El insulto entre políticos

En años recientes ha sido común ver a políticos de izquierda, pongamos por caso un senador, designando a un colega de derecha como paramilitar, narcotraficante o corrupto, entre otras cosas. Antes, o después, poco importa, el ofendido ha descrito a su antagonista con adjetivos equivalentes. A continuación surgen las demandas legales y el asunto se tramita en los juzgados. De modo muy distinto, un hombre público del siglo XIX se hubiera sentido impulsado a dirimir esos insultos en las columnas de algún periódico. Otra opción para los implicados era batirse en un duelo a muerte en algún suburbio apenas transitado. 

_{Ilustración por @CamiloUribePosada}

En Colombia, desde que ha existido la arena política, es decir, desde el periodo de la independencia, los hombres públicos han intercambiado ofensas, cuya acritud nos deja entrever las furias melodramáticas de sus partidos. A la larga, el insulto también nos habla de los valores que pretenden encarnar los hombres públicos: la arremetida verbal busca, precisamente, despojarlos de esas virtudes que alegan poseer. 

_{Ilustración por @CamiloUribePosada}

El insulto varía en el tiempo: no solo cambia lo que es considerado insultante, sino también los mecanismos para darle un desenlace. En el siglo XIX hubo en realidad pocos duelos, pese a que las pasiones políticas tuvieron una gran intensidad y resultaba muy difícil sustraerse a la militancia partidista. Un desafío podía desencadenarse por causas muy diversas: la “religión del honor”, como pudo llamarla José Eusebio Caro, convertía algunos reproches, a veces a la familia o a un amigo, en motivo suficiente para poner en riesgo la vida. Así, por ejemplo, en 1850 el escritor y político conservador José María Torres Caicedo se batió en duelo por defender un artículo publicado en su periódico, pero no escrito por él.

En aquellos tiempos el insulto entre notables políticos —el único digno de la nota periodística— presuponía la igualdad social, pues alguien prominente solo se habría sentido censurado y únicamente habría aceptado un reto a muerte que proviniera de uno de sus pares, es decir, de un sujeto semejante en términos sociales. De no ser así, el increpado se degradaba a los ojos de la buena sociedad. En la actualidad en muchos casos sucede algo parecido, dado que los personajes enfrentados deben disponer de considerables recursos económicos o sociales para adelantar los trámites que conlleva la pretensión de que la justicia zanje la pendencia. Pero, ¿por qué hoy esos insultos terminan en los juzgados? Quizás estamos ante un caso más de judicialización de lo político. Tal vez es un síntoma de cierta desvalorización de la función cívica de la prensa o de la capacidad autorreguladora de los partidos, tal como se las concibió por mucho tiempo. El árbitro de los enfrentamientos y de la escalada verbal no es ya la opinión pública, a cuyo fallo, incierto, antiguamente se sometían los adversarios, pues, en la actualidad, solo se busca la sanción judicial del antagonista.

En nuestros días, por ejemplo, una acusación insultante común es la de complicidad o participación en las ferocidades de los grupos armados —que, por evidente que sea, mutuamente niegan los implicados—. En el siglo XIX este reproche hubiera sido improbable: dentro de ciertos cánones que evitaran los desbordamientos más escandalosos, liberales y conservadores consideraban que la guerra civil era un recurso político válido, pues el objetivo de la violencia política era dominar al adversario, no aniquilarlo, de modo que no se hubieran ofendido porque alguien les recordara su participación en ella o los acusara de alentarla.

Para la muestra un botón. El 9 de septiembre de 1895, en las columnas del periódico Los Hechos, apuntaban los editores: “¿Habrá liberal que se sintiera deshonrado porque se le acusara de haber promovido alguna revolución contra un Gobierno conservador? ¿Ha habido conservador alguno que no tenga a honor y patriotismo el conspirar por la caída de un Gobierno liberal?”.

Como puede verse, ha cambiado de manera significativa la relación de los líderes políticos con la violencia: la gestión del insulto es terreno fructífero dónde hacernos preguntas al respecto. Antes los hombres públicos estaban dispuestos a ir a los campos de batalla en solidaridad con su partido; hoy azuzan la guerra desde los micrófonos y las redes sociales. Los antiguos políticos tenían una relación evidente, frontal, con la vía armada; hoy es subrepticia: no glorifican abiertamente la violencia, aun cuando la promueven. Antes se batían principalmente en la prensa; hoy atosigan a los juzgados. Paradójicamente el duelo, tan salvaje, tan incivilizado, muestra un universo social en el que el conflicto al menos estaba acotado por formalizaciones que hacían más fácil comprenderlo y conocer las filiaciones y actuaciones de los combatientes.

Es una lástima que se haya perdido la costumbre de zanjar en un duelo a muerte ciertos insultos. Al menos como síntoma de un conflicto menos perverso, sería una fortuna para la nación que, volviendo al ejemplo del comienzo, el senador de izquierda y el senador de derecha, por un acto providencial, expiraran simultáneamente en cualquier arrabal, fulminados por sus respectivos enconos.

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Lugar común es una alianza de la Fundación Malpensante con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.