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Las traiciones de Segovia

Como Barranca, como Urabá, como el Magdalena Medio, el municipio de Segovia ha pasado del rojo intenso al azul paramilitar en medio de convulsiones y contubernios políticos, sociales y militares que nadie hubiera previsto apenas diez años atrás.

Las traiciones de Segovia
Edición N° 57

N° 57

Septiembre - Octubre de 2004[ ver índice ]

Cuando el jefe paramilitar del Bloque Metro, Rodrigo Franco, alias “Doble Cero”, denunció públicamente en agosto de 2002 a sus amigos militares de Segovia, Antioquia, por haberlo traicionado, muchos colombianos renuentes a creer en la existencia de alianzas entre las auto-defensas y miembros del ejército finalmente creyeron.

Que la denuncia fuera hecha precisamente por Doble Cero le otorgaba mayor credibilidad, porque Rodrigo Franco era el paramilitar de mostrar, el “comandante de las causas perdidas”, como lo bautizó el corresponsal estadouniden­se Scott Wilson en un artículo publicadoen The Wash­ington Post. Doble Cero no estaba involucrado en el narco­trá­fico, era un hombre educado y no hacía alarde de la vio­len­cia aunque la ejercía sin piedad. Parecía un hombre sensato. Nacido en Medellín en 1965, se educó en el tradicional colegio jesuita de San Ignacio. Fue teniente del ejército en la década de los ochenta y sirvió en el Magdalena Medio, donde se hizo conocer por sus tácticas contrainsur­gentes poco convencionales e ilegales. Éstas empañaron su carrera militar hasta que en 1989 se retiró de las Fuerzas Armadas y —como otros cientos de oficiales— se fue a trabajar con Fi-del Castaño, en un principio como escolta. Gracias a su entrenamiento militar, Doble Cero ascendió en la organización, convirtiéndose en una pieza clave para la consolidación de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y en amigo personal de Carlos Castaño.
 
Muchas cosas lo unieron al jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hasta cuando ambos fueron asesinados por sus ex compañeros con pocos días de diferencia. Castaño, el 16 de abril de 2004; Doble Cero, el 28 de mayo. Pero una cosa los separaba: el narcotráfico. Castaño consideraba que éste era un mal necesario para financiar la guerra contra la guerrilla, mientras que Doble Cero estaba convencido de que el negocio de las drogas perjudicaba la cruzada contra las Farc, corrompía el movimiento, lo traquetizaba. Su opinión era minoritaria dentro de las AUC, y también incómoda, lo cual obligó a Doble Cero a retirar a sus 1.500 com­ba­tientes del Bloque Metro de la confederación para­mi­litar en septiembre de 2002.
 
Antes de llegar a esa decisión ocurrieron sucesos importantes. Cuando faltaba un mes para su retiro de la confederación paramilitar, Doble Cero reveló en un comunicado de mediados de agosto de 2002 que una patrulla del ejército al mando del subteniente Jairo Velandia Espitia había asesinado el 9 de agosto a veinticuatro combatientes suyos en es­tado de indefensión en las afueras del casco urbano de Se­govia, tras citarlos para coordinar un ataque conjunto contra una columna de las Farc. Su denuncia —ignorada por los medios, que en ese momento estaban concentrados en los aten­tados terroristas cometidos por las Farc durante la posesión del presidente Álvaro Uribe en Bogotá el 7 de agosto— ponía en entredicho al general Martín Orlando Carre­ño. El hoy comandante del ejército dirigía en ese entonces la Segunda División y era considerado un oficial tropero y aguerrido con una importante carrera militar por delante. El 10 de agosto había aparecido en una rueda de prensa presentando el operativo de Segovia como una victoria histórica del ejército contra los paramilitares, resultado de “varios meses de una ardua labor de inteligencia”.
 
Los medios colombianos dejaron pasar el incidente y la denuncia de Doble Cero hasta que Scott Wilson, corresponsal estadounidense del Washington Post, publicó el 18 de septiembre la versión de que los paramilitares habían sido engañados y emboscados en Segovia. En su nota, Wilson seña­ló la coincidencia y conveniencia de este aparente triunfo militar con la certificación anual en derechos humanos realizada en esas fechas por el gobierno de Estados Unidos. La Operación Tormenta, como la bautizó el general Carreño, era muy útil para despejar cualquier duda sobre el compromiso —tantas veces cuestionado— del ejército en su lucha contra los paramilitares y para asegurar la asistencia militar por 1.300 millones de dólares, objetoen ese momento de debate en el Congreso estadounidense.
 
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y el vice­pre­sidente, Francisco Santos, salieron de inmediato a desca­lificar públicamente el artículo del Post. Pero ya era demasia­do tarde. El Tiempo publicó al día siguiente el escalofriante testimonio de uno de los paramilitares emboscados, quien supuestamente había entablado la relación con el subte­niente Velandia, y Doble Cero concedió sendas entrevistas a medios nacionales e internacionales en las cuales describió en de­talle la alianza de los paramilitares con los militares en Se­govia. El incidente se convirtió en una auténtica pesadilla para el gobierno, porque aunque la larga connivencia entre autodefensas y militares o policías es evidente desde hace varios años en algunas regiones, la élite en Bogotá ya no pudo seguir negando la alianza, una vez lo escuchó directamente de boca del paramilitar. La confesión de un criminal es irrebatible.
 
 
La increíble metamorfosis de Segovia
 
Segovia es un municipio minero de 32.000 habitantes situado 200 kilómetros al nororiente de Medellín. Su metamorfosis es un ejemplo de las rápidas mutaciones que han venido sufriendo ciertas regiones de Colombia, donde más agudo ha sido el conflicto. Mientras en los años ochenta el municipio fue víctima de cruentas represalias de paramilitares por ser uno de los más antiguos bastiones de la izquierda en el occidente del país, ahora el pueblo en masa enterraba a sus antiguos victimarios como si fueran mártires de la patria.
 
Catorce años antes, el 11 de noviembre de 1988, tuvo lugar en Segovia una masacre que será siempre recordada como una de las más sanguinarias que se hayan cometido en el país. A las siete de la noche de ese viernes, hombres armados y vestidos de policías llegaron en camperos a la plaza principal del pueblo. Como a eso iban, apenas se bajaron empezaron a disparar indiscriminadamente y arrojaron granadas durante más de media hora contra los incautos que se encontraban en las tiendas del parque. Luego se desplazaron a la Calle de la Reina y a la Calle de las Madres, arranca­ron las puertas de las casas y asesinaron a presuntos militan­tes del ELN y a simpatizantes de la Unión Patriótica, contra quienes se querían vengar también por un reciente decomiso de ganado sin marcar de Fidel Castaño, ordenado por Rita Ivonne Tobón, la alcaldesa de ese partido. Al filo de la medianoche, 43 personas yacían muertas, entre ellas tres niños, y más de 50 estaban heridas de gravedad.
 
Casualmente —según les explicaron a los fiscales después—, los policías y soldados del Batallón Bomboná habían retirado esa misma tarde sus puestos de control usual­men­te instalados a la entrada del pueblo. La carnicería, atribuida inicialmente por los militares a la guerrilla, ocurrió en sus narices. ¿Pero ellos? Ellos no vieron ni oyeron nada.

 

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