a la violencia, son vulnerables al riesgo moral. Los grupos beneficiados podrían fomentar actos violentos una y otra vez para obtener beneficios. El Estado debe comprometerse a brindar seguridad, aplicación de la ley y bienes públicos a todos sus ciudadanos y territorios, se desencadene o no la violencia primero. Y la extensión de la presencia estatal multifacética debe priorizarse y secuenciarse para crear territorios en los que dicha presencia sea sostenible y esté en constante expansión.

 

En su opinión, ¿cuál debería ser el principal objetivo de la política de drogas? ¿Y cuáles serían las claves de su éxito?

 

El principal objetivo de la política de drogas debería ser minimizar tres daños: el consumo, el tráfico y las consecuencias  adversas de las propias políticas. Se debería intentar salvar tantas vidas como sea posible, al tiempo que se logra la presencia de la ley y se reduce la violencia delincuencial. La dificultad para lograr este objetivo general es que la reducción de cada una de las tres amenazas y daños (uso, comercio y política) obliga a difíciles procesos compensatorios, y diferentes sociedades en diferentes momentos harán juicios diversos sobre estos procesos y las formas de lograrlos, así como sobre cuáles herramientas son adecuadas.

Hablando de manera muy general, a pesar de que creo que se deberían dejar en la ilegalidad la mayoría de las drogas ilícitas, no habría que encarcelar a los usuarios no violentos de ninguna de las drogas ilegales. La política debería consistir, más que en judicializar, en ampliar enormemente el acceso a programas de tratamiento y reducción del daño. Por el lado de la oferta, la política debe incluir estrategias de aplicación de la ley para reducir la violencia y minimizar los flujos más peligrosos, como el de los opioides sintéticos. Y además de intentar reducir la proclividad a la violencia criminal mediante fuertes medidas legales, el diseño inteligente de políticas antidrogas significa priorizar la aplicación de la ley contra las economías ilícitas no intensivas en trabajo, como el tráfico o la producción de drogas sintéticas, y posponer las acciones contra las intensivas en trabajo, como los cultivos, hasta que se disponga de medios de vida legales alternativos. En todo caso, para que cualquier política pública o contra el crimen sea eficaz, debe adaptarse a los entornos culturales e institucionales locales.

 

En el caso de América Latina, y específicamente de Colombia, ¿cuáles son los mayores desafíos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Cómo deberían los gobiernos ajustar sus estrategias para enfrentar mejor esos desafíos?

Bueno, Colombia es el único país en la región andina en el que sus líderes políticos y funcionarios gubernamentales están casados ​​con la llamada política de “cero coca”, es decir, la idea de que toda la coca debe ser erradicada en un área o comunidad en particular, antes de que dicha comunidad reciba alguna ayuda socioeconómica o apoyo del Estado. La política de “cero coca” fue el sello distintivo de la administración Uribe y, nuevamente, es una característica clave de la administración Duque. También fue una política de gobiernos anteriores, incluida la administración Santos, y se remonta a los años ochenta. Sin embargo, este enfoque de “cero coca” en Colombia ha fallado una y otra vez, y seguirá fallando.

 

¿Por qué?

 

Acabar con toda la coca de un territorio es fácil y se hace rápido. Lo difícil es ofrecer medios de vida legales alternativos, pues esto lleva muchos más años que erradicar una parcela de coca en particular, lo que apenas toma días. A menudo he expresado, y quiero enfatizarlo nuevamente, que Colombia se beneficiaría enormemente si se alejara de la mentalidad de “cero coca”. Los casos de estrategias efectivas en Tailandia y los experimentos en Bolivia serían buenos referentes para exigir, por ejemplo, que a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) cada familia de una determinada área elimine, para comenzar, el 30% de sus cultivos de coca, y una vez se alcancen ciertos objetivos de desarrollo se elimine otro 20% o 30%. Este enfoque secuenciado les permitiría tanto a las comunidades como al Estado trabajar hacia economías y medios de vida legales viables sin dejar colgados de la brocha y sin ingresos a los agricultores que aceptan erradicar sus cultivos de coca, lo que los amarga y no los induce a volver a colaborar con el Estado. También se le podría informar a la comunidad que, una vez se alcancen ciertas metas de desarrollo y sus ingresos legales mantengan cierto nivel, toda la coca será erradicada, hasta por la fuerza, de ser necesario.

La actitud de “cero coca” a menudo se justifica con la narrativa de que, incluso si solo quedan unos pocos arbustos en una comunidad particular, vendrán grupos de traficantes violentos y, por lo tanto, habrá violencia. Sin embargo, la eliminación de toda la coca sin que antes se planteen medios de vida alternativos –no se vale que estén simplemente prometidos– también genera violencia, aliena a las comunidades y las pone en manos de actores violentos no estatales.

La respuesta correcta del Estado sería, en cambio, priorizar la entrega segura de bienes y servicios a las comunidades seleccionadas para los esfuerzos legales de desarrollo rural, minimizando así el acceso de los grupos de traficantes violentos.

Mi segunda recomendación es que el gobierno no renuncie de ninguna manera a su lucha, ni la debilite, contra las bandas criminales del lado derecho del espectro político, especialmente aquellas surgidas de los grupos paramilitares. En ese sentido, la administración Santos merece muchos elogios por enfocarse y apuntar a grupos como el Clan del Golfo.

Mi tercera recomendación es que los actores en Colombia –desde los funcionarios gubernamentales de todos los niveles hasta la sociedad civil, pasando por los criminólogos– amplíen su enfoque más allá de las drogas y de la minería ilegal. La tala ilegal en Colombia puede alcanzar fácilmente niveles tan espantosos como los de Brasil o Perú, y generar otro círculo vicioso de actores no estatales violentos, grandes empresas legales y funcionarios estatales. No solo en el Chocó. Ya es dramática la deforestación ilegal, con quemas para la ganadería o para la palma africana, en lugares como la sierra de la Macarena, el sur de Nariño, Santa Marta o partes de Santander, pero en Colombia este fenómeno recibe mucha menos atención académica y política que las drogas.

La caza furtiva y el tráfico de especies silvestres reciben aún menos atención política y académica; de hecho, muy poca. Sin embargo, ya están presentes de formas multifacéticas; algunos aspectos de esa economía ilegal han existido durante décadas, aunque otros están recién llegados. Pueden volverse fácilmente tan devastadores como en Asia, África o en los vecinos de Colombia –por ejemplo Brasil– y destruir la preciosa biodiversidad del país.

En vez de esto, Colombia podría convertirse en un líder mundial en la conservación de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad. Eso requiere que los expertos locales en economías ilícitas empiecen a pensar más allá de las drogas, y esto es tanto más imperativo por dos razones: una mayor deforestación, la caza furtiva y el tráfico de especies silvestres en Colombia y América Latina en general pueden fácilmente desencadenar allí la próxima epidemia zoonótica, en lugar del este de Asia, como fue el caso del SARS y el covid-19. Sin embargo, América Latina no solo ha sido absolutamente devastada por la pandemia actual en términos de salud pública, daño económico, pobreza y capacidad estatal, sino que tampoco está preparada para el próximo derrame zoonótico, particularmente uno originado en la región. Incluso los mecanismos de detección de una nueva enfermedad zoonótica son a menudo inadecuados en América Latina.

Los recursos naturales (ecosistemas, plantas y vida silvestre) se pueden agotar rápidamente. Una vez una especie se extingue, no hay forma de recuperarla. Las políticas de conservación, incluidas las destinadas a contrarrestar la explotación ilegal de los recursos naturales, no pueden permitirse las décadas de estrategias inadecuadas de las que ha estado plagada la política antidrogas.

 

Una última pregunta. Según su experiencia, y dadas las tendencias actuales de regulación de la marihuana y otras transformaciones hacia un enfoque menos punitivo en la política de drogas, ¿prevé algún cambio importante al respecto en Estados Unidos, América Latina y Colombia, digamos, en los próximos quince años?

 

Espero que Estados Unidos y América Latina se muevan ampliamente hacia la despenalización del uso de drogas y hacia la legalización total del cannabis, desde el consumo recreativo hasta la producción. Eso no significa que sucederá de la misma manera en todos los países o al mismo ritmo.

Sin embargo, soy escéptica de que en los próximos quince años veamos un esfuerzo equivalente para legalizar la cocaína, la heroína o las drogas sintéticas. Una dictadura como la de Maduro en Venezuela posiblemente podría fantasear con algo así, pero incluso allí es poco probable, dada su dependencia de Rusia y de China. Esos dos países han surgido como prohibicionistas decididos, cada vez más activos en la promoción de políticas rígidas, doctrinarias y no reformistas, como lo fueron las de Estados Unidos en la década de 1980. Esto no solo ocurrirá en entornos regionales, como el este o el centro de Asia, sino en foros multilaterales mundiales.

Cualquier gobierno latinoamericano que busque legalizar el tráfico de drogas más allá del cannabis y más allá de permitir el uso personal terminaría enfrentando una fuerte oposición de China y Rusia, así como de Estados Unidos.

El impacto más probable en el tema de las drogas en América Latina, y uno que es potencialmente transformador, es una migración total del consumo de drogas de origen vegetal en Estados Unidos (con la excepción del cannabis) hacia las sintéticas. De hecho, una razón importante por la que los consumidores estadounidenses de drogas todavía están interesados ​​en la cocaína es que el fentanilo se mezcla con ella de manera bastante frecuente. Eso también significa que los consumidores de cocaína se están encontrando con el fentanilo y las drogas sintéticas.

Los traficantes, e incluso los vendedores al por menor, prefieren las drogas sintéticas potentes como el fentanilo, muy superiores a la cocaína o la heroína, pues el contrabando de las mismas es muy fácil y no requiere el mismo control territorial, ni la misma violencia o corrupción. Eludir la ley es mucho más fácil que con las drogas de origen vegetal. Las drogas sintéticas, por el estilo del fentanilo u otros opioides sintéticos, también son muy rentables, al tiempo que resultan terriblemente peligrosas para los consumidores.

Por lo tanto, se puede contemplar un mundo en el que Estados Unidos no se abastezca predominantemente de cocaína o de drogas provenientes de América Latina, con la excepción de México, donde el contrabando de fentanilo ya está fuertemente establecido y la producción puede desarrollarse con facilidad. En un mundo así, los países latinoamericanos, particularmente los andinos, perderían mucha relevancia para Estados Unidos en términos de políticas anticoca y anticocaína; y si la producción de drogas sintéticas para Estados Unidos no surge allí también, quizás en términos de política antinarcóticos en general. La propia América Latina podría convertirse fácilmente en el principal consumidor de la cocaína local, superando al mercado europeo. Las presiones para reducir su oferta y producción pueden comenzar a llegar con fuerza desde países como Brasil y Argentina, exigiendo que los países andinos repriman la producción.

Alternativa o simultáneamente, los nuevos mercados de cocaína en el este de Asia, como el chino, cuyo desarrollo están promoviendo activamente los grupos criminales latinoamericanos, podrían reforzar el papel de China como nuevo policía internacional antidrogas. Y si los países latinoamericanos se dejan atrapar por la diplomacia de la deuda china, particularmente como resultado de buscar flujos financieros en malos términos para contrarrestar el covid-19, China tendría una gran influencia doctrinaria en las políticas sobre las drogas. Al mismo tiempo, este país ya es un impulsor clave de la deforestación, la tala ilegal, la minería, la caza furtiva y el tráfico de especies silvestres en América Latina. También por eso mismo el país asiático podría ser el futuro policía antidrogas en América Latina y, simultáneamente, una futura fuente de demanda de recursos naturales y vida silvestre ilegal, así como de cocaína.

Por otro lado, América Latina puede lograr finalmente la desnarcotización de la política estadounidense hacia la región que pide con tanta frecuencia. Pero tal desnarcotización también podría traer consigo una reducción indeseable en el interés y los recursos para el desarrollo económico y rural, las instituciones policiales y el Estado de derecho. Estados Unidos debería evitar semejante cambio: incluso si América Latina deja de ser una gran fuente de drogas ilegales, este país aún debería querer promover políticas multifacéticas para reducir la violencia y todo tipo de criminalidad en la región, y fomentar la aplicación efectiva de la ley y la seguridad pública, el desarrollo equitativo y la expansión de la justicia para todos los latinoamericanos.

 

Entrevista Vanda Felbab-Brown
Aleta de tiburón a la venta en un escaparate de Hong Kong. © Wikimedia Commons. 

 

ACERCA DEL AUTOR


Coordinadora de proyectos de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia  (Fescol). Sus áreas de interés son las políticas de drogas, las dinámicas de violencia, la construcción de paz y el crimen organizado transnacional y sus impactos en la gobernanza democrática en Colombia y América Latina.

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