Mientras los políticos secuestran al Estado…

En la actualidad la sociedad mexicana registra uno de los períodos más violentos de su historia y ataques contra ciudades, poblaciones y áreas rurales dispersas en  todo el país. El cartel Jalisco Nueva Generación ha hecho demostraciones públicas de su poder al confrontar con carros de combate hechizos a diferentes unidades militares, mostrando a la vez gran capacidad de fuego y armamento de largo alcance. Distintos grupos de narcos mexicanos, en múltiples videos se pavonean en paradas militares, que dejan claro su control sobre territorios, poblados y diversos cuerpos de policía municipal. En muchos lugares los ciudadanos se arman contra estos carteles, ante la incapacidad e incluso la desidia del gobierno nacional de turno, intentando mantener una libertad mínima y un cierto control sobre sus propiedades.

En Brasil, los grupos armados ilegales, que son carteles de la droga o multinacionales del crimen organizado, y también desorganizado, como el Primer Comando de la Capital, han aumentado su control de diferentes áreas urbanas, empezando por las más importantes del país (Río de Janeiro, Sao Paulo) y siguiendo con ciudades de importancia regional como Belo Horizonte en Minas Gerais. Sus negocios abarcan el tráfico de drogas, el comercio ilegal de medicamentos, el control del comercio minorista, el control de puertos, tanto en Brasil como en otros países de la región, llegando incluso a manejar diferentes servicios que la sociedad demanda. En distintos momentos los gobiernos de las ciudades, asistidos por el gobierno federal, han realizado intervenciones militarizadas en barrios, de Río de Janeiro, por ejemplo, para tratar de imponer un cierto control territorial sobre dichas ciudades, y expandir las instituciones políticas legalmente establecidas.

La República Bolivariana de Venezuela, así definida desde el ascenso al poder de Hugo Chávez Frías en 1999, se ha venido enfrentando en las últimas semanas con grupos cobijados bajo un amplio rótulo, denominado “disidencias de las FARC”. El nombre designa una estela de organizaciones que amenazan a Venezuela como supuestos enviados del gobierno colombiano y una avanzada de la posible invasión que proyectarían los Estados Unidos. No obstante, desde que el chavismo está en el poder, han prosperado diversos grupos armados ilegales, tanto de origen nacional y colombiano: parece que el gobierno venezolano ha estado perdiendo capacidad de control territorial en diversas y amplias áreas rurales del país. Venezuela se ha convertido, a lo largo de las dos últimas décadas, en un territorio en el que las economías ilegales operan sin mayor riesgo, al amparo de posibles acuerdos con diversas autoridades.

_{Ilustración de Camilo Uribe Posada: @CamiloUribePosada}

En Colombia, a pesar de la firma del proceso de paz con las FARC a finales del año 2016, se ha producido un reacomodamiento de los grupos armados ilegales, una redistribución del territorio y de los negocios ilícitos, e incluso un reciclaje de algunos combatientes desmovilizados, tanto de las guerrillas como de los grupos de autodefensa, en los grupos ilegales activos. Guerrillas como el ELN y otras organizaciones han logrado aumentar su tamaño, su cobertura territorial y sus capacidades militares. Los grupos de narcotráfico se disputan territorios, cultivos, laboratorios y rutas de salida de los narcóticos, a la vez que protagonizan nuevas acciones de violencia. Las masacres, los combates, los bombardeos y hasta la toma de carreteras principales y de pueblos han regresado, dejando al descubierto un gran boquete no solo en la seguridad, sino en el problema nunca resuelto del control territorial.

Otro tanto se puede decir de los demás países de América Latina, con las peculiaridades de cada uno: presencia de grupos de narcotráfico, carteles con intereses diversificados, guerrillas u organizaciones armadas ilegales que actúan en distintos territorios e incluso participación de grupos que pueden controlar ilegalmente amplias zonas y actividades económicas, comerciales y productivas, sin que el respectivo Estado pueda reaccionar ante lo que sucede. Quizá las dos excepciones más claras -y mutuamente tan opuestas en su inclinación política-  sean las de Chile y Cuba, como señaló en 2002 el investigador Miguel Ángel Centeno en su trabajo Blood and Debt - War and Nation-State in Latin America(publicado en español en 2014), aunque algunos historiadores han recordado que el narcotráfico fue consentido allí por el régimen de los Castro.

Siguiendo la vieja ruta señalada hace dos siglos y medio por José Cadalso en Los eruditos a la violeta (un manual para que los jóvenes ignorantes pasaran por cultos en las reuniones sociales) diversos académicos, analistas políticos e intelectuales apuntan que estos problemas de seguridad, dependen de las políticas de cada gobierno y de los contextos particulares. En México, la situación de seguridad, el recrudecimiento de la violencia, y el repliegue estatal en diferentes territorios se ha agravado bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, perteneciente a la izquierda nacionalista. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, de la derecha más estricta, no cree que deba actuar contra los grupos armados ilegales y las mafias. En Venezuela, la dictadura izquierdista de Maduro ha consentido la presencia de grupos armados ilegales, tanto venezolanos como colombianos en su territorio, y las acciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) parecen estar enmarcadas en mecanismos de revancha entre los mismos grupos ilegales. En Colombia, el gobierno de Iván Duque, representante de las ideas políticas de derecha y del partido que se opuso al acuerdo de paz con las FARC, ha estado marcado por una clara incapacidad para detener la violencia, parar las masacres y, sobre todo, para construir una estrategia de control territorial sostenible más allá de los cambios de gobierno.

El profesor Centeno ha formulado con respecto a América Latina lo que llama la “hipótesis belicista”, que consiste en la ausencia de conflictos internacionales de gran envergadura en la región, al tiempo que se producen constantes brotes de violencia interna en los Estados, dada su limitada capacidad de liderazgo político sobre las sociedades que gobierna. La pandemia del Covid-19, es muestra de ello, en tanto que ha ratificado y evidenciado la fragilidad de los Estados de la región.

Estas anotaciones nos recuerdan, de manera un tanto estoica, que estamos frente a un problema general, visible en Iberoamérica. La violencia refleja un círculo vicioso cuya matriz es la debilidad estatal y no la orientación política de los gobiernos: la construcción y ampliación de los Estados en la totalidad del territorio va más allá de las ideologías o las preferencias políticas de los analistas, los periodistas o los políticos mismos.

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Lugar común es una alianza de la Fundación Malpensante con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.